1. Levantar la prohibición , impuesta en enero de 2010, de liberar de Guantán amo a cualquiera de los 56 yemeníes absueltos.
   
   
2. Designar a una nueva perso na específicamente encargada de cerrar Guantánamo y de encontrar un nuevo destino para los prisioneros absueltos que necesiten ayuda.
   
   
3. Llevar la lucha al Congreso y dejar de tratar a los prisioneros absueltos como peleles en un cínico juego de maniobras políticas, allanando el camino para que todos los 86 prisioneros absueltos sean repatriados o realojados en otros países en condiciones de seguridad.

Estas siguen siendo demandas enormemente importantes, esenciales si EEUU está dispuesto a recuperar algo de la credibilidad perdida, como nación fundada sobre el imperio de la ley, en la “guerra contra el terror” declarada por la administración Bush.

Sin embargo, estamos además profundamente preocupados respecto a las circunstancias por las que se retiene a los otros 46 prisioneros. En 2010, cuando el Grupo Operativo Interdepartamental para la Supervisión de Guantánamo, nombrado por el Presidente Obama en 2009, entregó su informe final , las autoridades y juristas implicados recomendaron en aquel momento que se retuviera de forma indefinida, sin acusación ni juicio, a 48 de los prisioneros sobre la base de que eran demasiado peligrosos para dejarles libres, aunque las autoridades concedieron que no había pruebas suficientes para procesarles. Desde entonces, dos de esos hombres han muerto, lo que da un total de 46.

No sólo el Presidente Obama aceptó esas recomendaciones sino que, en marzo de 2011, emitió una orden ejecutiva autorizando la detención indefinida de esos hombres. El Presidente trató de dejar claro que esta política de detención indefinida se aplicaba sólo a esos 48 hombres, pero sentó un peligroso precedente al formalizar la detención indefinida –aunque supuestamente limitada a ese ámbito- como política oficial de la administración Obama.

También proporcionó una sólida base para la legislación, aprovechada por los congresistas en 2011 –y de nuevo en 2012-, en el Acta de Autorización de la Defensa Nacional (NDDA, por sus siglas en inglés), autorizando la detención militar forzosa, sin acusación ni juicio, de quien pudiera considerarse como sospechoso de terrorismo vinculado con Al-Qaida y/o los talibanes. Sin el peligroso e injusto precedente sentado en Guantánamo, como he señalado repetidamente , no habría habido base para las intolerables propuestas de detención indefinida presentadas por los legisladores el pasado año y el anterior.

Además, la misma noción de que hay personas que son demasiado peligrosas como para que se las pueda liberar, a pesar de que no existen pruebas suficientes para procesarlas, socava profundamente la base entera de la detención en países que se definen ellos mismos como civilizados, en los que el mandato del habeas corpus (introducido por vez primera en Inglaterra en 1215), garantiza que nadie pueda ser detenido arbitrariamente, es decir, que toda persona tiene derecho a que el caso en su contra se escuche en un tribunal.

La única excepción a lo anterior es retener a personas en tiempo de guerra como prisioneros de guerra, lo que puede hacerse hasta el fin de las hostilidades, pero esta es una opción que se eliminó con la administración Bush y que el Presidente Obama no ha reinstaurado.

Volviendo a marzo de 2011, cuando el Presidente emitió su orden ejecutiva autorizando la detención indefinida de 48 de los restantes prisioneros de Guantánamo, trató de aplacar las críticas prometiendo que haría revisiones periódicas de los casos de esos hombres para determinar si era o no adecuado que siguieran detenidos. Esto fue algo insultante, esas “revisiones periódicas” habían sido el distintivo de la administración Bush, un proceso que el Tribunal Supremo halló “inadecuado” y que implicaba la utilización de pruebas clasificadas y prohibía que los prisioneros dispusieran de abogados.

Sin embargo, bajo el Presidente Bush, el proceso de revisión produjo al menos la liberación de numerosos prisioneros, mientras que recientemente se ha puesto de manifiesto que las revisiones prometidas por el Presidente Obama no se han materializado.

