Por lo tanto, la moción establece que con base en lo anterior, reiterar que el Estado costarricense no está sujeto a la jurisdicción o competencia de la Corte Centroamericana por no ser parte de su Estatuto, y se rechaza cualquier intento de la misma de imponer su voluntad por encima de la voluntad soberana del Estado costarricense.

La diputada Elibeth Venegas Villalobos, manifestó que en estos momentos Nicaragua está siendo juez y parte es este proceso, ya que nuestro país no ratificó la participación en la Corte Centroamericana de Justicia.

“En el año de 1995 el Plenario Legislativo de ese entonces rechazó la participación de Costa Rica en la Corte Centroamericana de Justicia, por lo tanto aquí hay mala fe, porque Costa Rica en estos momentos no está perteneciendo a la Corte, además Nicaragua es Presidente en estos momentos de ese organismo, por lo tanto me parece que hay totalmente dolo en este pronunciamiento y me parece que nosotros como costarricenses tenemos que defender nuestra democracia”, dijo la diputada.

Por su parte José María Villalta Florez-Estrada, señaló que se respeta la jurisdicción de organismos internacionales, cuando esa jurisdicción ha sido afectada por los estatutos que eventualmente podrían ser juzgados.

“Que no se malinterprete que aquí no queremos aceptar la jurisdicción de un determinado organismos que puede emitir recomendaciones e incluso fallos contra el Estado costarricense, y el Estado costarricense también hay que respetarlo, si Costa Rica hubiera ratificado un estatuto para pertenecer a ese tribunal internacional, especialmente si tiene que ver con temas de derechos humanos, o derechos fundamentales”, comentó Villalta.

Por otro lado la mayoría de diputados votaron a favor otra moción en la que reafirma el compromiso de la Asamblea Legislativa, como Primer Poder de la República, de tomar las acciones que sean necesarias para prevenir y eliminar la corrupción en el ejercicio de la función Pública en Costa Rica.

Igualmente dice el texto de la moción, reafirmar el compromiso de respaldar y fortalecer los órganos y entes de la Administración Pública que tienen como fin detectar y sancionar los actos de corrupción en Costa Rica.

Así mismo brindar el apoyo de esta Asamblea Legislativa a todas las acciones propuestas `por la Procuraduría de la Ética Pública que con sustento en un proceso de investigación proponen recomendaciones dentro de sus potestades, para prevenir y eliminar la corrupción en el ejercicio de la función Pública de nuestro país.