Desde hace más de veinticinco años en América Latina, y en la República de Costa Rica particularmente, se inició un largo período de ruptura y transformación en la relación entre el Estado y la Ciudadanía, que ha afectado las instituciones políticas, sociales, culturales y económicas.  Mucho de ello tiene que ver con influencias externas de formas muy diferentes, que han destruido o debilitado los mecanismos de las instituciones tradicionales que fundamentan las concepciones del Estado costarricense, y del fenómeno nefasto de la corrupción generalizada, que atenta directamente en su contra, entendidas éstas como conjunto de normas, valores y creencias que rigen la sociedad.

Lo más importante de este fenómeno radica en que ha deteriorado el acuerdo político y social sobre el que se ha fundamentado tradicionalmente el Estado, y con ello se han generado –de manera inmediata- distintas propuestas de “reforma” que buscan subsanar el daño causado, las cuales, sin embargo, pocas veces se han orientado hacia el “origen de las causas”, y por lo tanto han sido fallidas.

Sin embargo, esta situación –que algunos autores denominan crisis- se inició en los países altamente industrializados y en algunos de los más avanzados en el mundo en desarrollo como una “crisis del Estado de Bienestar”, el cual fuera construido en la época de esplendor en materia de crecimiento económico, sobre la base de sólidos acuerdos sociales y políticos, y que hizo crisis en términos de viabilidad financiera sostenida. Mientras que en la mayor parte de los países en desarrollo, ésta se expresa en ingobernabilidad, ya sea en términos de organizaciones estatales débiles e incapaces de responder ante las demandas ciudadanas, o en la ausencia llana y lisa de dichas organizaciones, que deberían cumplir roles básicos relacionados con la dinámica política, social, económica y cultural.

Ello nos lleva a concluir que los procesos de Reforma del Estado se iniciaron antes de la década del ochenta y con características muy particulares en los países altamente industrializados, los cuales buscaron soluciones apropiadas a sus realidades y situaciones estructurales y coyunturales, y que el intento posterior de trasladar dichas soluciones a los países en desarrollo, muchas veces de manera muy mecánica, como fue el fenómeno de traslación realizado a través de organismos internacionales de cooperación, resultó en que dichos procesos no respondieran a los problemas particulares de los casos nacionales en los que se aplicó, o en el mejor de ellos hayan logrado impactos muy marginales.  Esta es una de las características propias de los países en vías de desarrollo: como no son productores de tecnología (administrativa, en este caso) tienden a copiar modelos

que fueron diseñados para situaciones y circunstancias totalmente distintas, con lo cual, al tratar de aplicarlos, fracasan estrepitosamente.

Podríamos decir, adicionalmente, que de hecho se han presentado dos tipos de Procesos de Reforma del Estado: una primera concepción de “achicamiento” del Estado, fundamentada en dos realidades muy claras: el crecimiento desmedido del aparato burocrático del Estado, como resultado de una mala aplicación del Estado de Bienestar, y la reacción neoliberal que lo presentaba como una lógica de “ajuste”, por lo general muy circunscrita a aquellos elementos relacionados con lo económico-financiero; y los movimientos de “modernización”, desde la lógica de la reforma propiamente dicha, en el sentido de adaptar al Estado en su totalidad a las nuevas circunstancias que le imponen un cuestionamiento de su ser y su accionar.

El distanciamiento de las organizaciones públicas de los ciudadanos es quizá uno de los fenómenos consecuentes de esta ruptura, ya que aquellas han devenido en islas ineficientes, ineficaces e improductivas, excepto para quienes se han beneficiado con prebendas obtenidas en convenios colectivos de trabajo, cuando se trata de sindicatos y otras agrupaciones laborales; y para los políticos que son colocados en ellas para su gestión gerencial, a través del tráfico de influencias y otras acciones que, aunque no fueran delictivas (y algunas lo son), riñen con la moral y la ética de la administración pública. Distanciamiento que se expresa en el hecho de que las organizaciones se alejan por cuanto no cumplen la misión y los objetivos para los que fueron creadas, y tampoco desempeñan el rol que les corresponde dentro del aparato burocrático del Estado, al servicio de los ciudadanos.

Y mientras no se elimine de nuestras  mentes que el Estado es una “presa” por conquistar en la arena política o en la negociación de los convenios colectivos, para beneficio de unos pocos –por lo general los mismos- sino el producto del consenso de todos los ciudadanos acerca de cómo queremos ordenar la sociedad.  Mientras sigamos considerando que la ciudadanía no posee criterios ni pensamientos propios acerca de lo que desea para sí y las futuras generaciones, y que ello es territorio de “elites iluminadas” que en realidad lo que buscan es el mantenimiento de prebendas y situaciones de injusticia social en beneficio propio.  Mientras no existan mecanismos de participación para que los ciudadanos se expresen y participen, la Reforma del Estado seguirá siendo una utopía.

Además, a los grupos de interés de este país: económicos, gremiales y de otro tipo; no les interesa ni la eficiencia, ni la eficacia ni la productividad de las instituciones estatales. Lo que realmente les interesa es la protección de sus beneficios, adquiridos a través de años de gobiernos débiles o gobiernos cómplices, los cuales pagamos todos los ciudadanos.

