normal, pero los hechos recientes demuestran otra cosa. Ese control ha sido insuficiente y trasnochado, porque tan solo unas horas después,  en la prensa nacional se publica información de revendedores que tienen a su haber hasta 500 entradas y de otros que las pusieron a la venta en redes sociales, a precios ridículos e impagables para el grueso de la población. ¿Cómo es que una entrada de 10 mil colones, tenga en manos de estas personas un valor de entre 70 y 100 mil colones? ¿Será posible entonces, que al equipo de todas y todos, solo pueda ir a apoyarlo una élite adinerada? Eso no está bien y si acaso fuera legal –porque quienes debían cerrar portillos y definir políticas más estrictas no lo hicieron-, es muy injusto y por ello, el procedimiento y las reglas deberían cambiar.

Por eso llamamos a la transparencia y a la rendición de cuentas, porque pareciera que algo no se hizo bien. El Estadio Nacional es un bien público, que pertenece a cada costarricense y en razón de ello, su uso, tanto como la organización de cualquier actividad pública, su manejo, costos y réditos, deben estar sometidos al escrutinio de todas y todos en forma transparente y eficaz. Es un asunto de responsabilidad, de entender que solo en la actividad privada y en el negocio propio se puede tolerar  (cuando no necesariamente aceptar…) que unos pocos asistan a eventos que solo ellos pueden pagar por su poder adquisitivo. Pero con un “bien del pueblo”,  con un deporte que toca el alma nacional y que no identifica clases, billeteras, carros, casas ni estratos de ninguna índole, esto no debería suceder.

Los partidos de la Selección Nacional en nuestro estadio, no son solo para que disfruten las élites. El alma costarricense y el grito de “gol” en vivo, no puede ser un privilegio de pocos. Eso no se vale. Y  por ello, como Defensoría de los Habitantes, pensamos que jamás se debería permitir que las personas consumidoras  tengan que asumir el pago de montos no autorizados, ni que dispongan de su tiempo para hacer filas interminables para adquirir un boleto que finalmente no pudieron comprar. No es posible que a vista y paciencia de nuestras autoridades deportivas, sea normal y justo que una sola persona tenga en sus manos decenas o cientos de entradas para vender al precio que se le ocurra.

Los bienes públicos no pueden convertirse en negocios personales de nadie. Quien quiera lucrar, que lo haga en su negocio propio y no con los recursos de la población. La reventa de entradas es una práctica irregular, aunque sea considerada como normal debido a su cotidianeidad. Tal cosa, por el contrario, más bien significa que en algunos ámbitos es cotidiano y se ve como normal la discriminación, la inexistencia de controles, la improvisación injusta y la falta de transparencia en el manejo del patrimonio de todas y todos los costarricenses.  Eso debe cambiar, ya es hora de quitarle al pueblo estas facturas odiosas que no debe y que le endosan a diario la improvisación y la falta de transparencia.