Redacción.- 
Tras los éxitos legales en los ámbitos sanitario y financiero, la Casa Blanca irá a la Corte el martes para buscar una orden judicial preliminar que bloquee la ley de inmigración de Arizona, que entraría en vigencia el 29 de julio. Existen hasta cinco escenarios posibles:


La corte federal de eeuu acepta la solicitud.
El presidente Barack Obama ha dicho que los asuntos de inmigración son manejados a nivel federal y que la ley de Arizona no prevalece sobre la Constitución de EEUU y la legislación federal. Así, el Gobierno ha solicitado una orden judicial preliminar que bloquee la norma, argumentando que causaría un daño irreparable si entra en vigencia.

La jueza de distrito Susan Bolton escuchará los argumentos orales de la Administración federal y los del estado de Arizona, y podría otorgar una orden judicial preliminar si encuentra que el Gobierno demócrata triunfaría en última instancia por los méritos en su búsqueda de anular la ley estatal.

En el caso de que la magistrada otorgara la solicitud, las autoridades locales y estatales de la región podrían llegar a apelar, lo que sería considerado en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito.

La corte federal de EU acepta la solicitud.

El presidente Barack Obama ha dicho que los asuntos de inmigración son manejados a nivel federal y que la ley de Arizona no prevalece sobre la Constitución de EEUU y la legislación federal. Así, el Gobierno ha solicitado una orden judicial preliminar que bloquee la norma, argumentando que causaría un daño irreparable si entra en vigencia.

La jueza de distrito Susan Bolton escuchará los argumentos orales de la Administración federal y los del estado de Arizona, y podría otorgar una orden judicial preliminar si encuentra que el Gobierno demócrata triunfaría en última instancia por los méritos en su búsqueda de anular la ley estatal.

En el caso de que la magistrada otorgara la solicitud, las autoridades locales y estatales de la región podrían llegar a apelar, lo que sería considerado en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito

La corte niega orden judicial preliminar.

Bolton podría decidir que el Gobierno de Obama no logró presentar un argumento adecuado para sostener que la ley podría causar daños irreparables y negar la solicitud. Ello permitiría que la ley despliegue sus efectos a partir del 29 de julio. La jueza luego entregaría un calendario para las informaciones legales que serán dispensadas y los argumentos orales sobre los méritos para decidir si la ley de Arizona es o no inconstitucional. Sin embargo, el líder negro también podría pedirle a la Corte de Apelaciones estadounidense del Noveno Circuito considerar un pedido de emergencia para evitar que la norma sea efectiva.

El fiscal general estadounidense, Eric Holder, comentó hace unas semanas que si llegaba a darse luz verde a la iniciativa legislativa, el Departamento de Justicia podría calibrar qué impacto tenía, por ejemplo, si ha permitido la discriminación étnica, infringiendo de este modo la ley.

Bolton podría decidir que la impugnación del Gobierno de Estados Unidos no afecta a todos los aspectos de la ley de Arizona, para así otorgar una orden judicial parcial que evite que partes de la legislación entren en vigencia.

Un especialista legal y decano de la Escuela de Leyes de la Universidad de California en Davis, Kevin Johnson, comentó recientemente que algunas previsiones en la ley sobre asuntos como jornaleros que podrían ser inmigrantes ilegales llegarían a otorgarse a través de la Corte y aplicarse. Y es que la ley de Arizona estima ilegal contratar jornaleros en la calle: «La impugnación del Gobierno solo se enfoca en la inmigración, pero al mismo tiempo, la demanda del Fondo Educacional y de Defensa Legal Mexicano Estadounidense (Maldef) y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) impugna las previsiones sobre jornaleros», indicó, para luego añadir de un modo rotundo: «Será un análisis de sección por sección en la Corte».

Nuevamente, las partes podrían ir a la Corte de Apelaciones Federal si no les agrada la decisión de la jueza o las diferencias que establezca.

Acción parlamentaria.

Barack Hussein Obama y los dirigentes republicanos en el Congreso ya han comentado en varias ocasiones  que la ley del estado con capital en Phoenix debería llevar al Congreso estadounidense a adoptar una extensa reforma inmigratoria.

El grupo difiere sobre cómo llevar esta actuación a cabo y el calendario legislativo se acorta antes de las elecciones parlamentarias del próximo mes de noviembre.

Los republicanos han exigido más esfuerzos para asegurar la frontera y han dicho que el despliegue inicial de las tropas de la Guardia Nacional en la zona fue insuficiente.

Hay que tener en cuenta que el ala dura del partido conservador también se opone a conceder una amnistía general para permanecer en suelo estadounidense a los casi 11 millones de inmigrantes ilegales que se cree que se encuentran en el país.

El presidente Obama apoya de una forma clara la idea de permitirle a los extranjeros indocumentados que hayan tenido un buen comportamiento en el país durante su estancia pagar una multa, aprender inglés y convertirse en ciudadanos. También ha apoyado el fortalecer la seguridad fronteriza y perseguir a los empleadores que contratan a trabajadores indocumentados.

Asamblea legislativa de estado.

Si la corte federal retiene la ley de Arizona, la asamblea legislativa podría intentar alterarla a fin de responder a las preocupaciones sobre su constitucionalidad.

En ese caso, dependerá de la amplitud del veredicto de Bolton. Si la magistrada considera que Arizona no puede aprobar leyes que regulen la inmigración, los legisladores estatales quedarán de brazos cruzados. Sin embargo, si se puede salvar parte de la ley, la gobernadora republicana de la zona Jan Brewer podría llamar a una sesión especial de la asamblea legislativa estatal. Los legisladores del estado ya enmendaron la ley de inmigración una vez para evitar la discriminación étnica.

Bajo las modificaciones, la policía deberá investigar el estado inmigratorio de quienes tenga razones para sospechar que se encuentran en el país de manera ilegal, solo en el caso de un contacto legal como un control de tránsito.