San José.- Representantes de los principales bancos del Estado dieron un no rotundo al expediente 18435 Ley para el Manejo Eficiente de las Finanzas, por medio del cual se pretende —entre otras cosas— que las empresas estatales
entreguen al Gobierno Central el 25 por ciento de sus utilidades anuales.
Así lo expusieron ante los miembros de la
Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios Alfredo Volio y Fernando Naranjo del Banco Nacional; Alberto Raven y Mario Rivera del Banco de Costa Rica y Álvaro Dengo y Guillermo Zúñiga del Banco Crédito Agrícola de Cartago.
Los banqueros
pidieron, de forma mancomunada, la exclusión de esta iniciativa de ley, dado que consideran que ya hacen suficientes aportes a diversas instituciones; además de enfrentar la necesidad de fortalecer el patrimonio, dado su trabajo en competencia con la banca privada.
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Los bancos del Estado laboramos en un régimen de abierta competencia, (y) para nosotros es muy difícil cuando se nos solicita, por un lado que cada día debemos ser más eficientes…tener un patrimonio más fortalecido… ser más ágiles en la prestación de los servicios… pues, por supuesto, vemos con ojos de preocupación lo que estas medidas podrían tener de impacto”, dijo Alfredo Volio.
El banquero aseguró que no sólo no han tenido ningún proyecto de fortalecimiento de la banca estatal, sino más bien llevan una serie de cargas que los hacen tener la espalda bien doblada.
Volio especificó que de las utilidades que obtienen los bancos del Estado le trasladan un 10% al Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), un 5% al Consejo Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE) y un 3% a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
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También pagamos el 30% del impuesto sobre la renta —lo que nos pone en un 48 por ciento— y además, como todos ustedes saben, fue aprobado el mecanismo mediante el cual se le solicita a los bancos del Estado que paguemos un 15% sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) lo cual suma ya la nada despreciable suma del 63% de las utilidades de los bancos”, especificó el visitante.
Los banqueros aseguraron que con esta carga tributaria se hace muy difícil poder capitalizar y ser cada día más eficientes en la prestación de los servicios.
También manifestaron su profunda preocupación por el canon del 0.11 por ciento que se incluye en este proyecto de ley, con el propósito de financiar a la Contraloría General de la República al considerar que esto puede representar un conflicto de intereses. “
No debemos pagar nosotros a quienes nos deben regular” sentenció Volio.