La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México confirmó ayer la suspensión de la promulgación y publicación de la Ley General de Víctimas que había sido aprobada por el Congreso de la Unión y fue vetada por el presidente Calderón.

La suspensión se mantendrá vigente hasta que la Corte determine si el presidente hizo de forma oportuna sus objeciones a la versión de la ley que aprobó el Legislativo. Calderón argumenta que en su forma actual no se garantiza la obligatoriedad de la ley en todo el país, e incluso envió una nueva iniciativa al Congreso.

Garzón, quien a fines de la década de 1990 logró una orden de aprehensión para el exdictador chileno Augusto Pinochet, afirmó que esta legislación debe ser desarrollada en cada una de las entidades federativas de México, para establecer una política conjunta que brinde una "restitución y reparación integral a las víctimas".

Sostuvo que la protección a los afectados por la guerra contra el narcotráfico debe incluir la reintegración de los delincuentes, la consolidación de un registro nacional de víctimas y sistemas para la investigación del paradero de los desaparecidos.

Antes de la conferencia magistral que dictó ante estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey en esta ciudad, Garzón defendió la incorporación del general colombiano Óscar Naranjo como asesor de seguridad del presidente electo de México, Enrique Peña Nieto.

Consideró esa medida como "un acierto" pues dijo que un problema transnacional como el narcotráfico y la delincuencia organizada que "no respeta fronteras ni principios éticos", debe ser afrontado desde la colaboración internacional y las experiencias de otros países.

"Acumular la experiencia de esta persona que pueda aportar soluciones a México es una medida acertada", señaló Garzón, quien brinda asesoría en el proceso de paz en Colombia y a la Fiscalía de la nación.

El jurista se refirió también al caso del asilo político solicitado al Gobierno de Ecuador por Julian Assange, fundador de WikiLeaks, que dijo se ha convertido más en un asunto político que legal, lo que atenta contra la libertad de expresión en el mundo.

"Una persecución como consecuencia de ese trabajo nunca tendría carácter delictivo sino político (...) que tendría implicaciones en la libertad de expresión y en el trabajo de los comunicadores", concluyó.

La víspera, el gobernador electo del estado central de Morelos, Graco Ramírez, reveló que Garzón lo asesorará en la elaboración de una ley estatal de atención a víctimas.

"Firmaremos convenio de colaboración, Gobierno de Morelos y Fundación Baltasar Garzón, para elaborar Ley de Atención a Víctimas", dijo Ramírez en un mensaje a través de su cuenta en la red social Twitter después de reunirse con el jurista.

El martes, el Gobierno del estado occidental de Nayarit informó que Garzón se reunió un día antes con el gobernador Roberto Sandoval.

En declaraciones reproducidas por el Gobierno estatal, Garzón dijo que se establecieron "algunos puntos y proyectos para en otra ocasión poder trabajar abiertamente en el área de la impartición de justicia y el combate al crimen organizado".

También reconoció "el arduo trabajo" en el combate a la delincuencia desempeñado" por Sandoval, si bien advirtió que "si bajamos la guardia ante las organizaciones criminales te ganan la partida inmediatamente".