Redacción.- 
En febrero, el Parlamento Europeo rechazó un convenio entre Washington y los gobiernos de la UE para permitir que datos de transacciones bancarias del bloque fueran entregados a Estados Unidos. Los legisladores arguyeron que podía violar derechos civiles fundamentales. Sin embargo, se espera que los europarlamentarios aprueben el mismo tratado esta semana,  después de que sus promotores aceptaran unas pocas modificaciones.

El convenio tiene sus raíces en los esfuerzos de Estados Unidos, luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, para acceder a información manejada por Swift, compañía con sede en Bélgica que facilita intercambios entre bancos. Bajo el pretexto de seguir “la huella del dinero” de los terroristas, Washington usó órdenes judiciales para acceder a los datos de Swift.

Así, información de millones de individuos fue transferida a través del océano Atlántico por varios años, pero estos no se enteraron de la operación hasta que la denunció un artículo del periódico The New York Times en 2006.

Dispuestos a permitir que esta cooperación continuara, los gobiernos de la UE aceptaron en noviembre pasado un acuerdo que le daba a Washington la cobertura legal necesaria.  El convenio despertó furiosas respuestas de organizaciones por los derechos humanos. Los activistas señalaron que las personas cuya información había sido transferida no tenían medios para exigir una reparación.

La legislación sobre privacidad en Estados Unidos sólo ofrece protección contra el uso ilegal de datos de ciudadanos estadounidenses y residentes, no extranjeros investigados por Washington.

La oposición inicial de los europarlamentarios al acuerdo se debió en gran medida a que se sintieron excluidos de las negociaciones sobre su contenido, y a su deseo de ejercer nuevos poderes bajo el Tratado de Lisboa de la UE, que les da una mayor voz en temas políticos.

Como consecuencia, los gobiernos del bloque y la administración de Barack Obama intentaron de atender la preocupación de los legisladores. Se hicieron algunas modificaciones al tratado, incluyendo una provisión para que un funcionario de la UE se instale en Washington y supervise su implementación.  Pero defensores de los derechos de privacidad señalan que aún hay deficiencias clave en el acuerdo que no han sido subsanadas.

“Los puntos fundamentales rechazados por el Parlamento la primera vez están nuevamente en el texto”, dijo a IPS el activista Joe McNamee, de la organización European Digital Rights. “Parece que lo que el Parlamento ha estado buscando es una forma de respaldarlo. La cantidad de información involucrada sigue siendo prácticamente la misma”, añadió.

La información retenida de Swift incluye números de cuentas bancarias y los nombres de sus propietarios.  El propio Supervisor para la Protección de Datos de la UE, Peter Hustinx, protestó contra el acuerdo señalando que “interfería con la vida privada de todos los europeos”. No hay garantías de que la información no sea almacenada durante un tiempo incluso después de que se concluya que no beneficia a la investigación, afirmó.

El europarlamentario liberal alemán Alexander Alvaro, a quien se le pidió redactar la respuesta oficial del Parlamento al acuerdo, dijo que él y sus colegas habían recibido “claras concesiones” de los gobiernos desde febrero. Por ejemplo, el funcionario de la UE enviado a Washington podrá bloquear la transferencia de información si entiende que se está abusando de ella, destacó.

Aunque su postura es apoyada por una mayoría en el Parlamento, algunos legisladores siguen con reservas. Críticos señalan que el acuerdo es ilegal porque viola el derecho a la privacidad, consagrado en la Convención Europea sobre Derechos Humanos, a la que todos los estados miembro de la UE están obligados a respetar.

“Nada ha cambiado realmente. Toda suerte de información personal de ciudadanos europeos sigue siendo enviada a Estados Unidos”, afirmó el europarlamentario alemán Jan Philipp Albrecht, del Partido Verde.

Por su parte, la legisladora liberal holandesa Sophie in’t Veld, especializada en libertades civiles, dijo que sólo apoyaba el acuerdo revisado porque no creía que fuera posible obtener uno mejor.

“No hay razón para estar contentos, pero al menos es la opción menos mala”, señaló, e indicó que el convenio tenía huecos que lo hacían vulnerable a posibles demandas legales.