Costa Rica: Contraloría presentó denuncia sobre 'La Trocha' - TicoVisión 
Esta investigación que elaboró y finalizó la División de Fiscalización de la Contraloría General, pasó inmediatamente la División Jurídica de la entidad, en donde se está valorando la apertura de procedimientos.
13 de noviembre de 2012 | TicoVisión | Redacción - | Legislativa | San José, Costa Rica | Tribuna para el Libre Pensamiento
Contraloría presentó
denuncia sobre 'La Trocha'
San José, 13 de noviembre de 2012.- Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, manifestó que durante el proceso de la investigación que realizaron el caso de la Ruta 1856 conocida como la Trocha Fronteriza, detectaron hechos que eventualmente podrían acarrear responsabilidades de tipo penal.
La jerarca de esa dependencia compareció en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, donde se refirió al tema de la investigación de la Ruta 1856.
“En cuanto a la investigación lo que puedo comentarles, también decirles que la Contraloría General, durante el proceso de su investigación detectó hechos que eventualmente podrían acarrear responsabilidades de tipo penal, por lo tanto inmediatamente procedimos a elaborar la correspondiente denuncia penal que hoy día se encuentra en el Ministerio Público.
También en este sentido hay rigurosas reglas que no me permiten dar los detalles como lo es el artículo 295 del Código Procesal Penal, pero quiero que sepan que eso es una gestión que se encuentra hoy día en el Ministerio Público”, comentó la Contralora.
Acosta mencionó además que la investigación se enfocó en funcionarios que tuvieron participación directa con estas situaciones, a quienes eventualmente se les podría atribuir además responsabilidad disciplinaria, pues en la investigación se determinaron, en principio, hechos que pudieron haber infringido la Ley General de Control Interno.
La jerarca de esa dependencia compareció en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, donde se refirió al tema de la investigación de la Ruta 1856.
“En cuanto a la investigación lo que puedo comentarles, también decirles que la Contraloría General, durante el proceso de su investigación detectó hechos que eventualmente podrían acarrear responsabilidades de tipo penal, por lo tanto inmediatamente procedimos a elaborar la correspondiente denuncia penal que hoy día se encuentra en el Ministerio Público.
También en este sentido hay rigurosas reglas que no me permiten dar los detalles como lo es el artículo 295 del Código Procesal Penal, pero quiero que sepan que eso es una gestión que se encuentra hoy día en el Ministerio Público”, comentó la Contralora.
Acosta mencionó además que la investigación se enfocó en funcionarios que tuvieron participación directa con estas situaciones, a quienes eventualmente se les podría atribuir además responsabilidad disciplinaria, pues en la investigación se determinaron, en principio, hechos que pudieron haber infringido la Ley General de Control Interno.
“Esta investigación que elaboró y finalizó la División de Fiscalización de la Contraloría General, pasó inmediatamente la División Jurídica de la entidad, en donde se está valorando la apertura de procedimientos administrativos. Quiero ser muy enfática de que en el caso que la División Jurídica encuentre merito, este procedimiento se va a abrir, ese trámite se va a llevar adelante con todo el cuidado, con toda la diligencia y la rigurosidad que este caso amerita”, expresó.
En este mismo sentido añadió que la División Jurídica es quien va a tramitar y quien emitiría eventualmente una decisión final, que podría acarrear para las personas involucradas sanciones de tipo disciplinario, pero también la prohibición de ingresos y reingresos a la hacienda pública para funcionarios y ex funcionarios que tuvieron relación directa o participación directa con estos hechos.
En este mismo sentido añadió que la División Jurídica es quien va a tramitar y quien emitiría eventualmente una decisión final, que podría acarrear para las personas involucradas sanciones de tipo disciplinario, pero también la prohibición de ingresos y reingresos a la hacienda pública para funcionarios y ex funcionarios que tuvieron relación directa o participación directa con estos hechos.
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