A partir de hoy rige la Ley Contra la Trata de Personas en Costa Rica - TicoVisión
Crea nuevos delitos como el tráfico de órganos, turismo sexual y explotación laboral.
08 de febrero de 2013 | TicoVisión | Redacción - | Nacionales / Derechos Humanos | San José, Costa Rica | Tribuna para el Libre Pensamiento
A partir de hoy rige la Ley
Contra la Trata de Personas en Costa Rica
San José, 8 de febrero de 2013.- La Ley número 9095 Contra la Trata de Personas, que incluye nuevas herramientas y financiamiento real para el combate de este flagelo, rige a partir de hoy viernes tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Esta legislación, promovida desde hace varios años por la Dirección General de Migración y Extranjería y otras instancias, crea nuevos delitos y aumenta las penas en otros, lo que constituye un gran avance en la lucha contra la ilegal actividad.
Costa Rica es un país receptor, de tránsito y de origen de víctimas de este delito que, según las autoridades, afecta a más de 12 millones de personas en todo el mundo. Se trata del segundo ilícito más lucrativo a nivel mundial, solo superado por el narcotráfico.
El director interino de Migración y Extranjería, Freddy Montero Mora, destacó la importancia de esta legislación y recordó que crea un fondo permanente que garantiza recursos para la prevención y la atención de víctimas.
Esta legislación, promovida desde hace varios años por la Dirección General de Migración y Extranjería y otras instancias, crea nuevos delitos y aumenta las penas en otros, lo que constituye un gran avance en la lucha contra la ilegal actividad.
Costa Rica es un país receptor, de tránsito y de origen de víctimas de este delito que, según las autoridades, afecta a más de 12 millones de personas en todo el mundo. Se trata del segundo ilícito más lucrativo a nivel mundial, solo superado por el narcotráfico.
El director interino de Migración y Extranjería, Freddy Montero Mora, destacó la importancia de esta legislación y recordó que crea un fondo permanente que garantiza recursos para la prevención y la atención de víctimas.
Se trata de un dólar adicional que se cobrará por concepto de impuesto de salida (pasará de $28 a $29), lo que permitirá a las autoridades nacionales contar con de entre $1.5 millones a $2 millones anualmente.
La Ley es una respuesta real a la responsabilidad adquirida por nuestro país ante la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños.
Hasta el año anterior, se habían atendido a 93 personas víctimas de esta flagelo que lideran peligrosas organizaciones del crimen organizado internacional.
Entre las novedades, destaca la creación del delito de Tráfico ilícito de órganos, tejidos y/o fluidos humanos, el cual será sancionado con de ocho a 16 años de prisión quien “posea, transporte, venda o compre de forma ilícita órganos, tejidos y/o fluidos humanos.”
Establece también sanciones para el delito de Turismo sexual, el cual es ahora sancionado con de cuatro a ocho años de prisión “quien promueva o realice programas, campañas o anuncios publicitarios, haciendo uso de cualquier medio para
proyectar al país a nivel nacional e internacional como un destino turístico accesible para la explotación sexual comercial o la prostitución de personas”.
También fija, por primera vez, penas de prisión ( de tres años a cinco años) contra propietarios, arrendadores, administradores o poseedores de establecimientos donde se destine o se beneficie de la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes o sus actividades conexas.
Además fija de ocho a dieciséis años, quien promueva, facilite o favorezca la venta, para cualquier fin, de una persona menor de edad y perciba por ello cualquier tipo de pago, gratificación, recompensa económica o de otra naturaleza.
La pena aumenta a de diez a veinte años de cárcel cuando “el autor sea un ascendiente o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, el encargado de la guarda, custodia o cualquier persona que ejerza la representación de la persona menor de edad. Igual pena se impondrá al profesional o funcionario público que venda, promueva, facilite o legitime, por medio de cualquier acto, la venta de la persona menor. Al profesional y al funcionario público se le impondrá también inhabilitación de la duración”.
La Ley además fija de forma clara acciones directas contra este tipo de delito y formula las líneas fundamentales para la política nacional del tema, tarea que corresponde a diversas entidades estatales y de la sociedad civil, ahora integradas en un solo frente de lucha.
La Ley es una respuesta real a la responsabilidad adquirida por nuestro país ante la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños.
Hasta el año anterior, se habían atendido a 93 personas víctimas de esta flagelo que lideran peligrosas organizaciones del crimen organizado internacional.
Entre las novedades, destaca la creación del delito de Tráfico ilícito de órganos, tejidos y/o fluidos humanos, el cual será sancionado con de ocho a 16 años de prisión quien “posea, transporte, venda o compre de forma ilícita órganos, tejidos y/o fluidos humanos.”
Establece también sanciones para el delito de Turismo sexual, el cual es ahora sancionado con de cuatro a ocho años de prisión “quien promueva o realice programas, campañas o anuncios publicitarios, haciendo uso de cualquier medio para
proyectar al país a nivel nacional e internacional como un destino turístico accesible para la explotación sexual comercial o la prostitución de personas”.
También fija, por primera vez, penas de prisión ( de tres años a cinco años) contra propietarios, arrendadores, administradores o poseedores de establecimientos donde se destine o se beneficie de la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes o sus actividades conexas.
Además fija de ocho a dieciséis años, quien promueva, facilite o favorezca la venta, para cualquier fin, de una persona menor de edad y perciba por ello cualquier tipo de pago, gratificación, recompensa económica o de otra naturaleza.
La pena aumenta a de diez a veinte años de cárcel cuando “el autor sea un ascendiente o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, el encargado de la guarda, custodia o cualquier persona que ejerza la representación de la persona menor de edad. Igual pena se impondrá al profesional o funcionario público que venda, promueva, facilite o legitime, por medio de cualquier acto, la venta de la persona menor. Al profesional y al funcionario público se le impondrá también inhabilitación de la duración”.
La Ley además fija de forma clara acciones directas contra este tipo de delito y formula las líneas fundamentales para la política nacional del tema, tarea que corresponde a diversas entidades estatales y de la sociedad civil, ahora integradas en un solo frente de lucha.
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