edad es a los 18, no pueden los derechos políticos ser una excepción y comenzar a regir dos años antes.

Dirigentes de partidos de la oposición se manifestaron reacios a avalar un proyecto que, según señalan, puede apuntar a captar votos para el gobernante Frente para la Victoria, el mayoritario sector del Partido Justicialista (peronista).

Las juventudes de todos los partidos habían presionado para que se respaldase el proyecto, aunque en algunos casos marcaron discrepancias puntuales.

En diálogo con IPS, Lucio Lapeña, presidente de la Juventud Radical, la agrupación perteneciente a la opositora Unión Cívica Radical (UCR), expresó su acuerdo con la norma que amplía el derecho al voto a los adolescentes.

Sin embargo, advirtió que "hay derechos propios de los jóvenes que exceden el voto y que nos gustaría que también se incluyeran en las políticas del gobierno", como el derecho a la educación, al primer empleo o a la vivienda, mencionó.

Esos otros derechos "se incumplen o son vulnerados", afirmó Lapeña. No obstante, los jóvenes pujaron para que la dirigencia votara el proyecto. "Hubo un debate sano dentro del partido y nosotros creímos que lo correcto era apoyarlo", añadió.

De cualquier modo y pese a que había legisladores a favor del proyecto, finalmente la centrista UCR se retiró de la sala antes de que se pusiese a votación. Lo mismo hicieron los representantes de otros bloques opositores, como el Frente Amplio Progresista (FAP), liderado por el Partido Socialista.

La dirigente juvenil Julieta Smulevich declaró a IPS que su agrupación, la izquierdista Libres del Sur, integrante del FAP, estaba a favor del sufragio a los 16 años porque "amplía derechos y permite que los jóvenes se involucren en política".

Sin embargo, señaló que entre sus bases los temas de mayor aflicción son la falta de acceso al primer empleo, la pobreza, el abandono temprano de los estudios, la drogadicción y el abuso policial.

"Los jóvenes estamos de acuerdo en que esta nueva ley es positiva, pero no podemos apoyarla si apunta a manipularnos, a reunir más votantes para la ‘re-reelección’", dijo aludiendo a un presunto interés del gobierno al respecto.

Si bien la presidenta Fernández, reelegida en 2011, ha declarado expresamente no tener aspiración de continuar tras precisar que la Constitución no lo permite, algunos de sus seguidores insisten en que una reforma, que requiere una mayoría especial, podría habilitarla a un tercer mandato.

Esa especulación en torno a la supuesta intención oficialista de ampliar la base de votantes para reformar la ley fundamental fue expresada por diversos diputados opositores a la hora de justificar su rechazo a la propuesta. Es el caso de Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, quien acusó al gobierno de "hacer demagogia con los jóvenes".

Otros legisladores contrarios a la norma aprobada alertaron sobre la creación "de una ciudadanía frágil". Así se pronunció Soledad Martínez, de la centroderechista Propuesta Republicana (PRO) que lidera Mauricio Macri, quien sostuvo que "es una trampa" que "conviene electoralmente al partido de gobierno".

En cambio, Jorge Rivas, diputado de la agrupación socialista aliada al partido de gobierno, rechazó esos argumentos al indicar que el padrón electoral crecerá apenas tres por ciento con la incorporación de todos los adolescentes de entre 16 y 18 años.

El proyecto fue presentado por los senadores Aníbal Fernández y Elena Corregido, del Frente para la Victoria, con el objeto de "profundizar la participación política" y en respuesta a "una demanda cada vez mayor de los jóvenes".

En su exposición de motivos, también destacaron que esta adecuación de la edad mínima para votar ya se ha implementado en otros países latinoamericanos, como Brasil, Cuba, Ecuador y Nicaragua, y comienza a analizarse en Bolivia, Chile y Uruguay.

Frente a los primeros cuestionamientos al proyecto en el debate del Senado, se convocaron audiencias públicas con profesionales de diversas disciplinas a fin de que explicaran si un adolescente está o no maduro para votar y si se tiene autonomía a los 16.

También fueron invitados a pronunciarse dirigentes de centros estudiantiles de escuelas secundarias y de universidades, casi todos favorables a la sanción, aunque siempre planteando una agenda propia de demandas según su pertenencia partidaria.

La discusión sobre el llamado "voto joven" coincidió con una protesta de alumnos secundarios en la Ciudad de Buenos Aires, donde fueron ocupadas medio centenar de escuelas durante un mes en rechazo a cambios en el plan de estudios que no contaron con su aprobación.

Los estudiantes reclamaban que las modificaciones impuestas por el gobierno de la ciudad, encabezado por Macri, les restaban preparación adecuada para una mejor inserción en el mercado laboral.

Tras un mes sin clases, la justicia convocó a los dirigentes juveniles y a representantes del Ministerio de Educación del distrito a fin de llegar a un acuerdo. Así, las modificaciones dispuestas por el gobierno se suspendieron.