Costa Rica en la cruz - Por don Luis Alberto Monge - TicoVisión 
"Entristece comprobar el desprestigio en que ha caído el otrora Primer Poder de la República. Cuando desfallece la fe en la democracia"...
19 de noviembre de 2012 | TicoVisión | Redacción - | Opinión | San José, Costa Rica | Tribuna para el Libre Pensamiento
Por Don Luis Alberto Monge A.
Ex Presidente de la República
San José, 19 de noviembre de 2012.- La república está en peligro. La Asamblea Legislativa ha dado un zarpazo contra la Corte Suprema de Justicia. Todo ciudadano consciente está en el deber de manifestarse en contra de la irreflexiva destitución de un magistrado ejemplar. Si en la próxima sesión plenaria los diputados no enmiendan su equivocación, podría brotar la ira cívica como en 1889, en 1919 o en 1948.
Los diputados son simples depositarios temporáneos de la representación política que nosotros les encomendamos como pueblo soberano. No pueden arrogarse facultades por encima del régimen legal vigente. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública, ya sea porque legislen en beneficio propio o porque se extralimiten en sus potestades.
En Costa Rica no es posible sustituir, por medios inconstitucionales, a los magistrados. La Corte Plena y la Comisión de Nombramientos avalaron por unanimidad la reelección del Dr. Fernando Cruz Castro. Vencido el plazo reglamentario, su reelección fue automática. Si querían destituirlo, debieron seguir los procedimientos establecidos. Quienes fueron elegidos democráticamente, están forzados a ejercer sus responsabilidades por vías democráticas. La arbitrariedad está reñida con el Estado de derecho.
Como último diputado titular sobreviviente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, también como ex Presidente de la Asamblea Legislativa y ex Presidente de la República, estoy en la obligación de alzar mi voz ante el grave error come-
Los diputados son simples depositarios temporáneos de la representación política que nosotros les encomendamos como pueblo soberano. No pueden arrogarse facultades por encima del régimen legal vigente. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública, ya sea porque legislen en beneficio propio o porque se extralimiten en sus potestades.
En Costa Rica no es posible sustituir, por medios inconstitucionales, a los magistrados. La Corte Plena y la Comisión de Nombramientos avalaron por unanimidad la reelección del Dr. Fernando Cruz Castro. Vencido el plazo reglamentario, su reelección fue automática. Si querían destituirlo, debieron seguir los procedimientos establecidos. Quienes fueron elegidos democráticamente, están forzados a ejercer sus responsabilidades por vías democráticas. La arbitrariedad está reñida con el Estado de derecho.
Como último diputado titular sobreviviente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, también como ex Presidente de la Asamblea Legislativa y ex Presidente de la República, estoy en la obligación de alzar mi voz ante el grave error come-
tido, la agresión a un magistrado íntegro, el rompimiento del equilibrio entre los poderes del Estado y los riesgos impredecibles para la convivencia pacífica. ¡Ay de la república que atropelle la independencia de los jueces!
Entristece comprobar el desprestigio en que ha caído el otrora Primer Poder de la República. Cuando desfallece la fe en la democracia, los diputados deben hacer todo lo posible por atender las legítimas demandas de los ciudadanos. Pero si persisten en la transgresión de la voluntad popular, abonan la desconfianza, la desesperanza y el desconcierto.
La patria llegó a un punto crítico. La ciudadanía está indignada porque los frutos del crecimiento económico se distribuyen con inequidad creciente. Más de un millón de costarricenses se levantan con el sol y se acuestan con el hambre. En esta coyuntura decisiva, hay que procurar la concordia y no ahondar la división. La indeliberada destitución de un magistrado agrava el suplicio que padece la inmensa mayoría de los hijos de esta tierra.
Que las señoras y los señores diputados oigan la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Que el pueblo se exprese con claridad y con fuerza. Que el parlamento enmiende su fallo en la próxima sesión plenaria. Y que la Providencia nos ilumine para volver al camino costarricense de justicia social para todos.
Entristece comprobar el desprestigio en que ha caído el otrora Primer Poder de la República. Cuando desfallece la fe en la democracia, los diputados deben hacer todo lo posible por atender las legítimas demandas de los ciudadanos. Pero si persisten en la transgresión de la voluntad popular, abonan la desconfianza, la desesperanza y el desconcierto.
La patria llegó a un punto crítico. La ciudadanía está indignada porque los frutos del crecimiento económico se distribuyen con inequidad creciente. Más de un millón de costarricenses se levantan con el sol y se acuestan con el hambre. En esta coyuntura decisiva, hay que procurar la concordia y no ahondar la división. La indeliberada destitución de un magistrado agrava el suplicio que padece la inmensa mayoría de los hijos de esta tierra.
Que las señoras y los señores diputados oigan la voz del pueblo, que es la voz de Dios. Que el pueblo se exprese con claridad y con fuerza. Que el parlamento enmiende su fallo en la próxima sesión plenaria. Y que la Providencia nos ilumine para volver al camino costarricense de justicia social para todos.
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