Por otro lado, aunque Costa Rica logró superar la presión de la deuda externa que asfixiaba a otros países de América Latina, haciéndolos débiles ante los organismos internacionales y los dictámenes del gobierno de los Estados Unidos de América, sustituyéndola por una deuda interna que eliminaba un poco la presión externa (pero solamente un poco, recordemos los programas de ajuste estructural), y que de hecho generó una serie de iguales y nefastas consecuencias, o peores en nuestro caso, por servir solamente para cubrir el déficit fiscal, nuestro país se subordinó conscientemente a la política del “Consenso de Washington”  (3),  que incluye los procesos de integración económica y apertura de mercados, con todas las consecuencias que ello implica.

Costa Rica tradicionalmente había seguido líneas ideológicas diferentes al neoliberalismo y a la globalización del capitalismo, en una forma de nacionalismo muy particular, y que fue consecuencia de decisiones tomadas hace cincuenta años, impulsadas por la corriente socialdemócrata y tácitamente aceptadas por la corriente socialcristiana cuando ha estado en el gobierno, y que en un primer período logró llevar al país por un sendero de desarrollo social muy superior al de otros países latinoamericanos, y que en un segundo se vio debilitado, no porque el concepto fuera erróneo, sino por el mal uso de su aplicación.

Aquí radica uno de los primeros errores de los países latinoamericanos cuando se habla de transformaciones y rupturas del concepto de Estado, pues se ha tratado de implementar –como es el caso de Costa Rica- los postulados de un modelo divorciado de las realidades nacionales, que es el que propugna el Consenso de Washington, sin haber llevado a cabo las transformaciones previas que permitan lograr lo que en él se propone.  Y mucho de ello tiene que ver con los efectos perniciosos de la emergencia de políticas neoliberales, que constriñen entre otras cosas las actividades de los sindicatos, reducen el gasto del bienestar social y generan un cierto grado de inestabilidad laboral a través de formas más flexibles, pero también más inseguras de trabajo y remuneración.


El Consenso de Washington prescribe la liberalización comercial y financiera, la privatización de las empresas estatales, presupuestos balanceados, tasas de cambio fijas, la integración comercial, etc. como base para el crecimiento económico, lo cual no es del todo cierto, o por lo menos hasta ahora así ha sido demostrado por las consecuencias de las aplicaciones de los modelos neoliberales en algunos países latinoamericanos.  Más bien, se podría afirmar por ejemplo, que los procesos de integración de los países latinoamericanos, más que ser un proceso de integración entre ellos mismos, es un puente para la integración con el sistema financiero y económico de los Estados Unidos de América, y no precisamente en los mejores términos.

Costa Rica, sin embargo, no ha estado exenta de los efectos causados por las reformas económicas a favor del mercado, inducidas en Latinoamérica y el Caribe en las dos décadas y media últimas, las cuales han incrementado los niveles de desigualdad económica y social, concentrando el ingreso, siendo así que asume las características de una Latinoamérica que actualmente muestra la mayor brecha socioeconómica de todas las regiones en desarrollo del mundo.

Y en cuanto al rediseño institucional y de la organización del Estado, hay mucha incertidumbre en los procesos de transición por dos razones básicas: la primera es que no se ha conceptualizado correctamente lo que significa el proceso de ruptura y transformación denominado Reforma del Estado, confundiéndolo con cambios en los fundamentos de los regímenes políticos y los procesos de gobernabilidad, en el mejor de los casos, cuando no ha sido una visión obsoleta de reforma administrativa de las instituciones del gobierno central, ya superada, o la circunscripción del proceso a las instituciones que tienen que ver con lo fiscal y monetario; y en el segundo lugar, porque existe mucha incertidumbre en dichos procesos, por la carencia de mecanismos sociales para asimilar los efectos de los cambios y para propiciar la estabilidad política, social y económica.  En palabras simples: no se ha sabido conceptualizar la Reforma del Estado y como consecuencia de ello no se conoce su forma de instrumentación, aplicación y desarrollo.

Podemos decir que el proceso de Reforma del Estado posee dimensiones sumamente complejas que es imposible expresar brevemente, pero baste con señalar las siguientes: la primera se relaciona con el replanteamiento ideológico del Estado Moderno, que incluye una ruptura filosófico-política en la concepción del Estado, y una visión prospectiva basada en los nuevos paradigmas; la segunda el replanteamiento del rol y las funciones del Estado Moderno con base en los mismos paradigmas y las nuevas realidades globales y nacionales; y la tercera en el replanteamiento institucional-organizacional, que incluye el rediseño de la estructura institucional-organizacional del Estado, la transformación del modelo de gestión, y el rediseño de planes y programas de acción.

Como es de inmediato comprensible, pueden presentarse dos errores de bulto: asignar la responsabilidad de impulsar y desarrollar el proceso a organizaciones del Gobierno Central, cuando la lógica nos indica que una labor como la que se expresa, no es posible asignarla a estas organizaciones, que de por sí ni siquiera cumplen con las más elementales funciones propias. Y en segundo lugar,  que lo más importante de todo es que un proceso de Reforma del Estado no puede ser “propiedad” de un partido político, ni de un gobierno de turno, ni de un grupo específico, sino más bien el resultado de un amplio debate nacional en donde todas las fuerzas del país: políticas, económicas, sociales, religiosas, culturales, sectoriales y tecnológicas, se expresen a través de mecanismos que aseguren su participación.