y sus habitantes para este caso en particular. Aquí hablamos específicamente de la opción por la concesión que a toda luces es rechazada por las comunidades no solo por el impacto en el costo de la obra sino también porque existen dudas de los habitantes por la forma en que se otorgó la obra a una empresa internacional”, dijo la Defensora de los Habitantes.

Para la Defensoría el Poder Ejecutivo debe ordenar una revisión de todos los actos en este caso, y quizás con la integración de un órgano técnico independiente, con representación ciudadana, puede resultar una alternativa viable que garantice si lo que se ha hecho hasta el momento se encuentra técnica y jurídicamente correcto como se ha venido asegurando, o si por el contrario, requiere de cambios importantes que deban ser corregidos, ampliados o incluso, valorar su nulidad de encontrarse vicios en ese sentido.

“Estamos hablando de una de las carreteras más importantes del país y todos los esfuerzos que se realicen para que haya más claridad y transparencia debe ser sujeto de atención por parte de las autoridades gubernamentales. La reacción de los y las habitantes no debe ser tomada a la ligera, sino más bien, un llamado de atención muy importante que implica hacer todo lo que se encuentra al alcance para que sus opiniones y sus manifestaciones sean escuchadas y discutidas de manera seria y responsable”, agregó Taitelbaum.

Considera la Defensoría que, con voluntad política y ciudadana, esta situación puede encontrar salidas a las diferencias. La Defensoría vuelve a insistir en su anuencia como institución a facilitar un proceso de diálogo e igualmente seguir con las acciones que considera pertinente.