Según el TJUE, una persona que desee tener determinadas informaciones a su respecto suprimidas de la web debe presentar su solicitud directamente al gestor del motor de búsqueda (como Google, Yahoo o Bing), que deberá analizar su pertinencia con base en la directiva comunitaria sobre protección de datos. En caso de que el pedido sea rechazado, el ciudadano puede recurrir de la decisión ante la autoridad de control o los tribunales nacionales.

El derecho al olvido no se aplicará en casos particulares, como cuando el solicitante desempeña un papel en la vida pública, lo que justificaría la prevalencia del interés del público en tener esa información al efectuar la búsqueda, explicó el TJUE.

La sentencia se refiere a una queja presentada hace seis años por el abogado español Mario Costeja, quien exigió a Google eliminar de su lista de resultados de búsqueda una información publicada a su respecto en 1998.

Se trataba del anuncio de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social.

Pese a que el embargo ya había sido levantado y la cuestión resuelta, la información seguía figurando en la lista de resultados cuando se buscaba por el nombre de Costeja en Google, lo que el abogado criticaba.

Accionada por Costeja, la Agencia Española de Protección de Datos le dio razón, pero Google recurrió de la decisión, por lo que el caso fue remitido al TJUE.