conciencias más críticas dentro de esas mayorías acuden a instancias que sí les escuchan, que sí les toman en serio, que sí les dan espacio de expresión y que sí harán lo pertinente para que la verdad aflore.

Es ésta una de las claves que han convertido al Diario Extra en el periódico más popular del país y por eso muchos ciudadanos, especialmente personas trabajadoras del sector Público, acuden a sus periodistas para denunciar y para pedirles que investiguen todo tipo de presuntas anomalías e irregularidades.

Por tanto, Diario Extra es una fuerza mediática de control ciudadano y de naturaleza imprescindible para oxigenar y salvar el sistema democrático del cáncer que le carcome: la corrupción, el tráfico de influencias, los privilegiados del poder hegemónico dominante y el crecimiento de la desigualdad y de la exclusión.

Por eso la impresionante denuncia de que los periodistas de Diario Extra y el periódico mismo han sido espiados electrónicamente, escuchándose y registrándose sus conversaciones telefónicas con sus respectivas fuentes denunciantes, tiene que ser visto como una especie de conjura, de complot, urdido para intimidar a sus comunicadores, para hostigar a la empresa como tal y enviarle un mensaje amenazante al mejor estilo de la “cosa nostra”.

Además, pretende también impactar al funcionario que decide acudir a Diario Extra, bajo la confidencialidad de la fuente, para indicarle que su número telefónico está quedando registrado, que sus mensajes de texto serán leídos y que, por tanto, no confíe en el anonimato o la discrecionalidad porque será plenamente identificado.

Entonces, aquí empieza a dimensionarse la magnitud de la monstruosidad urdida para el desarrollo del espionaje periodístico en contra del Diario Extra, pues es evidente que pretende ir más allá del medio, para alcanzar a la ciudadanía denunciante, especialmente la que por su posición laboral en el sector Público está en condiciones de poseer información que el pueblo debe saber en todo momento, aunque genere molestias en las jerarquías del poder.

Ahora bien, en este caso, se puso en la picota al mismísimo Poder Judicial, sobre el cual, ya de por sí, hay depositada una buena dosis del resentimiento, molestia y cuestionamiento ciudadano sobre el sistema político dominante y la clase hegemónica que lo controla.

Difícilmente el Poder Judicial pueda reponerse de este severo golpe a su credibilidad, a su transparencia y a su misma legitimidad, que se le ha propinado desde sus propias entrañas: el OIJ y el MP. A menos que la magnitud de la reacción para atenuar este grave golpe, sea de tanto impacto como la agresión cometida contra la democracia y el derecho de pueblo a saber qué está aconteciendo con la cosa pública.

Si leemos cuidadosamente la denuncia pública de Diario Extra sobre el espionaje de que ha sido víctima, de entrada se pueden sacar dos conclusiones. Una, que el OIJ y el MP tienen su propia dinámica política de tal calibre como para saltarse la ley y espiar a quien sea, sin que nada se los impida y sea la impunidad la que prive en estos casos de acciones de control de sesgo totalitario.

Dos, que, una existe una fuerte dosis de permisividad política desde la propia magistratura del Poder Judicial, para dar vía libre al espionaje político y a la violación constitucional a la protección de la privacidad de las comunicaciones telefónicas y electrónicas de los ciudadanos. Nosotros pensamos que hay elementos en ambos sentidos.

Sin duda alguna, el espionaje electrónico contra Diario Extra, tanto el ejercido por medio de la intervención de los celulares de sus periodistas y el registro de llamadas realizadas y recibidas, tanto como la lectura de sus mensajes de texto; además, el espionaje de llamadas recibidas y realizadas desde la misma central telefónica del periódico, nos está indicando que también han quedado registrados en igual calibre, los números de toda clase de personas que por motivo de la gran confianza que da Diario Extra para atender con respeto y eficiencia de la denuncia, hayan llamado a sus personeros.

