APSE denuncia desprotección
de colegios en zonas de riesgo

El secretario general de la APSE, Mariano Rodríguez Pacheco (izq.),  manifestó, al personal apsino del colegio Ricardo Fernández Guardia, que la organización “los defenderá a ultranza en caso de que pretendan inculparlos de la situación de violencia registrada recientemente.

San José, 24 de mayo de 2013.-  En total abandono se encuentran los centros educativos ubicados en zonas de alto riesgo, como es el caso del colegio Ricardo Fernández Guardia, en San Sebastián, donde la integridad física de los estudiantes y los trabajadores está en peligro constante.

Las instituciones del Gobierno encargadas de velar por la seguridad no implementan medidas de protección en los alrededores de esos colegios acechados por delincuentes, lo que mantiene en zozobra a la comunidad educativa, denunció la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

El caso más reciente se registró el jueves 16/5/2013 en el Ricardo Fernández. Un estudiante de noveno fue vapuleado por una turba. “Mañana la víctima podría ser un trabajador de la institución”, advirtió la presidenta de la APSE, Beatriz Ferreto López.

Una de las quejas recurrentes de los profesores es la falta de recursos para hacerle frente a la inseguridad que sufren el personal y los estudiantes.

Pese a que el Director Regional afirmó, el miércoles 22 de mayo, al secretario general de la APSE, Mariano Rodríguez Pacheco, que “no se ha hablado de abrirles expedientes disciplinarios a los trabajadores del colegio”, al día siguiente, a través de Telenoticias, autoridades educativas no descartaban despidos por presunta negligencia en la situación de violencia registrada en los alrededores del colegio de San Sebastián.

Además, la directora del departamento de Niñez y Adolescencia del MEP, Rocío Solís, dijo que se iba a abrir una investigación para sentar responsabilidades.

Una muestra de la falta de voluntad política del Gobierno de Laura Chinchilla en materia de seguridad en los colegios ubicados en zonas marginales, es su rechazo al proyecto de Ley para el Reconocimiento de Incentivo por Peligrosidad a favor de Agentes de Seguridad y Vigilancia del MEP, expediente N.° 17.171.