Redacción.- Con los votos del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), el Movimiento Libertario y el diputado evangélico del partido Renovación Costarricense, Justo Orozco, el pasado 1 de Julio el Congreso de Costa Rica autorizó el ingreso a ese país de 46 buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos, 200 helicópteros y aviones de combate, y 7.000 marines. Si bien la multiplicidad de versiones encontradas no permiten ver con claridad el origen de esta decisión, la escasa evidencia disponible parece señalar que fue Washington quien solicitó la internación de las tropas. Es sumamente llamativo el silencio de la prensa de Estados Unidos sobre el tema y la ausencia de cualquier referencia explícita a esta autorización en los boletines de prensa diarios de los departamentos de Estado y de Defensa, todo lo cual alimenta la sospecha de que fue la Casa Blanca la que tomó la iniciativa favorablemente acogida por el Congreso costarricense y para la cual exigió la mayor discreción. Lo que se comunicó al país centroamericano fue que la situación imperante en México había forzado a los cárteles de la droga a modificar sus rutas tradicionales de aproximación e ingreso a Estados Unidos y que para desbaratar esa maniobra era preciso garantizar el despliegue de un sólido contingente de fuerzas militares en el istmo centroamericano, condición sine qua non para librar una efectiva batalla en contra del narcotráfico. Como era previsible, el gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla - estrechamente vinculada a lo largo de muchos años con la USAID, nada menos- brindó todo su apoyo y el de sus parlamentarios para responder obedientemente a la requisitoria de Washington.

A nadie sorprende la apelación al pretexto del narcotráfico pues es el que corrientemente utiliza Washington -a falta de otros, como los que brindara el terremoto en... Haití- para justificar la intrusión del personal militar estadounidense en los países de Nuestra América. No obstante, conspira contra la credibilidad de este argumento el hecho que sean precisamente los países caracterizados por una fuerte presencia militar de Estados Unidos quienes sobresalen por su producción y comercialización de narcóticos. Tal como quedó demostrado en El Lado Oscuro del Imperio. La Violación de los Derechos Humanos por Estados Unidos, fuentes inobjetables de las Naciones Unidas (la UNODOC, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen) demuestran con estadísticas abrumadoras que desde que las tropas de Estados Unidos se instalaron en Afganistán se produjeron grandes avances en la producción y exportación de opio y la fabricación de heroína, a la vez que en Colombia la presencia estadounidense no fue óbice (sino todo lo contrario) para que se registrase una notable expansión de los cultivos de coca.

Todo esto no debería causar sorpresa alguna, por varias razones. Una de ellas es que el país que se arroga el derecho a combatir el narcotráfico en todo el mundo demuestra una incapacidad tan asombrosa como sospechosa para hacer lo propio dentro de sus fronteras, desde desmontar las redes que vinculan a las mafias del narco con las autoridades, las policías y los jueces locales y estatales que hacen posible el negocio de la droga hasta implementar una campaña mínimamente significativa para contener la adicción y recuperar a los adictos. Nada sorprendente, insistimos, por cuanto el narcotráfico mueve una cifra que se empina por encima de los 400.000 millones de dólares, anuales, que luego son convenientemente “lavados” en los numerosos paraísos fiscales que los principales países capitalistas han establecido a lo largo y a lo ancho del planeta (comenzando por Estados Unidos y Europa) para ser luego introducidos al sistema bancario oficial y, de ese modo, fortalecer los negocios del capital financiero. Por otra parte, la debilidad e inconsistencia de este pretexto, el de la “lucha contra el narcotráfico”, se tornan más evidentes cuando se aprende que Estados Unidos es el primer productor mundial de marihuana, lo que según un estudio de la Fundación Drug Science, reporta a ese país una suma superior a los 35.000 millones de dólares, cifra que supera el valor combinado de la producción de trigo y maíz. [2] Tercero y último, ¿cómo subestimar la importancia que tienen el control y la administración del negocio de los narcóticos para sostener la dominación imperialista en las provincias exteriores del imperio? ¿No fue acaso Gran Bretaña quien reintrodujo el opio en China (droga que había sido prohibida por el emperador Yongzheng debido a los perjuicios que ocasionaba a su población) cuyo consumo masivo promovido por los británicos sirvió para equilibrar sus déficits de balanza comercial con el celeste imperio? Para impulsar esa adicción entre los chinos, británicos y portugueses libraron dos guerras, entre 1839 y 1842 y 1856 y 1860, a resultas de las cuales establecieron dos cabeceras de playa para organizar el tráfico del opio en toda la China: una en Hong Kong, bajo control inglés, y otra en Macao, dominada por los portugueses. ¿Por qué tendríamos hoy que pensar que Estados Unidos, hijo putativo del imperio británico, habría de ser movido por otros intereses cuando declara, de la boca para afuera, la guerra al narcotráfico? ¿No resulta acaso funcional a sus intereses tener una América Latina caracterizada por la proliferación de “estados fallidos” -carcomidos por la corrupción que genera el tráfico de estupefacientes y sus secuelas: desintegración social, mafias, paramilitares, etcétera- e incapaces por eso mismo de ofrecer la menor resistencia a los designios imperiales?

