Redacción.- Tras varias semanas de intensa negociación el Gobierno de la República, conjuntamente con las distintas organizaciones del transporte público y porteadores definieron una nueva figura jurídica  mediante la cual se brindará el servicio de porteo de personas. La propuesta pone fin a 8 años de conflicto entre las partes involucradas lo que permitirá regular efectivamente ese servicio.

El permiso para la nueva actividad lo otorgará el  Consejo de Transporte Público por tres años prorrogables. Durante este lapso, los actuales porteadores podrán utilizar el vehículo que poseen, y después tendrán que someterse a los requisitos de antigüedad y características establecidas para los automotores modalidad automóvil dedicado al servicio público.

La Presidente de la República Laura Chinchilla calificó de balanceado el acuerdo al tiempo que reconoció la responsabilidad y seriedad con la que el Ministerio de la Presidencia, el MOPT, los representantes de la Cámara Nacional de Transporte Público, la Federación de Cooperativas de Taxis y la Cámara Costarricense de Porteadores trabajaron en la propuesta que hoy mismo se presentará ante la Asamblea Legislativa.

Destacó que en el proceso de negociación privaron  el interés público y la resolución de conflictos  antes de que éstos lleguen a la Asamblea Legislativa, cometidos que se lograron gracias al liderazgo y madurez de los interlocutores.

La mandataria agregó que se trata de un acuerdo satisfactorio con el cual se disipa el temor de la ciudadanía a seguir enfrentando bloqueos en las calles pero que adicionalmente garantiza a miles de personas seguir llevando el sustento a sus hogares con la tranquilidad de estar realizando un trabajo en el marco de la ley.


NUEVA FIGURA JURIDICA

Por su parte el titular del MOPT, Francisco Jiménez señaló que la nueva figura es un servicio cerrado, puerta a puerta, que cubrirá una demanda residual de transporte. El servicio especial prohíbe recoger pasaje en la calle y debe existir un contrato entre el oferente y el cliente que garantice la existencia de esa relación comercial. Los actuales porteadores deberán someterse al control del Estado, mediante la Ley de Transporte Público.  Con ello se elimina lo que se ha venido denominando erróneamente porteo pero que en la  práctica opera como un servicio ilegal o pirata.

A la nueva modalidad se podrán incorporar  todos aquellos que cumplan con requisitos tales como la patente comercial, la certificación del Ministerio de Hacienda que garantice el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la certificación de contribuyente como asegurado de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como las copias de los contratos con los clientes y el pago de pólizas por cada vehículo. Estos requisitos  son los mismos que cumplen los comerciantes.

DIPUTADOS DECIDEN

El consenso de la Federación de Cooperativas de Taxis, la Cámara Nacional de Autobuseros, la Cámara Nacional de Porteadores y el gobierno pasa ahora a manos de los diputados, quienes tendrán que convertir en ley el acuerdo. Al respecto la Presidenta la República instó a los diputados y diputadas para que acojan la propuesta que resultó de la negociación.