TicoVisión Costa Rica

El caso Assange

Por Silvio Avilez Gallo

La Convención sobre Asilo Diplomático, firmada por los Estados miembros de la O.E.A. en 1954 durante la X Conferencia Interamericana celebrada en Caracas, aparece como una de las grandes conquistas del derecho internacional americano, y si bien su ámbito de aplicación se restringe al hemisferio occidental, no es menos cierto que refleja la preocupación de muchos países por proteger al ciudadano que ve amenazada su integridad por razones políticas, sobre todo en una época particularmente turbulenta en América Latina como fue la década de 1950.

El tema del asilo diplomático ha retomado actualidad recientemente con motivo de la controversia que ha enfrentado al Ecuador y el Reino Unido a propósito de la concesión de asilo político, por parte del gobierno ecuatoriano, al ciudadano y periodista australiano Julian Assange en su sede diplomática en Londres. El gobierno británico, que no es parte de la Convención de 1954, no reconoce la calidad de asilado político otorgada a Assange y se ha negado rotundamente a concederle el

salvoconducto solicitado por el Ecuador. Esta circunstancia, a su vez, ha provocado bastante revuelo en los países latinoamericanos, que en una reunión reciente de la O.E.A. acordaron mayoritariamente respaldar la posición defendida por el Presidente Correa y su gobierno. Pero el asunto no es tan sencillo, como veremos.

Assange (prófugo refugiado en Londres) fue acusado por la justicia sueca de abusos y delitos sexuales, la que emitió una orden de detención europea en su contra el 18 de noviembre de 2010. Assange recurrió a distintas instancias ante los tribunales británicos, pero la Corte Suprema denegó su último recurso con fecha 30 de mayo de 2012. A raíz de esta situación, el acusado, a quien se le había concedido libertad bajo fianza, huyó y buscó refugio en la sede de la Embajada del Ecuador en Londres el 19 de junio de 2012.

El problema se complica debido a que el inculpado es el fundador del sitio web WikiLeaks y se ha visto involucrado y condenado en su país de origen (Australia) por delitos informáticos. También es reclamado por la justicia estadounidense por filtración de documentos reservados y confidenciales de agencias del gobierno de Washington, argumento del que se han valido los defensores de Assange, en particular el Presidente Correa y el gobierno ecuatoriano, para catalogarlo como perseguido político y otorgarle la calidad de asilado.

El gobierno británico está obligado a conceder a la extradición solicitada por Suecia y entregarlo a este país para que sea juzgado por delitos comunes específicos. No obstante, Ecuador y otros países americanos argumentan que no hay garantías de que el inculpado no sea entregado con posterioridad a los Estados Unidos para enfrentar cargos por delitos informáticos. En torno a esta polémica, es preciso hacer algunas aclaraciones.

a) La controversia concierne directamente a dos países europeos, el Reino Unido y Suecia, que no reconocen el asilo diplomático por no ser firmantes de la Convención de Caracas, y al Ecuador como país otorgante del asilo.

b) Los Estados Unidos no son parte del conflicto y no han solicitado que Assange sea extraditado de Gran Bretaña para responder ante la justicia estadounidense por cargos en su contra.

c) El Ecuador concedió el asilo argumentando que Assange es un perseguido político, en circunstancias que los cargos que ha formulado la justicia sueca en su contra son por delitos comunes.

d) La Convención de Caracas de 1954 establece claramente, en su artículo III, que el asilo diplomático no procede en casos de inculpados o procesados por delitos comunes.

Llama poderosamente la atención que el Presidente Correa se haya constituido en paladín de la libertad de prensa en el caso Assange, cuando precisamente el gobierno ecuatoriano y el Jefe de Estado se han caracterizado por perseguir, acosar y enjuiciar a periodistas de ese país que pretenden hacer uso de la libertad de expresión e información, imponiéndoles multas millonarias en dólares por supuestos delitos. Otros ardientes defensores de Assange son los países que conforman la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), que no gravitan precisamente en la órbita democrática.

Conviene reiterar que Assange fue acusado como “hacker”, enjuiciado y encarcelado en su nativa Australia por delitos en el ámbito comunicacional, vale decir por ejercer la piratería informática. Quienes gracias a su pericia técnica se apropian indebidamente de información privada de otras personas o entidades cometen un hurto o robo informático y no pueden considerarse como perseguidos políticos.

Cabe preguntarse ¿qué habría pasado si Assange hubiera ejercido la piratería informática en detrimento de países como Cuba, Corea del Norte, la ex Unión Soviética o algunos de nuestra América Latina que adscriben al llamado socialismo del siglo XXI? La respuesta es obvia: probablemente nada de este embrollo hubiera sucedido porque el susodicho desde hace tiempo habría pasado a mejor vida.