Redacción.- La más grande estafa política de que fue víctima el pueblo costarricense en los últimos años, ocurrió durante el período gubernamental anterior, 2006-2010, con ocasión del régimen de los hermanos Arias Sánchez, Óscar y Rodrigo; cuando éstos, en su desesperado afán por los suculentos negocios del tratado de “libre” comercio con los Estados Unidos, le dijeron al país que si el pueblo “les daba” ese TLC, habría reforma tributaria para paliar, para mitigar, los perniciosos efectos de dicho “acuerdo” comercial.

Como ya sabemos, el TLC se le impuso a la gente con toda clase de artimañas de la peor ralea y el pueblo que lo votó en el cuestionadísimo “frauduréndum” del 7 de octubre de 2007, fue, literalmente, estafado políticamente con el timo de que habría reforma tributaria.

Esta estafa política nos recuerda otra, quizás “jocosa”, como lo fue aquella de que, con ese TLC, quienes viajaran a sus trabajos en carros Hyundai, lo harían en Mercedes Benz; y quienes se trasladaran a sus empleos, en bicicletas, lo harían con el tratado, en motos BMW. ¡Qué soberana engañada y qué clase de mentira tramposa! Bueno, esto es típico de esa clase de gente que tuvo (y que sigue teniendo), el poder político en el país.

Ahora, lo que desde siempre ha sido un fortísimo clamor de la lucha de los sindicatos, tiene a prestigiosas entidades reconocidas, tanto a nivel americano como mundial, diciendo, prácticamente, lo mismo: El crecimiento de la desigualdad en Costa Rica es de tal nivel que las bases de la democracia representativa están siendo carcomidas en lo que tiene que ver con las políticas de integración social; porque en materia de corrupción con la cosa pública, hace ya bastante tiempo que ese tipo de democracia está sumamente desprestigiada.

Organismos internacionales, nada sospechosos de simpatizar con los sindicatos, están poniendo el dedo en la llaga con esto de la desigualdad creciente y ensanchamiento de las brechas sociales en nuestro país.

Tanto la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entidades con reputación global, coinciden, a  grosso modo, con un reiteradísimo clamor sindical: ese crecimiento de la desigualdad debe ser atacado de fondo.

Para ello, pensamos nosotros, no hay más que entrarle, con profundidad, a una modificación estructural del sistema impositivo que estrangula los ingresos de los sectores sociales medios y bajos; pero que, por el contrario, tiene a los sectores altos de la sociedad viviendo en orgiástica fiesta financiera, sin pudor ni límite alguno, a raíz de que les sobra tal cantidad de plata por lo poco que, proporcionalmente hablando, pagan por impuestos.

En vez de reforma tributaria, nosotros preferimos hablar de Revolución Tributaria. El gran capital, sobre todo el de signo neoliberal, tanto el nacional como el de corte transnacional, debe ser obligado a pagar lo que debe pagar, mediante decisiones políticas de enorme contundencia, sumamente valientes, pensadas para el presente y para el futuro del bien común; y, sobre todo, fomentadas por gente que está en la política (o que debe meterse en ella), pero que no está contaminada de corruptelas, de tráfico de influencias, de compadrazgos y de venta de conciencias.

Esa revolución tributaria que tanto necesita la democracia costarricense, prácticamente, deberá serle arrancada a los sectores dominantes y sus gerentes y capataces de la política (especialmente ubicados en el parlamento pero en el seno del propio gobierno también).

Entre otros factores, es preciso generar una estrategia de movilización de tal calibre que nos lleve a la subversión cívica de esa democracia representativa que, como serpiente que se muerde la cola, viene serruchándose ella misma su propio piso. Por tanto, quienes creemos en un nuevo desarrollo superior de la democracia, debemos articuladamente recomponernos para golpear.

Muchos de esos sectores del gran capital, profundamente egoístas y sin pizca alguna de humanismo cristiano, enceguecidos por la hedonista codicia, además de contar con desproporcionada influencia política (poder real), cuentan con fuertes medios de comunicación colectiva.

Estos, ante el menor asomo del tema tributario, pegan el grito al cielo, supuestamente en defensa de los que menos tienen; pero, en realidad, es para que ellos no tengan que pagar ni un centavo más de las baratijas impositivas que se les cobra. El divorcio entre crecimiento económico y distribución de sus beneficios es, sencillamente, repulsivo. La principal víctima sigue siendo la clase trabajadora, sobre todo la asalariada. El decretazo salarial que acaba de serle impuesto al sector Público es una dolorosa muestra.

Hay muchísimas formas de lograr cambios legales para que haya en el país verdadera justicia tributaria y para que (como lo indicamos en nuestro comentario de la semana anterior), la Presidenta Chinchilla haga honor a sus promesas de campaña las cuales, para hacerse realidad, ocupan de recursos que solamente se pueden obtener promoviendo esa Revolución Tributaria.

Aunque esa Revolución Tributaria fuese tan profunda como soñamos, esos sectores egoístas, codiciosos y corruptos, podrían continuar en esa fiesta financiera ofensiva de cualquier nivel de dignidad humana. Tal es el nivel de riqueza que tan abusivamente han concentrado.

Como vemos, la Revolución Tributaria es una tarea de tanta profundidad estratégica, como también lo es la necesidad de una rearticulación, también estratégica, de los sectores político-sociales, cívico-democráticos y económico-nacionalistas que tenemos, más que comprobada, la falacia de una democracia representativa que sigue excluyendo cada vez más, más y más gente.