En defensa de la protección del acceso al fotocopiado - TicoVisión 
Carta dirigida a la señora Presidenta de la República de Costa Rica, doña Laura Chinchilla Miranda.
11 de julio de 2012 | TicoVisión | Redacción - | Nacionales | San José, Costa Rica | Tribuna para el Libre Pensamiento
En defensa de la
protección del acceso al fotocopiado
El Frente Amplio, partido de oposición, tiene una visión bastante clara con respecto al veto que pretenden y los ataques contra el proyecto que busca proteger el acceso al fotocopiado con fines educativos son totalmente infundados e injustificados.
Este proyecto quiere ser vetado por la señora Presidenta de la República, Doña Laura Chinchilla, quien ya hizo la solicitud al respecto. Ante esta posición, el Frente Amplio dirigió una carta a la señora Presidenta, misma que transcribimos literalmente a los estimados lectores:
San José, 11 de Julio de 2012
CEN-FA-071-2012
Msc. Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República de Costa Rica
Este proyecto quiere ser vetado por la señora Presidenta de la República, Doña Laura Chinchilla, quien ya hizo la solicitud al respecto. Ante esta posición, el Frente Amplio dirigió una carta a la señora Presidenta, misma que transcribimos literalmente a los estimados lectores:
San José, 11 de Julio de 2012
CEN-FA-071-2012
Msc. Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República de Costa Rica
Estimada doña Laura:
Los ataques contra el proyecto que busca proteger el acceso al fotocopiado con fines educativos son totalmente infundados e injustificados.
La reforma a la Ley de Observancia de la Propiedad Intelectual, tramitada en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 17.342, pretende garantizar el derecho de la población costarricense a la educación. Para ello, la principal reforma que realiza el proyecto es establecer con total claridad que no serán perseguidos penalmente quienes saquen fotocopias de textos para fines educativos.
Esta reforma es importante, porque la ley vigente deja abierta la posibilidad de que se sancione a quienes prestan servicios de fotocopiado a estudiantes y profesores, lo que inevitablemente implicaría dejar sin acceso a este recurso a miles de estudiantes. Además el proyecto establece que tampoco serán penalizadas otras actividades como la representación de una obra de teatro, la proyección de una película o el intercambio de información por Internet, cuando se realicen sin ánimo de lucro y para fines de ilustración de la enseñanza.
En este sentido, es falso que el proyecto de ley despenalice la piratería de derechos de autor en general, tal y como tendenciosamente se ha afirmado.
La reforma únicamente elimina algunas penas de cárcel que se consideraron excesivas y desproporcionadas (5 años de cárcel por copiar libros) Pero esto no quiere decir que las infracciones a derechos de autor se estén dejando sin sanción o que ya no constituirán delito. El proyecto de ley mantiene fortísimas penas de multa de hasta 500 salarios base, más la obligación de indemnizar el daño causado. Y el Ministerio Público sigue estando obligado a perseguir a los infractores.
También es falso que esta reforma sea incompatible con el TLC con EEUU, como se ha afirmado. El artículo 15.11.26.b.i del citado tratado dispone que Costa Rica se comprometió a garantizar “penas privativas de libertad o sanciones pecuniarias o ambas, suficientemente disuasorias”, por infracciones a los derechos de autor. Es decir, no se obliga al país a establecer altísimas penas de cárcel como única opción. Nada impide que estas sean sustituidas por fuertes multas, como propone el Proyecto de Ley 17.342.
Así las cosas, la solicitud para que el Poder Ejecutivo vete este proyecto no tiene ningún fundamento.
El expediente 17.342 fue aprobado con altísimos niveles de consenso pocas veces vistos en el Parlamento de Costa Rica. Se aprobó por unanimidad en la Comisión de Asuntos Jurídicos y en la Comisión Plena Primera, con el voto favorable de todas las fracciones legislativas. Fue discutido ampliamente por más de 3 años. Fue consultado a diversas organizaciones sociales y entidades públicas, incluyendo la Cámara del Libro y las Federaciones de Estudiantes. En el expediente legislativo constan criterios favorables del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura y las Universidades Públicas.
Esta ley no busca desproteger los derechos de propiedad intelectual. Lo que pretende es reestablecer el justo y necesario equilibrio entre estos derechos y el derecho a la educación de las grandes mayorías. Un equilibrio que fue roto con reformas desproporcionadas que no tomaron en cuenta la realidad social de Costa Rica.
Por lo tanto, la antidemocrática petición de veto que ahora realiza la Cámara de Comercio Norteamericana es un ataque injustificado contra el derecho a la educación del pueblo costarricense. Un ataque que refleja una actitud nada solidaria con las necesidades de acceso a la educación de miles de jóvenes estudiantes, que no cuentan con recursos económicos para prescindir de las fotocopias.
