ción les imposibilita el acceso al conocimiento y así participar del desarrollo que se deriva del acceso a las telecomunicaciones, consideradas incluso como instrumento que potencia los derechos de acceso a la información y a la libertad de expresión.

Si bien es cierto la Sutel emitió un reglamento para que las operadores además de los proyectos de Fonatel tuvieran obligaciones en materia de acceso universal y solidario, el mismo ha quedado limitado, pues claramente el artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones dispone, que si bien corresponde al Poder Ejecutivo la determinación de las políticas y planes en general, es responsabilidad de la Superintendencia determinar puntualmente esas obligaciones y llevarlas a cabo de acuerdo al artículo 36 de esa misma ley.

Para la Defensoría de los Habitantes es importante que se cumpla además el transitorio VI de la Ley General de Telecomunicaciones donde se establece que el primer plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones establezca como metas y prioridades el acceso universal, el servicio universal y solidaridad. Aquí hablamos de que todos los usuarios finales puedan obtener una conexión a una red telefónica pública desde una ubicación fija, igualmente que puedan contar con acceso a internet de banda ancha, posibilitando, a mediano plazo, el uso de tecnologías inalámbricas en las comunidades donde los costos para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura es elevada.

Adicionalmente se anota que los usuarios finales con discapacidad tengan acceso al servicio telefónico desde una ubicación fija, y en condiciones equiparables a las que se ofrecen al resto de usuarios finales. Que se establezcan centros de acceso a internet de banda ancha a las escuelas y colegios públicos que sean parte de los Programas de Informática Educativa del Ministerio de Educación Pública, y que se establezcan centros de acceso a internet de banda ancha en las comunidades rurales y urbanas menos desarrolladas, y en particular, en albergue de menores, adultos mayores, personas con discapacidad y poblaciones indígenas.

“Yo le solicito al Gobierno de la República y a la Sutel que volvamos los ojos donde realmente es urgente inversiones y dar acceso a internet y a la telefonía en general, implementando y poniendo en ejecución planes de desarrollo que lleven mejoras a las comunidades tomando en consideración el avance tecnológico. La propuesta de la Sutel de cobro por descarga va en sentido contrario, no aporta al cierre de la brecha digital y es una medida que no debe ser vista como prioritaria en estos momentos cuando hay muchas otras cosas por hacer en beneficio de los y las habitantes. Es una propuesta que distrae la verdadera necesidad de la gente, y que debe poner su mirada en estas otras cosas que realmente son las que benefician al país”, dijo enfáticamente la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum.

La Defensoría de los Habitantes se prepara con el apoyo de los usuarios a presentarse a la audiencia pública con una serie de criterios técnicos sobre el tema del pago por descarga que pretende la Sutel. A la fecha se han recibido más de 1.000 contribuciones de los usuarios a esta propuesta de la Superintendencia.