TicoVisión Costa Rica

Ante infiltrados de la DIS
como periodistas el COLPER se pronuncia

San José, 24 de enero de 2013.- Ante recientes informaciones dadas a conocer por medios de comunicación, el Colegio de Periodistas de Costa Rica, atendiendo la disconformidad de muchos de nuestros colegas e información en nuestro poder donde se denuncia la infiltración de un agente de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), utilizando carné falso de miembro de un equipo de prensa y suplantando las funciones de los comunicadores.

CONSIDERA:

Que comprende las labores de los funcionarios de la DIS siempre que estén apegadas al marco legal y democrático de la nación.
Que el fin no justifica los medios y, en ese sentido, ningún cuerpo policial o de seguridad debe ni puede cometer hechos, al parecer delictivos, considerando que tienen justificación.
Que se conoce de otros países donde hechos de suplantación similares, como el de la Sra. Ingrid Betancourt, en Colombia, han provocado la consecuente indignación entre la prensa y la Cruz Roja Internacional por el riesgo al que se exponen los equipos periodísticos y de rescate en futuros trabajos.
Que hechos de este tipo ponen en riesgo la integridad física de la prensa,

porque al perder credibilidad ante terceros, se exponen a agresiones de las diversas partes involucradas que ven a los periodistas como parte del conflicto mientras efectúan sus coberturas informativas.
Por lo anterior, CONDENAMOS:

La actuación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado en este contexto.
El comportamiento inapropiado que emplearon contra los miembros de la prensa nacional que reaccionaron, como era su deber, denunciando un hecho no solo irregular, sino al parecer ilegal.
El silencio de parte del Sr. Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, al abstenerse a dar la cara por la actuación de un departamento a su cargo.

FINALMENTE:

El Colegio de Periodistas de Costa Rica, en pleno uso de las facultades que le confiere la ley, y en su deber de denunciar cualquier hecho que parezca ilegal o que atente contra el estado de derecho y democrático del país, valora presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que se inicie una investigación y de ser posible se sienten las responsabilidades legales que ameriten hechos como los acontecidos y se establezca precedente para evitar actos similares.