Se destacan por lo menos tres enfoques. Desde la visión “oficial” se destaca lo avanzado desde el 2003 ante la situación de deterioro social vigente al inicio de la gestión Kirchner, y en todo caso solo se trata de tiempo para resolver diversos problemas sociales, reconocidos en la falta de empleo, vivienda, salud o educación.

Mientras que en la oposición sistémica se concentra la crítica en la ausencia de republicanismo, o la corrupción, demandando el retorno explícito a políticas de los noventas: la apertura, la desregulación y la inserción subordinada al capitalismo mundial y sus organizaciones globales.

En estos días, con antecedentes diversos en el distanciamiento entre el gobierno y la CGT, y las iniciativas de movilización de la CTA desde junio pasado, y especialmente en el marco de la “unidad de acción” en las movilizaciones de trabajadores del 20 de noviembre y del 19 de diciembre, emergió y se hizo visible otra visión crítica, orientada a discutir la política de privilegio a la valorización del capital y a la apropiación privada del excedente económico.

Son tres visiones, no siempre claramente diferenciadas, (entre ellas se entrecruzan y se asocian), las que manifiestan el escenario del conflicto político en la coyuntura y que definen, sin duda, el próximo año de renovación legislativa.

¿Cuán mejor está la situación social?

Es real que las estadísticas muestran una mejora de la situación social del peor momento de comienzos del 2002.

Convengamos también que las estadísticas actuales están sospechadas, siendo el Estado nacional el único en condiciones de ofrecer fuentes de información confiable.

Por ello es que reconocemos en la normalización del INDEC una asignatura pendiente para definir con precisión los datos de la pobreza.

Para el 2002, el 21,5% de la PEA estaba registrada en el desempleo, y ahora, según el INDEC (IIIº trimestre del 2012), el dato remite al 7,6% de desempleo, más un 6,2% de subempleo demandante, y un 2,7% de subempleo no demandante.

La línea de la pobreza involucraba al 57% de la población en el 2002, y hoy (noviembre 2012, Indec) se registra un promedio del 6,5% de personas bajo la línea de pobreza (517,85 pesos por mes) con picos del 12,3% en el Noreste. La línea de indigencia está en noviembre del 2012 en 231,86 pesos. Así, según las estadísticas oficiales, cualquier persona que ingrese por lo menos 232 pesos (casi 48 dólares mes al tipo de cambio oficial) al mes, está por fuera de la línea de indigencia; y si ingresa 518 pesos (casi 108 dólares mes al tipo de cambio oficial) al mes, supera la línea de la pobreza.

Las cifras de ingreso que definen la pobreza y la indigencia hablan por sí solas de los límites de los indicadores en la Argentina contemporánea.

Es un dato relevante verificar que se redujeron los peores índices sociales vigentes al 2002, en materia de desempleo, subempleo, pobreza e indigencia, aunque sin lograr valores vigentes previos a los años 70´ e incluso de los 80´, con índices entre el 2 y el 4% de desempleo y en ocasiones muy especiales elevando el guarismo hasta el 6%.

La situación social de la Argentina se explica por los cambios ocurridos en los últimos decenios, especialmente en la década del 90´, los que estructuralmente no han sido revertidos, y que las políticas económicas establecidas en la década gobernada por el menemismo y la Alianza, el PJ y la UCR, generaron un piso estructural regresivo en la composición social de la Argentina.

Carácter estructural de la pobreza

La pobreza no es un dato coyuntural, tiene dimensiones estructurales, y se visibiliza en las aglomeraciones circundantes a los grandes centros urbanos, constituyendo la base problemática de la insatisfacción social en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, o empleo. A ese cuadro objetivo debe adicionarse la conflictividad social y la diversidad de fenómenos crecientes de una economía del delito asociada a la trata de personas, la droga, o el empleo esclavo. La extensión estructural del fenómeno de la pobreza constituye la base material de ese cuadro de deterioro social.

Entre otros datos del fenómeno estructural de la pobreza, se manifiesta en más de un tercio de los trabajadores en situación irregular, es decir, sin cobertura social; en la precarización del empleo y la tercerización. También se expresa en la llamada “inclusión social” con ingresos mínimos que suponen los planes de asistencia social, sean las asignaciones para menores, las jubilaciones sin aportes históricos de los beneficiarios, o los planes de empleo asociados a organizaciones cooperativas. El 75% de los jubilados nacionales perciben la mínima, en el orden de los 1.900 pesos mensuales, y el salario mínimo está en $2.670 y subirá a $2.875 en febrero del 2013.

