Redacción.- 

• Debe replantearse el tema del acceso a la educación en condiciones de seguridad para el debido aprovechamiento del proceso educativo y garantizar a los docentes un ambiente libre de violencia.
  
  
• Defensoría preocupada por acceso que están teniendo las personas menores de edad a cualquier tipo de arma.
  
  
• Defensoría reconoce que el MEP ha realizado esfuerzos por desarrollar materias tales como resolución alternativa de conflictos, confección de protocolos ante manifestaciones violentas y actividades que promuevan una cultura de paz.
  

La Defensoría de los Habitantes manifiesta lo siguiente:

1. Con motivo del inicio del curso lectivo 2010 y del regreso a clases de miles de estudiantes, desde el día 10 de febrero, la Defensoría de los Habitantes le hizo un llamado a los Directores Regionales y Asesores supervisores del Ministerio de Educación Pública, para que tomaran las medidas preventivas, necesarias y oportunas, en aquellas situaciones de conflicto que se suscitaran en los centros educativos.
   
   
2. Sin entrar a valorar el caso concreto acaecido ayer en el Centro Educativo Montebello, la Defensoría considera que en lo referente a situaciones conflictivas, las autoridades educativas deben garantizar a las y los estudiantes el acceso a la educación en condiciones de seguridad, para el correcto y debido aprovechamiento del proceso educativo; y a la vez debe garantizar a las y los docentes un ambiente laboral libre de violencia, situación que a todas luces debe replantearse y someterse a una evaluación a la mayor brevedad posible. Una posible omisión en velar por un efectivo cumplimiento de ello y no aplicar las medidas preventivas para garantizarlo se constituyen en los elementos que coadyuvan no solo en la preservación del conflicto sino incluso a su agravamiento.
   
   
3. “Cuando el entorno social y físico de la comunidad es hostil, es poco probable que el entorno escolar se salve de serlo. Los niveles y patrones de la violencia en la escuela a menudo reflejan los niveles y patrones en el país”, dice el Informe Mundial sobre la Violencia contra Niños y Niñas. Los actos de violencia acontecidos en centros educativos en este año, en  los cuales las y los estudiantes han tenido participación, y que han utilizado bombas caseras, o armas de fuego y punzocortantes, hace evidente que si se hubiese intervenido a tiempo y utilizado recursos como el diálogo, el respeto, la mediación, la comunicación abierta sin invisibilizar las necesidades de las y los estudiantes y la información oportuna, se hubiese podido evitar o minimizar los resultados negativos.   Por ello la Defensoría hace un nuevo llamado a intervenir de manera preventiva, diligente y oportuna ante situaciones que puedan derivar en un conflicto que afecte a la comunidad educativa en su conjunto.
   
   
4. Es importante recordar que tanto las autoridades educativas deben construir los espacios para una escucha respetuosa de los y las adolescentes y jóvenes e involucrar a los padres y madres en su rol de supervisión y contención que tienen con sus hijos e hijas. Por esta razón se reconocen los esfuerzos que se están desarrollando en materias tales como resolución alternativa de conflictos, confección de protocolos ante manifestaciones violentas, las actividades que promueven una cultura de paz. Sólo a través de un abordaje integral de la violencia es que se puede resolver el problema.
   
   
5. Por otro lado, también preocupa a la Defensoría de los Habitantes que las personas menores de edad tengan un fácil acceso a armas de fuego o punzocortantes. Por esta razón se recomienda un mejor control en el acceso a las armas como medida preventiva, así como la promoción de un entorno educativo seguro y pacífico.
   
   
6. Es necesario garantizar en forma efectiva la protección de la integridad física y emocional, y la vida y salud, tanto de los estudiantes como del cuerpo docente.
   
   
7. Se ha podido constatar, en los casos en que la Defensoría estrictamente ha intervenido en su debida oportunidad, ya sea ante una queja de un habitante o de oficio, que los problemas que dieron origen a conflictos, suelen ser de conocimiento anterior de autoridades educativas, sin que se evidenciara un abordaje eficiente y oportuno por parte de la dirección del centro educativo, y cuando se trata de centros educativos públicos de la Supervisión del circuito o bien por la Dirección Regional para la resolución del conflicto. En casos tramitados por la Defensoría se pudo constatar que si se hubiese intervenido a tiempo y utilizado recursos como el diálogo, la mediación, la comunicación y la información oportuna, se hubiese podido evitar o minimizar el conflicto.  Es por ello que se insta a las autoridades educativas a dar seguimiento a situaciones que pueden generar un conflicto, y que se  intervenga de manera preventiva, diligente y oportuna ante nuevas situaciones que puedan derivar en un conflicto que afecte a la comunidad educativa.