El permiso concedido por el Congreso de Costa Rica se extiende por seis meses, a partir del 1 de Julio del corriente año. No obstante, esta concesión, que se materializa en el contexto de la Iniciativa Mérida (que abarca a México y Centroamérica) es un proyecto que tiene metas pero no plazos, por lo cual la probabilidad de que las tropas estadounidenses salgan de Costa Rica a finales de este año y retornen a sus cuarteles en la metrópolis es prácticamente cero. Además, la experiencia internacional enseña que tanto en Europa como en Japón las tropas que Estados Unidos estacionó allí después de la Segunda Guerra Mundial por unos pocos años, extendidos luego con el pretexto de la Guerra Fría, ya llevan en esas locaciones más de 65 sin que sus jefes den las menores muestras de aburrimiento o deseos de regresar a casa. En Okinawa, la repulsa generalizada de la población local contra los ocupantes yankis -que, amparados en su inmunidad, matan, violan y roban a su antojo- no fue suficiente para forzar el desmantelamiento de la base estadounidense. De paso, este incidente subraya la valentía y eficacia del gobierno de Rafael Correa que sí logró la salida de las tropas estadounidenses de la base de Manta. Y en caso de que hubiera un clamor popular exigiendo reeditar tan insólita ocurrencia en Costa Rica, un par de operaciones criminales de esas que la CIA sabe montar muy bien harían que ese pedido se revirtiese instantáneamente, sobre todo con un gobierno como el de Laura Chinchilla que se desvive por demostrar su incondicional sumisión a los dictados del imperio.

Al igual que lo establecido en el Tratado Obama-Uribe mediante el cual Colombia cede inicialmente el uso de siete bases militares a Estados Unidos, en el caso que nos ocupa el personal militar de este país gozará de total inmunidad ante la justicia costarricense, y sus integrantes podrán entrar y salir de Costa Rica a su entera voluntad, circular por todo el territorio nacional vistiendo sus uniformes y portando sus pertrechos y armamentos de combate. Con esta decisión la soberanía de Costa Rica no sólo es humillada sino que llega a los límites del ridículo para un país que, en 1948, abolió sus fuerzas armadas y que, en gran medida gracias a eso, pudo desarrollar una política social de avanzada en el deprimente contexto regional centroamericano porque el gendarme oligárquico había sido desbandado. En lo que hace al armamento, la autorización del Congreso permite el ingreso de guardacostas y pequeños navíos pero también de otros como el portaaviones de última generación MakinIsland, botado en agosto del 2006 y dotado de capacidad para albergar a 102 oficiales y 1.449 marines, pudiendo transportar 42 helicópteros CH-46, cinco aviones AV-8B Harrier y seis helicópteros Blackhawks. Aparte de eso la legislación aprobada extiende su permiso para naves como el USS Freedom, botado en el 2008, con capacidad para combatir a submarinos e internarse en aguas poco profundas. El permiso se extiende también a otros navíos, tipo catamarán, un buque hospital y vehículos varios de reconocimiento con capacidad para transportarse tanto por mar como por tierra. Armamentos y pertrechos que, en síntesis, de poco y nada sirvan para combatir al narcotráfico, en el dudoso caso de que esa sea la voluntad de los ocupantes. Es más que evidente que su objetivo es otro.

Esta iniciativa del gobierno estadounidense hay que situarla en el contexto de la creciente militarización de la política exterior de los Estados Unidos, cuyas expresiones más importantes en el marco latinoamericano han sido, hasta ahora, la reactivación de la Cuarta Flota, la firma del tratado Obama-Uribe, la de facto ocupación militar de Haití, la construcción del muro de la vergüenza entre México y Estados Unidos, el golpe de Estado en Honduras y la posterior legitimación del fraude electoral que elevó a Porfirio Lobo a la presidencia, la concesión de nuevas bases militares por el gobierno reaccionario de Panamá, a todo lo cual se le agrega ahora el desembarco de los marines en Costa Rica. Por supuesto, todo lo anterior articulado con el mantenimiento del bloqueo y acoso a la Revolución Cubana y el permanente hostigamiento a Venezuela, Bolivia y Ecuador. En el plano internacional el desembarco de los marines estadounidenses en Costa Rica debe ser interpretado en el marco de la inminente guerra contra Irán y la grotesca provocación a Corea del Norte, sobre cuyas gravísimas consecuencias hace tiempo viene advirtiendo en sus Reflexiones el Comandante Fidel Castro Ruz.

Cf. Atilio A. Boron y Andrea Vlahusic, El Lado Oscuro del Imperio. La Violación de los Derechos Humanos por Estados Unidos (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009), pg. 73.