Motociclistas y saloneros: Leyes generadas por la ''Democracia de la Calle'' - TicoVisión 
19 de diciembre de 2012 | TicoVisión | Redacción - | Opinión | San José, Costa Rica | Tribuna para el Libre Pensamiento
Motociclistas y saloneros:
Leyes generadas por la ''Democracia de la Calle''
Por Albino Vargas Barrantes
19 de diciembre de 2012.- En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebramos la aprobación parlamentaria, de manera abrumadora, de las leyes para bajar el monto del pago del marchamo en el caso de los y de las motociclistas; y para empezar a hacer verdadera justicia laboral en el caso de los saloneros y de las saloneras.
Nos sentimos profundamente honrados de que representaciones calificadísimas de estos grupos sociales-gremiales hayan confiado en la ANEP, como la organización sindical orientadora y conductora de los procesos de lucha en la calle y en la negociación; que, bajo las respectivas circunstancias y especificidades, han obligado al sistema político (Gobierno y Asamblea Legislativa), a escuchar el correspondiente clamor popular y ciudadano, que en estos dos casos ha culminado en la promulgación de leyes de la República para llevar un poco de justicia y para contribuir al combate de la desigualdad social creciente que asola a nuestro país.
Precisamente, los casos de estos dos grupos sociales son muestras típicas de lo que en ANEP conceptuamos como el problema número uno de la sociedad costarricense de hoy: la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad.
Los y las motociclistas venían siendo objeto de una odiosa discriminación bastante prolongada, año con año, cobrándoseles los más altos costos de una siniestralidad de accidentes en carretera de la cual se les venía señalando como los más responsables de
Nos sentimos profundamente honrados de que representaciones calificadísimas de estos grupos sociales-gremiales hayan confiado en la ANEP, como la organización sindical orientadora y conductora de los procesos de lucha en la calle y en la negociación; que, bajo las respectivas circunstancias y especificidades, han obligado al sistema político (Gobierno y Asamblea Legislativa), a escuchar el correspondiente clamor popular y ciudadano, que en estos dos casos ha culminado en la promulgación de leyes de la República para llevar un poco de justicia y para contribuir al combate de la desigualdad social creciente que asola a nuestro país.
Precisamente, los casos de estos dos grupos sociales son muestras típicas de lo que en ANEP conceptuamos como el problema número uno de la sociedad costarricense de hoy: la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad.
Los y las motociclistas venían siendo objeto de una odiosa discriminación bastante prolongada, año con año, cobrándoseles los más altos costos de una siniestralidad de accidentes en carretera de la cual se les venía señalando como los más responsables de
la misma; situación ésta totalmente falsa que jamás el INS pudo demostrar como cierta. Por tanto, de alguna manera, este grupo social venía siendo víctima de desigualdad y de exclusión sociales.
Adicionalmente, este segundo episodio del Movimiento de Motociclistas, liderado por la ANEP, dejó al descubierto la triquiñuela del cobro indebido del aporte del 33 % que en el marchamo se presenta como un rubro para el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi); situación ésta que fue la que nos permitió encontrar el camino para lograr una negociación efectiva, misma que, al final, posibilitó el acuerdo político, materializado luego en la ley ya, definitivamente, aprobada por el parlamento.
El caso de los y de las saloneras reviste características más dramáticas, toda vez que producto de un desatinado fallo constitucional y un subsecuente “error” de la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social, este importante grupo laboral sufrió una abrupta flexibilización laboral, al mejor estilo neoliberal, quedando por fuera del Código de Trabajo; generándose despidos que todavía no han sido exactamente cuantificados pero que, sin duda alguna, incrementan los niveles de explotación laboral que ya de por sí se daban en esta actividad.
La ley aprobada en primer debate y próxima a recibir el segundo, permite, estratégicamente hablando dos cosas; por un lado, evita la consumación de nuevos despidos arbitrarios, restaura el concepto de salario mínimo y establece que la propina no es parte del salario. Por otro, le queda prohibido al patrono “jinetear” el dinero de la propina en su propio beneficio, corriendo el riesgo de incurrir en delito penal si lo hiciere; y, adicionalmente, quedan debidamente reguladas las formas de entrega al trabajador de esa propina de forma tal que no queda posibilidad alguna de retenérsela.
Difícilmente en una legislación como la aprobada, se podía resolver el caso de los saloneros injusta e ilegalmente despedidos antes de su emisión, lo que nos lleva a presionar tanto a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), como a nivel judicial mismo, tanto individual como grupalmente. En esto estriba nuestro compromiso como organización sindical en lo inmediato.
Ambos casos, motociclistas y saloneros, muestran a las claras la efectividad del ejercicio de la Democracia de la Calle, como uso legítimo de la presión social para que los gobernantes adopten políticas y leyes en pro del bien común. La ANEP se siente más que complacida de que se ha demostrado, nuevamente, cómo la organización seria con movilización responsable, puede generar importantes transformaciones en pro de la justicia social.
Adicionalmente, este segundo episodio del Movimiento de Motociclistas, liderado por la ANEP, dejó al descubierto la triquiñuela del cobro indebido del aporte del 33 % que en el marchamo se presenta como un rubro para el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi); situación ésta que fue la que nos permitió encontrar el camino para lograr una negociación efectiva, misma que, al final, posibilitó el acuerdo político, materializado luego en la ley ya, definitivamente, aprobada por el parlamento.
El caso de los y de las saloneras reviste características más dramáticas, toda vez que producto de un desatinado fallo constitucional y un subsecuente “error” de la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social, este importante grupo laboral sufrió una abrupta flexibilización laboral, al mejor estilo neoliberal, quedando por fuera del Código de Trabajo; generándose despidos que todavía no han sido exactamente cuantificados pero que, sin duda alguna, incrementan los niveles de explotación laboral que ya de por sí se daban en esta actividad.
La ley aprobada en primer debate y próxima a recibir el segundo, permite, estratégicamente hablando dos cosas; por un lado, evita la consumación de nuevos despidos arbitrarios, restaura el concepto de salario mínimo y establece que la propina no es parte del salario. Por otro, le queda prohibido al patrono “jinetear” el dinero de la propina en su propio beneficio, corriendo el riesgo de incurrir en delito penal si lo hiciere; y, adicionalmente, quedan debidamente reguladas las formas de entrega al trabajador de esa propina de forma tal que no queda posibilidad alguna de retenérsela.
Difícilmente en una legislación como la aprobada, se podía resolver el caso de los saloneros injusta e ilegalmente despedidos antes de su emisión, lo que nos lleva a presionar tanto a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), como a nivel judicial mismo, tanto individual como grupalmente. En esto estriba nuestro compromiso como organización sindical en lo inmediato.
Ambos casos, motociclistas y saloneros, muestran a las claras la efectividad del ejercicio de la Democracia de la Calle, como uso legítimo de la presión social para que los gobernantes adopten políticas y leyes en pro del bien común. La ANEP se siente más que complacida de que se ha demostrado, nuevamente, cómo la organización seria con movilización responsable, puede generar importantes transformaciones en pro de la justicia social.
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