con pena de prisión de cuatro a ocho años, quien induzca, mantenga o someta a una persona a la realización de trabajos o servicios en grave detrimento de sus derechos humanos fundamentales, medie o no consentimiento de la víctima. La pena será de seis a doce años de prisión, si la víctima es persona menor de dieciocho años de edad o se encuentra en situación de vulnerabilidad."

Como es de conocimiento público, 600 trabajadores y trabajadoras de las fincas 1,2 y 3 de BANDECO, en Sixaola, provincia de Limón, iniciaron una huelga desde el 6 de junio pasado en protesta por el despido de 59 trabajadores y la amonestación a más de 100.

Esta protesta es solo un capítulo más de lo que Villalta describió como “la violación continuada de los derechos de la población migrante de la etnia ngobe buglé que viene desde Panamá a trabajar en las plantaciones de BANDECO y, por esta condición de vulnerabilidad de ser indígenas migrantes, son sometidos a explotación laboral de manera sostenida y sistemática”.

Los trabajadores y trabajadoras denuncian el incumplimiento del Código de Trabajo costarricense por BANDECO, lo que se manifiesta en que la compañía les paga bajos salarios, les somete a jornadas laborales largas e insalubres, no les pagan los tiempos extraordinarios trabajados y les someten a condiciones deplorables en lo que se refiere a las viviendas y cuadrantes, y se les persigue y despide por ejercer su derecho a organizarse sindicalmente para defender sus derechos.

Estas personas trabajadoras entraron por primera vez en un paro de labores de 26 días en noviembre de 2011, exigiendo mejores condiciones laborales, negociación de una Convención Colectiva de Trabajo y reconocimiento de su sindicato.

En esa ocasión, la huelga se levantó luego de que se lograra el reconocimiento del sindicato y con la voluntad manifestada por la empresa de negociar la Convención Colectiva de Trabajo. Sin embargo, luego de más de un año de negociaciones, el 7 de diciembre de 2012, las y los trabajadores, tuvieron que volver a la huelga para exigirle a la transnacional firmar la Convención Colectiva de Trabajo. El movimiento duró un día, y como resultado se pactó un cronograma que culminó con la firma de la Convención Colectiva de Trabajo.

No obstante, BANDECO solicitó a un Juzgado de Trabajo declarar ilegal ese día de huelga. Y en mayo del presente año, 6 meses después de concluida esta, el Juez de Trabajo, declaró ilegal el movimiento. Actuando de mala fe al desconocer los acuerdos firmados previamente y violentando los procedimientos establecidos en la Convención Colectiva recién firmada, BANDECO despidió selectivamente, en represalia, a 59 trabajadoras y trabajadores, con el fin de desarticular la organización sindical.

A pesar de que el sindicato solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de que este convocó a las partes a negociar, la empresa mantiene su intransigencia.

Villalta también denunció que el día jueves de la semana pasada, a las 7 de la noche, el promotor del sindicato, señor Aquiles Rivera, quien estaba atendiendo la huelga, fue víctima de agresión por parte de dos sujetos, quienes le propinaron una golpiza por la que debió ser trasladado al hospital.

“En vista de la falta de firmeza del Gobierno de la República frente a los abusos de BANDECO, estoy presentando esta denuncia penal por explotación laboral en su contra, con la solicitud expresa a la Fiscalía y al Poder Judicial de que intervengan en aras de proteger los derechos humanos de trabajadores indígenas migrantes que se encuentran en condiciones de absoluta vulnerabilidad”, concluyó el diputado Villalta.

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Tomado del sitio en Facebook del Diputado Villalta.