En diciembre, el Wall Street Journal publicó un artículo de Julian E. Barnes y Evan Perez, titulado “ Obama Pressed Over Gitmo Reviews” [Obama recibe presiones respecto a las revisiones de Gitmo], que empezaba diciendo: “La administración Obama no está atendiendo su promesa de reexaminar la amenaza planteada por docenas de presos retenidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, provocando choques con aliados políticos que se sienten indignados ante la inacción del Presidente respecto al sistema estadounidense de detención de terroristas”.

La mención a los “aliados políticos” resultó ser una referencia al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que, como el Wall Street Journal indicaba, “tiene autoridad, en virtud de los Convenios de Ginebra, para supervisar el trato dado a los prisioneros de guerra a fin de impedir los malos tratos y torturas”, y que “ha planteado la cuestión de las desaparecidas revisiones a altos funcionarios estadounidenses en recientes reuniones celebradas en EEUU y en Ginebra. También ha reconocido públicamente su preocupación, una extraña reprimenda por parte de una agencia que habitualmente trabaja bajo estricta neutralidad y secreto”.

Según la descripción ofrecida por el Wall Street Journal , Pierre Kraehenbuehl, director de operaciones de CICR, visitó Washington a mediados de diciembre para reunirse con varias autoridades y “planteó el tema de las revisiones, según personas a las que se informó de la visita”. El WSJ citaba también que el CICR había insistido en el tema en recientes reuniones en Ginebra con Daniel Fried, el enviado especial para el cierre de Guantánamo, quien recientemente fue eximido de su puesto y trasladado a otra parte, una situación sobre la que escribimos hace unas dos semanas, y que motivó un llamamiento al Presidente por nuestra parte para que “designara una nueva persona que se ocupara específicamente del cierre de Guantánamo y encontrara nuevos hogares para los prisioneros absueltos que pudieran necesitar ayuda”.

El CICR “declinó hacer comentarios acerca de sus comunicaciones confidenciales con gentes del Pentágono y otros funcionarios” pero reconoció que había sacado el tema de las revisiones desde el comienzo de la administración Obama”, como había indicado el WSJ. Simon Schorno, portavoz del CICR en Washington, confirmó que el CICR “continúa planteando esta importante cuestión como parte del diálogo confidencial que mantiene con las autoridades estadounidenses, incluido el Departamento de Defensa”.

Los funcionar ios estadounidenses le dijeron al WSJ que “probablemente las revisiones periódicas empezarían a primeros de año”. El teniente coronel Todd Breasseale, portavoz del Pentágono, dijo: “Estamos intentando cumplir la orden ejecutiva presidencial y anticipamos que iniciaremos pronto esas vistas”.

Fue indignante que un alto funcionario no identificado añadiera: “Es probable que el hecho de retener durante mucho tiempo a los detenidos sin llevarlos a juicio suponga un riesgo importante, y es probable que la amenaza que representan no haya disminuido desde la revisión inicial de la administración, así pues, el retraso en empezar con las revisiones no tiene mayor importancia”.

Eso es especialmente ignominioso, porque indica la aceptación, dentro de la administración, de una información que ante todo es poco fiable.

El 31 de diciembre, instamos a la administración a consultarnos acerca de los 46 hombres oficialmente sometidos a detención indefinida, subrayando que “en estos momentos se les retiene indefinidamente sin acusación o juicio sobre la base de que son supuestamente peligrosos y, por tal razón, no puede dejárseles libres, incluso aunque no hay siquiera pruebas suficientes como para poder enjuiciarles”, y añadiendo: “Podemos confirmar que esto significa que las supuestas pruebas no son tales sino que consisten ante todo en declaraciones no fiables, hechas principalmente por otros prisioneros de la “guerra contra el terror”, no sólo en Guantánamo, sino también en los ‘sitios negros’ de la CIA.

Añadimos: “Estamos dispuestos a reunirnos con funcionarios del gobierno para discutir la base fundamentalmente no fiable de las supuestas pruebas contra la mayoría de los prisioneros de Guantánamo, y estamos haciendo planes para dar publicidad a nuestros hallazgos según vaya avanzando el año”.

Así están las cosas y confiamos en que haya alguna respuesta positiva.

A continuación, exponemos en su totalidad un editorial del Washington Post en el que aborda la cuestión que creemos necesita de acción urgente y mente abierta por parte de los responsables de adoptar decisiones importantes sobre esos hombres, quienes, a diferencia de lo expresado por el funcionario sin identificar citado antes, como muchos otros, se dejan influir demasiado fácilmente por una información que está profunda y trágicamente contaminada por la tortura, la coacción y los abusos que han sido parte fundamental en la “guerra contra el terror”.