Igualmente, es dable pensar que otros periodistas de otros medios también han sido, están siendo y serán siendo objeto del espionaje electrónico salido del Poder Judicial. Es de aplaudir la rápida reacción solidaria de la prensa nacional en lo que podría catalogarse como el episodio más grave en contra de la libertad de expresión de las últimas décadas.

Sin embargo, la reacción de la ciudadanía, de todo tipo de organizaciones (incluidas las sindicales), es de urgente necesidad.

No obstante, se ocupa de una fuerte reacción desde la sociedad civil organizada (incluidos los sindicatos), para enfrentar el complot contra Diario Extra y potenciarlo, fortalecerlo como la tribuna periodística cotidiana más abierta a las necesidades populares y a las denuncias del pueblo.

Además, se necesita una fuerte reacción ciudadana para que los jerarcas judiciales implicados en el espionaje electrónico (aquellos visibles y quienes les estimulan para tal agresión a la democracia), rindan cuentas a profundidad de su perverso accionar.

Y es aquí donde es necesario que reflexionemos porque no creemos que esto sea un caso “aislado” de unos jerarcas desaforados por el poder que les ha sido otorgado que están cruzando la línea divisoria entre la libertad y el totalitarismo, vía el espionaje electrónico que están ejecutando contra periodistas, contra medios legítimos de prensa (Diario Extra y también el propio Grupo Extra), y contra las personas denunciantes a nivel individual y a nivel organizacional.

Porque lo que tenemos que pensar es que guardando las dimensiones imprescindibles que debemos tomar en cuenta, la denuncia de Diario Extra tiene parangón con lo que el valiente ciudadano estadounidense Edward Snowden hizo al revelar la profundidad del espionaje gubernamental gringo en contra de su propio pueblo, en contra de gobiernos extranjeros, incluidos sus propios amigos.

Por eso es que es relevantísimo que se llegue a lo más profundo del espionaje electrónico del que ha sido víctima Diario Extra y que se sepan los nombres de todas las personas espiadas (periodistas, ciudadanos y organizaciones); que se den a conocer las circunstancias de cada caso; que se dé a conocer los protocolos seguidos para determinar una acción de escucha telefónica y/o de lectura de mensajes de texto; que se dé a conocer la naturaleza de la plataforma tecnológica empleada y qué entidades y personas expertas la instalaron y la gestionan; que se dé a conocer el destino de los despachos jerárquicos a los cuales se envía tal información y otros detalles.

Y aquí no podemos dejar de mencionar al mismísimo gobierno actual con su propia agencia de espionaje, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), en el sentido de cuáles son sus relaciones con el espionaje ejecutado desde el OIJ y desde el Ministerio Público. ¿Se coordinan entre sí? ¿Comparten la misma plataforma tecnológica para el espionaje telefónico- electrónico? Por supuesto que no es posible pensar que no exista cooperación bilateral en materia de espionaje e inteligencia entre el propio Poder Judicial y el propio Gobierno.

Es ingenuo pensar que en Casa Presidencial (que tiene bajo su control a la DIS), no estuvieran al tanto de que se espiaba a Diario Extra desde ya había bastante tiempo. Porque también es real que en la propia Casa Presidencial resienten que Diario Extra sea una potente voz de canalización de la protesta ciudadana en todas sus manifestaciones (incluida la que nosotros llamamos como “Democracia de la Calle”); y es lógico pensar que más de uno, en la Casa Presidencial y en Poder Judicial desearía que no existiera Diario Extra. Indudablemente que desde la propia Casa Presidencial también es exigible esperar explicaciones contundentes.

Como vemos, esto apenas está empezando. Esperamos que esto genere la mayor conciencia crítica ciudadana en los próximos días, pero de manera activa. Es decir, hay que salir a la calle para evitar que el complot para acallar a Diario Extra se consolide. A nivel sindical, al menos, esperamos un acuerdo interorganizacional al respecto.

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*  Albino Vargas Barrantes: Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Central Social Juanito Mora Porras.