El grupo también propuso que el "Poder Ejecutivo" y cada fracción legislativa, escoja proyectos de ley que consideren estratégicos, los cuales, por obligación, serían sometidos a discusión en la agenda legislativa.

Sin analizar, sin medir que, todas esas recomendaciones van dirigidas a aumentar el poder autocrático del ejecutivo (presidente); el control y dominio de fracción legislativa del oficialismo (gobierno) y la injerencia de los partidos políticos en el gobierno; lo cual está prohibido por ley y por constitución.

Sin analizar, sin medir que, todas esas recomendaciones van dirigidas a disminuir el poder democrático del pueblo (participativo); la poca influencia que tiene el pueblo sobre el control y dominio que tienen las fracciones legislativas en la asamblea legislativa y la toma de decisiones y formulación de proyectos de ley que atañen e interesen al país, a los ciudadanos, no a los políticos o a quienes se sirven de ellos; lo cual, debería estar incluido en la ley y en la constitución política.

La ingobernabilidad es, ha sido y sigue siendo causa y razón de la intromisión política y partidista en los asuntos de gobierno; de la no separación de los supremos poderes; pero más que todo de la politización de los supremos poderes; al punto de que todos actúan bajo un criterio político y partidista.

Así las cosas, en tanto los diputados sigan siendo electos y designados por los partidos políticos, aumentar su número solo significa una cosa: aumentar el poder autocrático de los partidos políticos en todos los ámbitos de estado y de gobierno y por ende, disminuir aún más, el poder del pueblo, de la democracia, para poder controlar al gobierno o tomar decisiones que les beneficien (al pueblo).

Todas esas recomendaciones podrían y serían válidas, sí y solo sí, se aprobarán en un sistema de gobierno de democracia participativa; en donde, el pueblo y no los partidos políticos, sea el que elige y designa a los diputados; así como a los alcaldes y al presidente; de esa forma, al igual que los alcaldes, podría haber un diputado por cada cantón; de esa forma, tanto diputados como alcaldes, responderían y deberían obediencia al pueblo que los eligió; de esa forma, sería el pueblo que los eligió, el responsable y el único con el poder de destituirlos a través del veto popular; de esa forma, sería el pueblo interesado, además del Ejecutivo y las fracciones legislativas (que responden a partidos políticos), los que podrían formular proyectos de ley, tanto ante la asamblea legislativa como ante sus respectivas alcaldías; de esa forma, los proyectos de ley atenderían a los intereses del pueblo y/o la comunidad (cantón) y no a los de los políticos y partidos políticos.

La decisión es suya: más neoliberalismo, más poder político para los partidos; o más democracia participativa, más libertad y más derechos para el pueblo y la sociedad en general; no solo para unos cuantos, los más privilegiados.

* Reinhardt Acuña Torres, Consultor en Biotecnología Aplicada