Redacción.- Microbiólogos agremiados al Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS (SIPROCIMECA) solicitaron a la Defensoría de los Habitantes investigar las implicaciones que conlleva la vigente Ley de Tránsito para sus derechos laborales, específicamente, con respecto a la aplicación de la prueba de sangre u orina para detectar los niveles de alcohol.

Según la denuncia de los microbiólogos la ley los obliga a realizar dichas pruebas sin contar con insumos, personal, equipos; y condiciones necesarias, situación  que las y los expone a responsabilidades profesionales, penales e incluso civiles.

Según el artículo 200 de la normativa vigente, los exámenes de sangre y de orina pueden realizarse en cualquier centro de salud, público o privado, autorizado por el Ministerio de Salud; y sus funcionarios están obligados a administrar la prueba y emitir, en forma inmediata, el resultado, entregándoles una copia al conductor y otra al oficial actuante. Agrega dicho enunciado que los funcionarios públicos que se nieguen a realizar tal examen o a emitir el resultado, incurrirán en falta grave.

Así las cosas, y pese a que  la Caja cuenta con protocolos para la toma y embalaje de las muestras sanguíneas, los microbiólogos alegan que son los toxicólogos quienes se encuentran facultados para realizar estas muestras. Adicionalmente, preocupa a estos profesionales la responsabilidad que conlleva la negativa de un conductor de realizarse la muestra.

Sobre este particular, representantes de SIPROCIMECA denunciaron ante la Defensoría que una microbióloga del Hospital San Rafael de Alajuela atendió a una persona que no se dejó tomar la muestra, razón por la cual, actualmente la profesional enfrenta un proceso penal  por desacato a la autoridad. Consideran los microbiólogos que  esta función es propia de medicatura forense del Poder Judicial.

Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes abrió una investigación y ha venido trabajando con las partes involucradas para lograr que, en forma conjunta, se implementen acciones inmediatas que garanticen tanto los derechos laborales de los microbiólogos de la CCSS, como  el cumplimiento de lo que establece el artículo 200 de la Ley de Tránsito.

En respuesta a una solicitud de la Defensoría, la Gerencia Médica de la Caja manifestó que además de girar circulares informativas sobre el tema, ya envió un oficio a la Fiscalía General de la República, con el fin de que explicara el papel de la Caja en lo que se refiere a la toma de muestras, tal y como se conoce que lo establece el Manual publicado por la Fiscalía denominado  “Instrucción General 01-2009, Instructivo para la aplicación de la reforma a la Ley de Tránsito”. Pese a esta solicitud, a la fecha la Fiscalía no se ha pronunciando al respecto.

Es por ello que la Defensoría solicitará, en los próximos días, una reunión con la Fiscal Adjunta, Lilliam Gómez, con el fin de solicitar la posición respecto a las apreciaciones que en el mes de setiembre del 2009 le hiciera la CCSS sobre el Manual emitido, además de coordinar acciones que permitan garantizar la toma de las muestras de sangre, su embalaje y sobre todo la cadena de custodia.  Se prevé que esta reunión podrá ser la próxima semana.