PAC solicitó a Sala IV analizar el proyecto de investigaciones biomédicas - TicoVisión
La diputada María Eugenia Venegas señala que la iniciativa aprobada en primer debate, claramente favorece los intereses lucrativos de la industria farmacéutica. Además, el proyecto incumple la Convención...
PAC solicitó a Sala IV analizar
el proyecto de investigaciones biomédicas
San José, 21 de noviembre de 2013.- La Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) y diputados de otras agrupaciones políticas, presentaron hoy una consulta constitucional legislativa facultativa sobre el proyecto de ley para regular las investigaciones biomédicas (Expediente Nº 17.777).
La diputada del PAC, María Eugenia Venegas Renauld, expresó que la consulta permitirá a la Sala Constitucional aclarar los cuestionamientos sobre el texto aprobado, esta semana, en primer debate.
“Nosotros hemos manifestado nuestro interés de apoyar una ley adecuada para el país y que cumpla con los estándares éticos y científicos internacionales en la materia. Lamentablemente, el expediente aprobado favorece los intereses privados y no los derechos de las personas que participan en las investigaciones” detalló Venegas Renauld.
La legisladora detalló que, entre otros puntos, la consulta señala los vicios de procedimiento en el trámite legislativo del expediente, las violaciones a los derechos humanos y el establecimiento de órganos de control poco confiables.
La diputada del PAC, María Eugenia Venegas Renauld, expresó que la consulta permitirá a la Sala Constitucional aclarar los cuestionamientos sobre el texto aprobado, esta semana, en primer debate.
“Nosotros hemos manifestado nuestro interés de apoyar una ley adecuada para el país y que cumpla con los estándares éticos y científicos internacionales en la materia. Lamentablemente, el expediente aprobado favorece los intereses privados y no los derechos de las personas que participan en las investigaciones” detalló Venegas Renauld.
La legisladora detalló que, entre otros puntos, la consulta señala los vicios de procedimiento en el trámite legislativo del expediente, las violaciones a los derechos humanos y el establecimiento de órganos de control poco confiables.
El texto aprobado, según Venegas Renauld, autoriza los experimentos con embriones, fetos o células madre. Además, la iniciativa permitiría que las personas con algún tipo de discapacidad intelectual o psicosocial sean objeto de experimentación con solo la autorización de un tercero, lo cual viola lo dispuesto en la Convención de Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“La iniciativa está hecha a la medida de los intereses de la industria farmacéutica y de las personas ligadas económicamente con dichas empresas. Lo que reabre esta nueva Ley es el mercado para un negocio y se olvida casi por completo de la dignidad y la salud de los costarricenses” expresó la diputada del PAC.
RESUMEN DE ALEGATOS DEL PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA PARA LA CONSULTA FACULTATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE EL EXPEDIENTE 17.777 “LEY REGULADORA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA”
1. Inconstitucionalidad de la Consulta realizada a las personas con discapacidad por violentar los parámetros de la consulta regulada en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
2. Inconstitucionalidad de la ley en general, por dejar sin regulación las investigaciones biomédicas con seres humanos en materia de salud, que tienen que ver con el genoma, proteoma y células madre.
3. Inconstitucionalidad del artículo 5 del proyecto de ley sobre ensayos de bioequivalencia, que permite pagar a las personas que se involucran en estos experimentos a cambio de su participación, por violentar el principio de gratuidad y de no comercialización del ser humano.
4. Inconstitucionalidad del artículo 18 del proyecto de ley por permitir la experimentación con personas que por su discapacidad no pueden brindar un consentimiento libre e informado, por violentar los artículos 12 y 15 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
5. Inconstitucionalidad del CONIS y de los CEC por violentar el principio de independencia a través de convertirlos en órganos financiados por la industria farmacéutica a la que deben vigilar y supervisar.
6. Inconstitucionalidad del artículo 56 del proyecto de ley por obligar a la CCSS a facilitar recursos para que las empresas privadas realicen esta actividad en sus instalaciones, lo cual violenta el artículo 73 constitucional que prohíbe utilizar recursos de la seguridad social en cualquier actividad que no tenga que ver con la función esencial de la institución.
“La iniciativa está hecha a la medida de los intereses de la industria farmacéutica y de las personas ligadas económicamente con dichas empresas. Lo que reabre esta nueva Ley es el mercado para un negocio y se olvida casi por completo de la dignidad y la salud de los costarricenses” expresó la diputada del PAC.
RESUMEN DE ALEGATOS DEL PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA PARA LA CONSULTA FACULTATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE EL EXPEDIENTE 17.777 “LEY REGULADORA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA”
1. Inconstitucionalidad de la Consulta realizada a las personas con discapacidad por violentar los parámetros de la consulta regulada en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
2. Inconstitucionalidad de la ley en general, por dejar sin regulación las investigaciones biomédicas con seres humanos en materia de salud, que tienen que ver con el genoma, proteoma y células madre.
3. Inconstitucionalidad del artículo 5 del proyecto de ley sobre ensayos de bioequivalencia, que permite pagar a las personas que se involucran en estos experimentos a cambio de su participación, por violentar el principio de gratuidad y de no comercialización del ser humano.
4. Inconstitucionalidad del artículo 18 del proyecto de ley por permitir la experimentación con personas que por su discapacidad no pueden brindar un consentimiento libre e informado, por violentar los artículos 12 y 15 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
5. Inconstitucionalidad del CONIS y de los CEC por violentar el principio de independencia a través de convertirlos en órganos financiados por la industria farmacéutica a la que deben vigilar y supervisar.
6. Inconstitucionalidad del artículo 56 del proyecto de ley por obligar a la CCSS a facilitar recursos para que las empresas privadas realicen esta actividad en sus instalaciones, lo cual violenta el artículo 73 constitucional que prohíbe utilizar recursos de la seguridad social en cualquier actividad que no tenga que ver con la función esencial de la institución.
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