los legisladores decidieron eliminar categóricamente—sin analizar otras alternativas—la posibilidad de que personas jurídicas pudieran realizar aportes a los partidos políticos.

Más recientemente, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció que buscará mediante un nuevo proyecto de ley la eliminación del perverso sistema de bonos, por considerarlo susceptible a la intromisión de dinero mal habido, como el proveniente del crimen organizado.

Por lo tanto, es incompresible la propuesta planteada por la propia Presidenta de la República, Laura Chinchilla, y defendida por algunas legisladoras, como Jeannette Ruiz o Patricia Pérez, para reducir el monto de la contribución estatal del 0,19% al 0,08% del PIB.

Por más que quiera ser justificada como parte de las medidas para contener el gasto público, ante el fracaso en la tramitación del plan fiscal, resultaría en un contraindicado remedio que podría propiciar el aumento de prácticas como el tráfico de influencias, y la compra y venta de lealtades en la política nacional.

Preocupa, de igual manera, el respaldo a esta decisión por parte de algunos analistas quienes sostienen que sería mejor invertir nuestros impuestos en cosas que valgan la pena.¿Acaso algo vale más que financiar las instituciones de la democracia?

La eliminación o disminución de la contribución estatal supone un peligroso debilitamiento de los partidos políticos y un eventual fortalecimiento de las máquinas electorales que tenemos hoy por ellos. Es de temer que el monto que destinan a capacitación y organización política en tiempo no electoral sufriría recortes, al priorizar los gastos de campaña, según los faculta el artículo 96 de la Constitución Política.

Si el deseo es arrebatarle de forma parcial o total el manejo de este dinero a los partidos políticos, para evitar el despilfarro o la administración corrupta de los recursos públicos, existen otras opciones, entre ellas, el modelo de franjas publicitarias en medios de comunicación, administrado por el propio TSE, similar al de otros países.

La solución no es eliminar o disminuir el financiamiento estatal, para que la piñata se haga de forma única o mayoritariamente con fondos privados, es democratizar, transparentar, con el mejoramiento de los controles internos y externos de fiscalización de nuestros partidos políticos. Nunca limitar los controles del TSE y eximir a los partidos políticos de la obligación de enviarle al órgano electoral reportes trimestrales de gastos y donaciones, como desacertadamente algunos han propuesto.

La reducción de la deuda política, es una medida populista y desesperada, que busca aprovechar la situación de desprestigio de los partidos políticos para revestirse de apoyo popular.

La democracia tiene un costo y el Estado debe ser uno de sus principales subsidiarios. Ninguna crisis es excusa para evadir tal responsabilidad.