La Asamblea Legislativa debe corregir, con urgencia, el grave error que ha sido incluir en la nueva “Ley de Delitos Informáticos”, una perversa figura denominada “espionaje político”; que no es más que una aberración político-jurídica y un atentado fulminante contra un ejercicio transparente de la acción pública en momentos en los cuales, dada la corrupción desenfrenada que nos está desmoralizando como sociedad, tal necesidad de transparencia es vital para la preservación misma de la democracia.

 Esa figura del “espionaje político” representa, por un lado, un gravísimo ataque a la buena y oportuna acción investigativa de la prensa nacional, cuya acción al respecto ha resultado vital para que la ciudadanía sepa a qué niveles ha llegado la acción de la política tradicional en los planos del tráfico de influencias y de la corrupción misma.

 Por otro, tal figura del “espionaje político” es un mensaje amenazante e intimidante, contra todas aquellas personas trabajadoras del sector Público que desde sus distintos entornos institucionales de labor, constatan el desarrollo de conductas político-jerárquicas que rozan y lesionan la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública y que deciden denunciar la corrupción en todas sus manifestaciones y modalidades.

 De preservarse tal legislación y no derogarse la misma, estaríamos institucionalizando el “secretismo” en el manejo cotidiano de las decisiones de la política pública en todos los niveles; algo que nos puede llevar, como sociedad, a una debacle política total de consecuencias insospechadas.