“La inercia del Sr. Obama respecto a Guantánamo”

Editorial del Washington Post (22 de diciembre de 2012):

La administración Obama ha sido lamentablemente refrenada por el Congreso y presionada para que se desentienda de la prisión militar en la Bahía de Guantánamo, Cuba. Pero la reprimenda recibida hace poco del Comité Internacional de la Cruz Roja fue algo ganado a pulso. A pesar de prometer el establecimiento de un nuevo sistema de revisiones de los detenidos extranjeros aún retenidos en las instalaciones, la administración no había iniciado ni un solo proceso. Eso significa que hay ahora menos procesos debidos en Guantánamo que durante los últimos años de la administración de George W. Bush.

La anterior administración, vilipendiada por utilizar Guantánamo para retener a los sospechosos de terrorismo capturados en el extranjero, empezó finalmente a celebrar revisiones anuales para determinar si los detenidos suponían aún una amenaza. Después de llevar a cabo su propia revisión de los prisioneros, el Presidente Obama, que llegó al poder prometiendo cerrar Guantánamo en el plazo de un año, firmó una orden ejecutiva en marzo de 2011 que establecía una nueva Junta Periódica de Revisión para supervisar los casos. Hay una necesidad urgente de que se realicen ya esas revisiones: De los 166 prisioneros que todavía están en Guantánamo, entre 40 y 60 no serán probablemente juzgados nunca por una comisión militar. Aunque puede que algunos no sean nunca declarados no amenazantes, hay otros que se merecen una revisión imparcial y minuciosa.

¿Por qué la Junta no ha empezado a trabajar después de la orden ejecutiva de Obama? La principal razón parece ser la lentitud de la burocracia del Pentágono. No sin cierta razón, los funcionarios temían tocar las cuestiones de Guantánamo: viendo cómo el Congreso maltrató a Eric H. Holder, del Departamento de Justicia, después de que propusiera que se celebraran en Nueva York juicios civiles con algunos detenidos, o el despido del consejero de la Casa Blanca Greg Craig después de que presionara para actuar con rapidez para trasladar a los prisioneros de Guantánamo.

Los funcionarios del Pentágono dicen ahora que la Junta de Revisión empezará a trabajar a principios del próximo año. Pero eso deja aún al Presidente Obama con una considerable resaca de Guantánamo durante su segundo mandato. Aunque sea necesario retener a algunos de los prisioneros, 86 de ellos permanecen en la prisión a pesar de haber sido absueltos y de que están pendientes de traslado a sus países de origen. La pasada semana, miembros del Congreso aprobaron la redacción del acta de autorización anual de la defensa que continúa prohibiendo que se traslade a los prisioneros a EEUU durante 2013 y mantiene duras restricciones para su traslado a otras naciones.

Si el Sr. Obama tiene intenciones serias de cerrar Guantánamo, vetará el proyecto de ley, como la administración ha amenazado que hará [ Nota: No se ha producido tal cosa ]. Pero como hemos dicho antes, cerrar Guantánamo será un acto en gran medida simbólico; más importante es aplicar justicia, o al menos el proceso debido, a los prisioneros que siguen allí. La administración podría empezar garantizando que trasladará a algunos de ellos, incluso con las restricciones establecidas por el Congreso; podría negociar con gobiernos como Túnez y Arabia Saudí acerca de crear las condiciones adecuadas para el retorno de otros detenidos. El mayor problema es el regreso de un grupo de 56 yemeníes absueltos, pero incluso en ese complicado caso, la administración podría empezar a trabajar con Yemen para crear una instalación apropiada de detención.

Resolver los problemas de Guantánamo es sólo cuestión de voluntad política. Hasta ahora, esa voluntad no aparece por parte alguna.

¡Apoya la lucha para cerrar Guantánamo!

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Andy Wortington es autor de The Guantánamo Files: The Stories of the 774 Detainees in America’s Illegal Prison (publicado por Pluto Press, y disponible en Amazon) y de otros dos libros: Stonehenge: Celebration and Subversión y The Battle of the Beanfield.

Fuente:http://www.uruknet.info/?p=95604

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández