Acotó que se trabaja con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo en un plan piloto   para 200 personas, que tiene un costo 600 millones de colones  y que luego de eso expertos internacionales del Banco realizarán un proceso de evaluación para  reglamentar el sistema y amplia la cobertura.

Con relación a la aplicación de este mecanismo en menores de edad el jerarca de Justicia sostuvo que no ve viable su aplicación a este sector de la población y que debería valorarse a la luz de una reforma a la  Ley Penal Juvenil.

Por su parte la Directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz Cascante indicó que su preocupación se da en que este tipo de mecanismos se usen para personas que van a ser sometidas ante un juez de ejecución de la pena para ver si les concede la libertad condicional y no para otro sector del sistema penal.

Señalo que se está dejando por fuera una población que si ocupa de este tipo de medidas, por lo que abogo para implementar estos dispositivos durante la prisión preventiva, en caso de mujeres  jefa de hogar con hijos  que por primera vez cometen un delito y son sentenciadas a penas de seis años y a todo individuo sentenciado igualmente por primera vez a una pena no mayor de seis años.