No ven la realidad costarricense. Tal vez en los EEUU todos los estudiantes pueden darse el lujo de comprar todos los libros originales a precios elevadísimos. Pero eso no es lo que pasa en Costa Rica. Y estamos en Costa Rica.
Ante estos hechos esperamos que la señora Presidenta se mantenga firme, tal como prometió en campaña. Que no ceda ante estas presiones infundadas de intereses ajenos a los de las grandes mayorías. Que sea la Presidenta de todos los y las costarricenses.
Por el Partido Frente Amplio,
José Merino del Río
José María Villalta Flórez-Estrada
Presidente
Diputado
Los ataques contra el proyecto que busca proteger el acceso al fotocopiado con fines educativos son totalmente infundados e injustificados.
La reforma a la Ley de Observancia de la Propiedad Intelectual, tramitada en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 17.342, pretende garantizar el derecho de la población costarricense a la educación. Para ello, la principal reforma que realiza el proyecto es establecer con total claridad que no serán perseguidos penalmente quienes saquen fotocopias de textos para fines educativos.
Esta reforma es importante, porque la ley vigente deja abierta la posibilidad de que se sancione a quienes prestan servicios de fotocopiado a estudiantes y profesores, lo que inevitablemente implicaría dejar sin acceso a este recurso a miles de estudiantes. Además el proyecto establece que tampoco serán penalizadas otras actividades como la representación de una obra de teatro, la proyección de una película o el intercambio de información por Internet, cuando se realicen sin ánimo de lucro y para fines de ilustración de la enseñanza.
En este sentido, es falso que el proyecto de ley despenalice la piratería de derechos de autor en general, tal y como tendenciosamente se ha afirmado.
La reforma únicamente elimina algunas penas de cárcel que se consideraron excesivas y desproporcionadas (5 años de cárcel por copiar libros) Pero esto no quiere decir que las infracciones a derechos de autor se estén dejando sin sanción o que ya no constituirán delito. El proyecto de ley mantiene fortísimas penas de multa de hasta 500 salarios base, más la obligación de indemnizar el daño causado. Y el Ministerio Público sigue estando obligado a perseguir a los infractores.
También es falso que esta reforma sea incompatible con el TLC con EEUU, como se ha afirmado. El artículo 15.11.26.b.i del citado tratado dispone que Costa Rica se comprometió a garantizar “penas privativas de libertad o sanciones pecuniarias o ambas, suficientemente disuasorias”, por infracciones a los derechos de autor. Es decir, no se obliga al país a establecer altísimas penas de cárcel como única opción. Nada impide que estas sean sustituidas por fuertes multas, como propone el Proyecto de Ley 17.342.
Así las cosas, la solicitud para que el Poder Ejecutivo vete este proyecto no tiene ningún fundamento.
El expediente 17.342 fue aprobado con altísimos niveles de consenso pocas veces vistos en el Parlamento de Costa Rica. Se aprobó por unanimidad en la Comisión de Asuntos Jurídicos y en la Comisión Plena Primera, con el voto favorable de todas las fracciones legislativas. Fue discutido ampliamente por más de 3 años. Fue consultado a diversas organizaciones sociales y entidades públicas, incluyendo la Cámara del Libro y las Federaciones de Estudiantes. En el expediente legislativo constan criterios favorables del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura y las Universidades Públicas.
Esta ley no busca desproteger los derechos de propiedad intelectual. Lo que pretende es reestablecer el justo y necesario equilibrio entre estos derechos y el derecho a la educación de las grandes mayorías. Un equilibrio que fue roto con reformas desproporcionadas que no tomaron en cuenta la realidad social de Costa Rica.
Por lo tanto, la antidemocrática petición de veto que ahora realiza la Cámara de Comercio Norteamericana es un ataque injustificado contra el derecho a la educación del pueblo costarricense. Un ataque que refleja una actitud nada solidaria con las necesidades de acceso a la educación de miles de jóvenes estudiantes, que no cuentan con recursos económicos para prescindir de las fotocopias.
No ven la realidad costarricense. Tal vez en los EEUU todos los estudiantes pueden darse el lujo de comprar todos los libros originales a precios elevadísimos. Pero eso no es lo que pasa en Costa Rica. Y estamos en Costa Rica.
Ante estos hechos esperamos que la señora Presidenta se mantenga firme, tal como prometió en campaña. Que no ceda ante estas presiones infundadas de intereses ajenos a los de las grandes mayorías. Que sea la Presidenta de todos los y las costarricenses.
Por el Partido Frente Amplio,
José Merino del Río
José María Villalta Flórez-Estrada
Presidente
Diputado
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