Inició diciendo que debe aclararse que al producirse un evento, las instituciones del Estado hacen una valoración conjunta, con el propósito de determinar si procede o no la declaración del Estado de Emergencia. Igualmente ellas son las que aportan al plan general el reporte de los daños encontrados, y cuáles deben de ser cubiertos con recursos del Fondo Nacional de Emergencias, y cuáles serán cubiertos por sus actuaciones ordinarias y presupuestos propios, es decir, éstos últimos no serán cubiertos por el FNE sino por los presupuestos individuales de cada institución.

Señaló además, que para los efectos de esta investigación, “debemos señalar, que las obras realizadas en la construcción de la Ruta 1856 las desarrolló el CONAVI utilizando sus propios recursos presupuestarios, sus propios procedimientos legales y bajo su propia estructura jerárquica, desde finales del año 2010 (momento de la primera invasión nicaraguense), durante todo el año 2011 y hasta los primeros meses del año 2012, momento en que se paralizaron las obras.  Durante todo ese tiempo el desarrollo de la Ruta 1856, es decir, por casi un año y medio de construcción, no se gastó una peseta del Fondo Nacional de Emergencias”.

Hizo ver que una vez que se aprueba o publica el Plan General de la Emergencia, la CNE comienza a recibir de las instituciones interesadas los Planes de Inversión, específicos de cada obra de reconstrucción requerida y que se pretenden financiar con recursos del Fondo Nacional de Emergencias.  Estos planes nuevamente deben demostrar el nexo de causalidad entre el suceso y el daño, y por lo tanto estar vinculados al Plan General. Es hasta su aprobación por parte de la Junta Directiva que se reservan recursos del Fondo de Emergencias para la ejecución de la obra.

CONTRATOS DE IMPREVISIBILIDAD.

También indicó que en el caso en investigación, se debe señalar que el CONAVI no requirió de la Declaratoria de Emergencia, de aprobación del Plan General de la Emergencia ni de un Plan de Inversión para la construcción de la Ruta 1856. Esto debido a que ellos desde finales de octubre del 2010 (cuatro meses antes de la emisión del Decreto de Emergencias y diez meses antes de la aprobación del Plan General) dieron inicio a la construcción de esas obras con su propio presupuesto, bajo sus procedimientos de contratación (establecidos en su propia Ley de creación, N° 7798) y siguiendo su propia línea jerárquica.

Ratificó además que tal y como se ha señalando en múltiples ocasiones, la Comisión Nacional de Emergencias, entendida como tal su Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva y los órganos de administración, “no hemos tenido, ni tenemos relación contractual alguna con las empresas o los contratistas involucrados en las obras de la ruta 1856, y en consecuencia, la CNE no ha autorizado nunca, ni ha hecho pagos a empresas o contratistas que hayan tenido alguna participación en esta obra.   Al respecto, la Dirección de Gestión Administrativa de la CNE mediante oficio CNE-DGA-OF-009-2013 de fecha 17 de enero de 2013, certifica que la CNE no ha promovido contrataciones con recurso del Fondo Nacional de Emergencias específicamente para obras o adquisición de materiales para la construcción de la Ruta 1856”.  Aportó para que conste en el acta, copia de dicho oficio y las certificaciones a las cuales hizo referencia.

Dijo además que debían aclarar que las llamadas “contrataciones por imprevisibilidad” no forman parte de los procedimientos reglados por la CNE, no son utilizados por la CNE ni son autorizados por la CNE, ni tienen nada que ver con la CNE.  Es decir, la CNE no construye ni contrata la ejecución de obras utilizando mecanismos de “contratación por imprevisibilidad”. ESE PROCEDIMIENTO ES EXCLUSIVO DEL CONAVI.

Fue enfático al afirmar que el CONAVI procedió a la construcción de los accesos e interconexiones que dieron forma a la Ruta Nacional 1856 a través de ese procedimiento de contratación por imprevisibilidad, el cual incluso inició antes de la Declaratoria de Emergencia por Decreto Ejecutivo, y porque ellos estaban usando sus propios recursos, sus propios procedimientos y sus propios funcionarios, asumiendo ellos la responsabilidad por los contratos y las obras, tal y como lo establece la Ley de Creación del CONAVI. “Como lo hemos mencionado, ese mecanismo de “contratación por imprevisibilidad” es una forma contractual propia y exclusiva del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), quien por disposiciones propias de su ley de creación y al amparo de las normas legales contenidas en la Ley de Contratación Administrativa, lo ha utilizado durante varios años para alquilar maquinaria y desarrollar obras”, expresó.

DINEROS DE CNE ESTÁN EN CAJA UNICA DEL ESTADO.

Asimismo, resaltó que teniendo clara la diferenciación entre competencias, presupuestos y responsabilidades, era conveniente explicar que si bien en fecha 17 de agosto de 2011, la CNE aprobó el Plan General de esta Emergencia, y posteriormente los Planes de Inversión elaborados por el CONAVI a efecto de disponer, ahora sí, de los recursos del FNE,  cuyo traslado presupuestario fue aprobado por la Contraloría General de la República el 26 de marzo del 2012, lo cierto es que la mayor parte de esos dineros aún no han sido invertidos en las obras de la Ruta 1856 y continúan depositados en la cuenta especial de la Caja Única del Estado. Esto,  gracias a las acciones que en su momento dispuso la CNE para garantizar la correcta utilización de tales recursos

Vale la pena señalar que con criterios de la Procuraduría General de la República de octubre del 2011 respaldaron la suscripción de un convenio entre la Comisión y CONAVI para la donación de 19 mil millones de colones del Fondo Nacional de Emergencias, fondos que fueron depositados en una cuenta especial de la Caja Única del Estado a favor del CONAVI en marzo del 2012, la Contraloría General de la República aprobó la incorporación de los primeros 10 mil millones al presupuesto ordinario del CONAVI el 26 de marzo del 2012. “Y aquí quiero ser muy vehemente en señalar que esta Junta Directiva ha reiterado en múltiples oportunidades que de esos 19 mil millones de colones, CONAVI usó sin autorización 2.500 millones de colones y ha exigido continuamente al CONAVI la apropiada rendición de cuentas; el resto, 16.500 millones de colones, continúan resguardados en la Caja Única del Estado”.

 Reafirmó, que la gran mayoría de los fondos recursos destinados por la CNE a este plan de inversión específico del CONAVI se mantienen intactos, no se han utilizado ni mucho menos gastado como algunas personas malintencionadamente lo han dicho.  “En ese sentido, como miembros de la CNE podemos asegurar que estos fondos serán utilizados en estricto apego a lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico  y no como hasta la fecha el CONAVI ha venido ejecutando sus propios presupuestos", indicó finalmente.