Gobierno debe despejar dudas antes de firmar arreglo con OAS - TicoVisión
Defensoría sostiene que el análisis de nulidad antecede a cualquier tipo de acuerdo y sería lo más responsable que puede llevar adelante las autoridades.
25 de abril de 2013 | TicoVisión | Redacción - | Nacionales | San José, Costa Rica | Tribuna para el Libre Pensamiento
Gobierno debe despejar dudas de nulidad
del contrato antes de firmar un arreglo con OAS
San José, 25 de abril de 2013.- La Defensoría de los Habitantes sostiene que el Poder Ejecutivo debe despejar todas las dudas existentes sobre la validez que pesa sobre el contrato firmado con la empresa OAS para la concesión de la carretera hacia San Ramón, antes de llegar al uso de cualquier otra figura jurídica, incluso un “mutuo acuerdo” debido a que las consecuencias tanto económicas, legales como de responsabilidad son completamente diferentes para las partes ante la finalización de la relación.
Esta Defensoría considera que la decisión de dar por finalizado el contrato por parte de la administración ha sido correcta, pero debe utilizar la forma jurídica procedente como lo ha venido insistiendo esta institución.
Esta Defensoría considera que la decisión de dar por finalizado el contrato por parte de la administración ha sido correcta, pero debe utilizar la forma jurídica procedente como lo ha venido insistiendo esta institución.
Para la Defensoría, de concretarse las dudas de legalidad en el contrato podría generar su invalidez, y ante esa posibilidad, lo responsable sería dirigir los esfuerzos a estudiar con rigurosidad estos puntos en aras de las consecuencias de los mismos, y no dejar por sentado, sin análisis previo, que todo está apegado a derecho.
“Queremos dejar claro como Defensoría que no se puede pactar sobre un acto nulo; en este sentido, el análisis de nulidad antecede a cualquier acuerdo, ya que lo que es absolutamente nulo por disposición legal es incapaz de producir efectos jurídicos para las partes”, aseguró el Defensor Adjunto de los Habitantes, Luis Gerardo Fallas Acosta.
Considera esta Defensoría que si lo que existe es un acuerdo verbal como lo ha asegurado autoridades gubernamentales a través de medios periodísticos y todavía no existe nada por escrito, debe encaminarse a estudiar las dudas de legalidad que se le han señalado al contrato por varios sectores de la población, pues lo oportuno y adecuado, sería entrar primero a su análisis, previo a cualquier otra decisión que vaya a generar efectos más onerosos para el país.
“Insistimos en el punto de la nulidad como lo han venido haciendo también los representantes del Foro de Occidente, abogados particulares y representantes del Congreso, debido a que las consecuencias jurídicas y económicas para el país pueden ser menos gravosas, si se llega a la conclusión de que ha existido una nulidad, dejando con ello la imposibilidad de estar frente a un escenario de un acuerdo entre las partes”, agregó el Defensor Adjunto de los Habitantes.
La Defensoría de los Habitantes continúa investigando esta situación para determinar nuevos elementos que podrían contribuir a que las autoridades responsables puedan tener mayores elementos de juicio para determinar otras acciones y salidas a esta situación.
“Queremos dejar claro como Defensoría que no se puede pactar sobre un acto nulo; en este sentido, el análisis de nulidad antecede a cualquier acuerdo, ya que lo que es absolutamente nulo por disposición legal es incapaz de producir efectos jurídicos para las partes”, aseguró el Defensor Adjunto de los Habitantes, Luis Gerardo Fallas Acosta.
Considera esta Defensoría que si lo que existe es un acuerdo verbal como lo ha asegurado autoridades gubernamentales a través de medios periodísticos y todavía no existe nada por escrito, debe encaminarse a estudiar las dudas de legalidad que se le han señalado al contrato por varios sectores de la población, pues lo oportuno y adecuado, sería entrar primero a su análisis, previo a cualquier otra decisión que vaya a generar efectos más onerosos para el país.
“Insistimos en el punto de la nulidad como lo han venido haciendo también los representantes del Foro de Occidente, abogados particulares y representantes del Congreso, debido a que las consecuencias jurídicas y económicas para el país pueden ser menos gravosas, si se llega a la conclusión de que ha existido una nulidad, dejando con ello la imposibilidad de estar frente a un escenario de un acuerdo entre las partes”, agregó el Defensor Adjunto de los Habitantes.
La Defensoría de los Habitantes continúa investigando esta situación para determinar nuevos elementos que podrían contribuir a que las autoridades responsables puedan tener mayores elementos de juicio para determinar otras acciones y salidas a esta situación.
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