Cuando un varón no realiza el pago de la pensión alimentaria la mujer tiene derecho a solicitar su detención de acuerdo con la ley vigente. Una vez que la mujer firma la orden de apremio,  sin que medie investigación alguna de las causas que motivaron el incumplimiento, el juzgado de Pensiones Alimentarias ordena la captura a todas las delegaciones policiales del país.  Las autoridades policiales del país proceden en cuestión de horas a capturar al individuo, sin que este pueda argumentar en su defensa ante un juzgado, las razones del incumplimiento o llegar a un acuerdo para hacer efectivo el pago de la misma.

Una vez en la cárcel, el padre de familia se convierte en un parásito del estado y por ende de la sociedad costarricense, ya que encarcelado no produce absolutamente nada, sino que se dedica a jugar fútbol, ver televisión o perder el tiempo en cualquier otra actividad improductiva que le faculte a generar el dinero necesario para suplirlo a su familia y aprendiendo de los delincuentes acciones para cometer delitos. Además, agrava el problema de hacinamiento que padece el sistema penitenciario nacional. Ante la problemática de la sobrepoblación carcelaria, la Defensoría de los Habitantes ha interpuesto innumerables denuncias sin encontrar una solución. Es una situación donde la familia no logra ningún beneficio, el Estado incurre en innumerables gastos para mantener al individuo en prisión; es decir, ¡todos pierden!

El Juez de Familia del Segundo Circuito Judicial, Gilbert Francisco Gómez Reina, ha manifestado en múltiples ocasiones que el apremio corporal por el no pago de la pensión alimentaria se encuentra en nuestra legislación desde 1867 y nunca ha resuelto el problema