San José, 18 de septiembre de 2013.-  Diputados y diputadas de diferentes fracciones acogieron el proyecto para reformar parcialmente la Ley General de Migración y Extranjería (Nº8.764), que garantizaría la protección de la población inmigrante en estado de vulnerabilidad.

La iniciativa, redactada por la Mesa de Mujeres Migrantes y Refugiadas, propone una modificación a 15 artículos de la legislación para adecuar los costos de la regularización a las condiciones socioeconómicas de los migrantes.

“Lo que persigue esta reforma es facilitarle a las personas inmigrantes el proceso de regularización, pues la condición de irregularidad los expone a abusos en el ámbito laboral u otros espacios”, señaló la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), jefa de fracción, Carmen Muñoz Quesada y firmante del proyecto.

Una trabajadora doméstica percibe de salario mínimo ¢152.588 colones ($257), pero el costo inicial para obtener la cédula de residencia es de $310. Con el agregado de un inciso al artículo 33, estas personas, junto con menores de edad, refugiadas, asilados, apátridas, víctimas de trata de personas, mayores de edad con discapacidad y trabajadores transfronterizos quedarán exentas de pagar esa tarifa, además de otros trámites administrativos y multas.