San José, 29 de noviembre de 2012.-   Un proyecto de ley que se tramita en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa pretende, al igual que la reforma constitucional sugerida por la presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, cambios en el ordenamiento jurídico que violentan el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política.

El proyecto –expediente legislativo Nº. 18317– se encamina a flexibilizar las intervenciones telefónicas, que hoy son exclusivas de un juez, a otros funcionarios, tal y como lo planteó la presidenta Chinchilla Miranda.

La diputada Carmen Muñoz Quesada, representante del Partido Acción Ciudadana (PAC), explicó que la iniciativa, presentada a la corriente legislativa por el Partido Movimiento Libertario, propone tres cambios estructurales.

En primer lugar, autoriza la intervención y el secuestro de materiales en materia tributaria, financiera, mercantil, civil y administrativa, es decir, no penales. En segundo lugar, elimina la exclusividad del juez para realizar la intervención, extendiéndola a otros funcionarios.

Por último, autoriza y amplía la intervención a otros delitos: informáticos o cometidos mediante la utilización de medios informáticos, electrónicos, telemáticos o ópticos o magnéticos. Además, delitos contra la seguridad de la nación, delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, delitos contra la autoridad pública, y delitos contra los deberes de la función pública.

“Con la reforma propuesta, cualquier ciudadano puede ser sometido a una intervención de su vida privada, aunque no esté en un proceso penal, como si fuera un delincuente”, denunció la diputada Muñoz Quesada.