Los ingresos de este conjunto social, mayoritariamente trabajadores activos o pasivos, les posibilita accesos limitados a la canasta de consumo necesaria para la reproducción de la vida cotidiana de la familia trabajadora en la Argentina. Más allá de los datos oficiales, las necesidades de ingreso individual rondan los $5.000 pesos al mes.

Se puede pensar en la existencia de maniobras políticas, que las hubo en los saqueos y protestas de 1989, como en el 2001, e incluso en la actualidad. Es verdad, sin embargo, la disposición social al saqueo o la protesta ocurre por la existencia de sectores sociales insatisfechos. La pobreza es un dato estructural de la sociedad argentina.

Los acontecimientos de estos días no son protagonizados por la sociedad con relativo nivel de satisfacción de sus necesidades, mucho menos por sectores de medio y alto consumo. Más allá del tipo de producto sustraído de los comercios, la base está en la insatisfacción del consumo para una calidad de vida acorde con las necesidades sociales.

La movilización del 19 de diciembre fue protagonizada por trabajadores organizados de la CTA, de la CGT, y otros grupos independientes o que remiten a un vínculo con la izquierda partidaria. Más allá de algunos pronunciamientos de adhesión, fuera de esa filiación social o política, la concentración fue protagonizada por trabajadores sindicalizados u organizados en movimientos territoriales. La pobreza era visible en la inmensa mayoría de las columnas de movilizados.

Entre las principales reivindicaciones se destacan el 82% móvil para las jubilaciones; la universalización de las asignaciones familiares, revirtiendo medidas asumidas en los últimos años y que afectan los ingresos de los trabajadores. Uno de los temas centrales estaba en la crítica al no ajuste del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, y al propio concepto de considerar como ganancias a los ingresos de los trabajadores.

Claro que en el escenario político que vive el país, muchos análisis interpretaron la medida de protesta como un acto contra el gobierno, y la base material e ideológica de los acontecimientos que se sucedieron inmediatamente. Sin embargo, las demandas son compartidas por todos los trabajadores, más allá de su consideración respecto del gobierno, su política y sus objetivos.

¿Se puede ir más allá de la política social?

La cuestión de fondo sigue siendo el saldo en pobreza derivado de políticas de reforma estructural que se generalizaron en los 80´ y más precisamente en los 90´, con lo que el debate sigue siendo la posibilidad de confrontar con el legado neoliberal que instaló el terrorismo de Estado a mediados de los 70´ y que fuera potenciado en la última década del Siglo XX.

No alcanza con políticas sociales masivas, aún bajando los peores indicadores sociales del pasado reciente. La discusión está en la orientación de la acumulación, la apropiación del excedente económico y la calidad de vida del conjunto social. En definitiva, se discute el modelo productivo y de desarrollo, la política económica y sus beneficiarios.

Vale la expropiación de YPF, pero: ¿qué asociaciones productivas para la inversión son las necesarias para una estrategia energética soberana? Ello supone discutir el para qué de la energía y para uso de quién, tanto como la tecnología a utilizar y el cuidado de la naturaleza. En ese sentido resulta de interés retornar bienes apropiados indebidamente por la oligarquía, como el predio de la Rural; tanto como debería restituirse a los jubilados los recursos establecidos en sentencias en firme que el Estado adeuda, o restablecer el 82% móvil. La política de desendeudamiento tiene que privilegiar la deuda interna social con los desfavorecidos, y auditar e investigar la deuda que hoy se cancela rigurosamente, y suspender los pagos mientras se investiga.

En síntesis, el problema no son las maniobras o las manipulaciones, que pueden existir, la cuestión de fondo es la pobreza y la política económica, puesta en ejecución para hacer funcionar el capitalismo local, la valorización de los capitales y la apropiación privada del excedente producido socialmente.

¿Puede pensarse en otra política económica para otro orden? Es una cuestión que no se define en el mercado, sino en la capacidad política de disputar hegemonía para la organización del orden social, económico y político, con lo cual tienen razón los que suponen un carácter político e interesado de las protestas sociales, las que anticipan un futuro cercano de conflictividad para el 2013.