Los funcionarios que asistan a la actividad, deberán presentar una certificación extendida por la APSE, donde se compruebe su asistencia y participación, a más tardar durante la semana siguiente a la realización de Congreso. Tal certificación puede ser individual o bien podrá ser sustituida por la lista oficial general de asistencia debidamente certificada.

Un mes después de efectuado el LVII Congreso, la Viceministra Administrativa dirige, el 3/9/12, una circular a directores regionales, jefes de Departamentos y oficinas centrales, y añade otros requisitos al documento base del permiso:

…Soliciten a los servidores el comprobante con firma y sello original…

La dirigente Ferreto indicó que la obligatoriedad de la firma y el sello original se dio cuando un mes después de que los trabajadores cumplieron con la presentación de los documentos debidamente certificados por la APSE.

No obstante, los abogados de la Asociación se apersonarán a defender a este grupo de afiliados/as.

El secretario general de la APSE, Mariano Rodríguez Pacheco, se mostró sorprendido por el anuncio de Garnier sobre eventuales sanciones.

El dirigente explicó que más bien la asistente de Silvia Víquez felicitó a la APSE, debido a que el proceso de presentación de los comprobantes fue ordenado. En conversaciones con la Viceministra quedó claro que hubo transparencia y se cumplió con lo solicitado de acuerdo con el permiso otorgado.

“En la lista de las personas que se le está iniciando el proceso, encontramos a profesores y directores que entregaron los comprobantes, así como a delegados al Congreso Nacional que asistieron a la actividad.

”A una directora se le acusa de no haber presentado el documento en un colegio donde dejó de laborar hace un año”, dijo Ferreto.

La presidenta reiteró a los periodistas que cuando se dijo que habían asistido 3.000 al Congreso se refería a los delegados, que son los que deben participar en las sesiones plenarias; a los demás afiliados se les denomina congresistas.

Medida represiva. La presidenta Ferreto López acusó al ministro Garnier de utilizar a la APSE como “carne de cañón” para asustar al Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, que se niega a presentar los comprobantes para la próxima Asamblea Nacional.

Dejó claro que la APSE no firmó el acuerdo con el MEP para solicitar las certificaciones.

“El ministro Garnier, también, está reprimiendo a la  APSE porque, junto con otras organizaciones, solicitó la remoción de su cargo mientras es investigado por faltar  a la ética tras recomendar a la empresa Procesos para realizar una consultoría en Recope. Además, quiere amedrentarnos porque hemos anunciado movilizaciones, a finales de octubre, en contra del anteproyecto de ley que eliminaría los pluses salariales”, dijo.

La dirigente advirtió: “Garnier no nos va a atemorizar; más bien, lo que ha provocado es un mayor malestar de los educadores en su contra”.