modelo para gestionar la biodiversidad fomentando un ecoturismo rentable para toda la población, ciudadanía que ha propuesto e impulsado la ley que prohíbe la caza deportiva.

En España las licencias de caza descienden año tras año: en 1990 había más de 1.440.000. Hoy no llegan al millón. Granjas cinegéticas, cotos intensivos, reyes, ministros, empresarios, jueces, famosos..., la caza ocupa actualmente a 150.000 personas en España entre empleos directos e indirectos. Sin embargo no contribuye al desarrollo rural, que es donde precisamente se desarrolla esta actividad. Según uno de nuestros más reconocidos ecólogos, Ramón Margalef, se produce un desequilibrio que favorece al mundo urbano -mayoritario suministrador de cazadores- frente a las carencias en servicios educativos, sanitarios y de comunicación en el mundo rural con el progresivo abandono de los pueblos. La mayoría de los cotos necesitan de constantes repoblaciones de especies vía granjas para satisfacer un deporte-negocio en el que sí hay cazadores que siguen buenas prácticas pero en el que se dicen cosas como que "el mejor cazador es el que disfruta mucho de la caza y mata poco". Retórica que contrasta con la primera causa de muerte de animales por intoxicación: el plomo procedente de los cartuchos y que supone una de las mayores concentraciones en humedales del mundo. Más de 50.000 aves acuáticas mueren al año al confundir los perdigones con piedrecillas.

Un "pájaro" que confunde caza con Parque Nacional es el ministro Arias Cañete, empeñado en cambiar la ley para legalizarla. Hasta el momento la ley que rige los 14 parques nacionales pone a disposición de todos los españoles este patrimonio natural colectivo, desarrollando un uso público acorde con la conservación de la flora y de la fauna, favoreciendo un desarrollo sostenible de las comarcas en las que se asientan y donde la caza es ilegal. La rentabilidad según el Partido Popular pasa por monterías y acciones cinegéticas en el 1% del territorio nacional que conserva el más preciado legado natural que tenemos. ¿También se atreverán con esto? Basilio Rada, director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, es contrario a la medida, pero la presión de propietarios de fincas -especialmente de los Montes de Toledo en Cabañeros- y el poder del PP en el Congreso pueden poner fin a un difícil equilibrio.

Una democracia como la costarricense ha demostrado que es mejor invertir en educación y conservación que en balas. Lo llevan demostrando desde el 48. Nos llevan muchos años de ventaja.