normalmente establecen las legislaciones europeas. Debemos destacar la estrecha relación entre materias administrativas y constitucionales y su amplitud, al regular aquellas todos los actos, contratos, multas y sanciones y, en general, relaciones en que interviene la administración del estado y la ciudadanía, empresarios privados en particular. Fortalecer el poder buscan también las reformas que establecen el mando directo de Ortega sobre la Policía Nacional, así como la posibilidad de que militares ocupen cargos en el Estado, incluyendo los Tribunales de justicia, bajo una modalidad de “comisión de servicio”, que no se regula ni define en ninguna ley. Iniciada de facto con los nombramientos de los jefes de la UAF, esta práctica permitirá mayor influencia y control en el estamento militar, conduciendo a la militarización del Estado.

La eliminación de la prohibición de reelección, de la segunda vuelta y de los porcentajes mínimos de votación para ganar la elección presidencial, busca reducir el riesgo de perder el poder y delata el temor y escepticismo orteguista acerca del supuesto apoyo mayoritario que reflejan las encuestas. La ampliación por un año del plazo para el que fueron electos alcaldes y concejales, evita la concentración de elecciones en una sola fecha; medida esta claramente inconstitucional y que, de aprobarse, será un precedente gravísimo, a cuyo amparo más tarde cualquier constituyente derivado podrá ampliar a su antojo los plazos de presidente y diputados.

La “ilegalización” de la práctica inconstitucional de mantener en sus puestos a los magistrados de los poderes del Estado, hasta tanto la Asamblea no proceda a una nueva elección, significa en resumen dar un poder de veto a la minoría y garantizar la permanencia de por vida de los hoy electos por Ortega, aun en la eventualidad de perder una elección.

En resumen, se trata de unas reformas que vienen a reconocer la abierta inconstitucionalidad con que ha venido gobernando el régimen y que buscan fortalecer y eternizar a Ortega en el poder. Al pretender que se aprueben de manera precipitada y violenta, por una mayoría espuria producto de un fraude electoral, en vez de “profundizar en la seguridad y la paz de la nación”, como exponen sus motivos, estas reformas estarán atizando el fuego de la guerra, en un campo abonado por el robo descarado de elecciones, la corrupción, la represión violenta, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, el cierre de los espacios cívicos y el acelerado deterioro de la situación económica.