Es inadmisible que usted minimice lo ocurrido y omita criterios técnicos.  Por favor, no diga que respeta a la Procuraduría, si no está dispuesta a acatarla.  Acá no se trata de compartir o no lo que diga el Tribunal de la Ética Costarricense, se trata de acatarlo y actuar de conformidad.

“Es un mal síntoma para cualquier democracia, cuando un gobernante se cree superior a las instituciones dedicadas a la preservación de la ética”

Si tiene confusión, con gusto le damos elementos para que se aclare:

• La ley de Contratación Administrativa prohíbe expresamente que funcionarios públicos - como el presidente, vicepresidentes, ministros, asesores y familiares de cualquiera de éstos  - intervengan directa o indirectamente en el procedimiento de selección de contratistas del Estado.
  
  
• Esta ley es clara sobre los pasos a seguir, en casos como el que nos atañe hoy día, en el que claramente se violentó lo establecido:
  
  a. En primer lugar se debe anular absolutamente el acto de adjudicación en cuestión.
  
  b. Se le deben retirar las credenciales a cualquier ministro involucrado.
  
  c. Y se debe suspender sin goce de salario hasta por tres meses a quien recomiende la contratación de una persona física o jurídica que le cobijen las prohibiciones establecidas en esta ley.
  
  
• Por otra parte, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito sanciona el tráfico de influencias con pena de prisión de dos a cinco años, a quien, valiéndose de su cargo, influya en un funcionario público para que haga, retarde u omita un nombramiento, una adjudicación, una concesión, un contrato, un acto o una resolución.
  
  
• La ley es clara y cualquier argumento orientado a confundir a la ciudadanía y así evadir las responsabilidad de esta ley, son leguleyadas que irrespetan la inteligencia de las personas y socaban el estado de derecho.
  
  
• Lo más interesante de toda esta discusión, es que usted, doña Laura, tiene la responsabilidad particular de responder y acatar esta ley, dado que usted  siendo diputada estudió, promocionó y votó favorablemente en octubre de 2004 toda la legislación que acabo de citar, la que hoy, bajo el argumento de confusión, se niega a ejecutar.
  
  
• Doña Laura, esta discusión no solo pasa por la legalidad, porque en las leyes existen resquicios para escurrirse de ellas mismas, tal como usted lo indicó en el Día Mundial contra la Corrupción en 2010.  Se trata de un asunto de responsabilidad política y ética con el país.
  
  
• Me voy a permitir leer y comentar un fragmento de una entrevista reciente que usted,  le dio al blog electrónico “Fusil de Chispas” sobre el caso de la Trocha:

Usted dice: “He sido una persona sumamente apegada a los estándares éticos en el ejercicio de la función pública. Siempre que a mí han llegado denuncias, hemos procurado indagar sobre ellas y cuando hay elementos incontestables de corrupción, hemos actuado. Y en este caso (el de la Trocha) efectivamente había suficientes elementos como para una duda razonable de que hasta conflicto penal existía”

Doña Laura, nuevamente, es triste leer sus declaraciones a la luz de la bajada de piso que hoy le da a la institución encargada del resguardo ético de la administración Pública.  Hoy cuando verdaderamente se pone a prueba su vigor y firmeza, se niega a actuar. A Francisco Jiménez lo despidió por una duda razonable, pero ante la contundencia de la evidencia de la violación de todo principio ético en el caso de Garnier y Liberman ¡vacila y afloja! ¿Acaso no es evidencia incontestable el criterio de la procuraduría de la ética? ¿Dónde queda su declaración de que el gobierno actuará en materia ética y de responsabilidad política cuando otras  instancias no lo hagan?

Dígame, ¿cómo tienen que interpretar los costarricenses su mensaje del primero de Mayo pasado, cuando usted misma nos recordó la importancia y la necesidad “del estricto cumplimiento de los aspectos éticos y contractuales de los diversos proyectos en marcha”?

Usted falta a la altura de su cargo, pues a él se le honra con el mejor ejemplo que se le pueda dar a los ciudadanos.  En estas materias se es honesto o no se es.  Usted protege irresponsablemente a su círculo de confianza y envía un nefasto mensaje a la población de que hay ciudadanos de distintas categorías, así como una justicia suave para la clase política y otra rigurosa y severa para la gran mayoría de compatriotas.

Que un ministro y un vicepresidente promuevan la contratación de la empresa de su exasesora política y de su ex Ministro de Hacienda, es un acto de corrupción y tráfico de influencias, que no se puede disimular. Parafraseando a su padre Rafael Chinchilla, tendría que decir que “estamos cerca de ollas muy podridas; si se le mete mano, es de presumir que aparecerán otras “gestiones que no tienen explicación decente”

Mantenerse soberbia y autista en este asunto, en clara contradicción de la ley, de lo justo y de lo correcto, será la muestra más clara del engaño y desvergüenza al cual su partido somete al pueblo de Costa Rica.

Deseo finalizar mi intervención con unas líneas muy paradójicas, pero no por ello menos lúcidas de don Leonardo Garnier, quien en octubre 2004 se refirió de la siguiente manera a los escándalos de corrupción de Fishel y Alcatel en el Periódico La Nación; pero ocho años después califica su propio actuar como normal y acaba midiéndose con un estándar ético distinto:

• Dice don Leornardo “Sin embargo, en el caso de figuras públicas y líderes políticos, junto a la presunción de inocencia que merecen, debe operar una clara asunción de responsabilidad para con la ciudadanía, que también merece explicaciones y – si estas no son satisfactorias – demanda que se haga justicia".
  
  
• Y continua: “No hay aún una condena judicial, es cierto. No está claro aún cómo fue que millones de dólares fluyeron de empresas que contrataban con el Estado – como Fischel y Alcatel – hacia las cuentas bancarias de connotados funcionarios y líderes políticos, incluidos nuestros expresidentes Calderón y Rodríguez. Pero fluyeron. El entramado parece ancho y profundo, y cada día que pasa el Ministerio Público y la prensa nos develan nuevos hilos, nuevos nudos, nuevos entronques en esta red, demasiado sistemática para ser casual. Y es por eso, por lo sistemático del entramado y por la jerarquía de los involucrados, que junto a la presunción de inocencia que nos piden, tenemos derecho a exigirles cuentas claras e inmediatas porque, hasta ahora, sus explicaciones son risibles”
  
  
• Doña Laura, la ambivalencia y relativismo ético generan decepción y enojo. La insto a reconsiderar su posición a la luz de lo que dice la Ley que usted misma promovió,  o nos tendrá en posición de defensa activa de la institucionalidad y del Estado de Derecho del país, por el tiempo y los medios que corresponda.