San José, 15 de agosto de 2013.-  En la mañana del 16 de agosto en el Tribunal Contencioso Administrativo se conocerá la petición de suspensión de cualquier negociación de pago por el Gobierno de Chinchilla a O.A.S., en relación a la fallida concesión de la carretera a San Ramón.

Conociendo los costarricenses la totalidad de la negociación, las pruebas y su nulidad absoluta, el único resultado jurídicamente posible es: la declaratoria por el Tribunal Contencioso ordenándole al Gobierno de Chinchilla suspender cautelarmente toda conciliación u acuerdo que comprometa el patrimonio nacional.

Si así fuere, el tribunal demostrará a la ciudadanía que no está politizado, que la separación de poderes existe y por lo tanto el estado de derecho y la seguridad jurídica se aplicó a este caso de corrupción.

Si por el contrario el tribunal no otorga el amparo de decretar las medidas cautelares y deja por la libre al Gobierno para negociar, quedaría demostrado que los políticos han infiltrado el Poder Judicial y la imparcialidad de los jueces sucumbió ante la politización de la justicia.

Para los ciudadanos, este fallo será sin lugar a dudas, la definición de la Costa Rica del futuro.

Esperemos que la Constitución, la Ley, y la Honorabilidad prevalezcan sobre todo interés cuestionable.