Costa Rica debe avanzar urgente hacia el modelo de pesca responsable - TicoVisión
Ante crisis de pescadores artesanales y sobreexplotación de los recursos marinos, indica estudio de la Defensoría de los Habitantes que Costa Rica debe avanzar más rápido hacia el modelo de “pesca responsable”...
Costa Rica debe avanzar urgente
hacia el modelo de pesca responsable
Desde el año 2008 fueron establecidas formalmente las Áreas Marinas de Pesca Responsable, pero su implementación está aún en fase inicial.
San José, 1 de julio de 2014.- Costa Rica cuenta con un área marina que supera en más de diez veces la extensión territorial, a lo largo de estas costas viven aproximadamente 15.000 pescadoras y pescadores, cuyo principal ingreso depende de la pesca artesanal; que actualmente se encuentra en una situación de estancamiento y crisis.
Según un estudio realizado por la Defensoría de los Habitantes, los cambios climáticos, la escasa innovación tecnológica (escasa inversión y reinversión en el sector), un inadecuado manejo de los recursos hidrobiológicos, el escaso control e interdicción policial, la carencia de una adecuada orientación del esfuerzo pesquero, entre otros factores, está ocasionando la sobreexplotación y depredación de los recursos marinos.
Según un estudio realizado por la Defensoría de los Habitantes, los cambios climáticos, la escasa innovación tecnológica (escasa inversión y reinversión en el sector), un inadecuado manejo de los recursos hidrobiológicos, el escaso control e interdicción policial, la carencia de una adecuada orientación del esfuerzo pesquero, entre otros factores, está ocasionando la sobreexplotación y depredación de los recursos marinos.
Es así como las Áreas Marinas de Pesca Responsable (AMPR) resultan un instrumento esencial en la dinamización del desarrollo económico de las comunidades costeras, para un aprovechamiento óptimo del recurso marino con efectos conservacionistas y de desarrollo económico sustentable.
No obstante, la implementación de las AMPR en nuestros litorales están aún en su fase inicial, pese a que fueron reconocidas formalmente por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) desde el año 2008, como una categoría de organización comunitaria, que agrupa a pescadoras y pescadores artesanales.
Conoce la Defensoría que existen en el país varias asociaciones de pescadores que han solicitado su creación y muestran gran interés y expectativa en relación a esta alternativa, pero la tramitología ante INCOPESCA, su dispersión y lentitud en resolver, y las modificaciones de que son objeto sus Planes de Ordenamiento Pesquero, les desestimula.
Eliminar trabas
explotación, las acciones públicas dirigidas a combatir estos flagelos se vuelve estratégico si se quiere explotar racionalmente y de manera sostenible los recursos marinos.
“La necesaria visión ecosistémica y participativa de las comunidades costeras es fundamental para lograr los objetivos de protección del medio ambiente marino en equilibrio con el desarrollo socio-económico de estas vulnerables comunidades, las cuales por su naturaleza de economía de subsistencia, demandan todo el apoyo estatal que sea necesario como complemento a sus exigencias de superación económica”, dijo la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum.
Acciones urgentes
Para la Defensoría, es de suma importancia que el Ministerio de Agricultura y Ganadería informe acerca del seguimiento que ha venido dando a la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, que incluye el Programa de Áreas Marinas de Pesca Responsable.
De igual forma, que adecúe el Decreto Ejecutivo N° 35502-MAG (del 1° de octubre del 2009), que crea el “Reglamento para el Establecimiento de las Áreas Marinas para la Pesca Responsable y Declaratoria de Interés Público Nacional de las Áreas Marinas de Pesca Responsable” a las exigencias actuales en la creación y funcionalidad de las AMPR, participando a todos los sectores públicos y privados involucrados.
De la misma manera, resulta fundamental que INCOPESCA haga una revisión integral del Acuerdo de la Junta Directiva (N° A.J.D.I.P/138-2008 del 4 de abril del 2008) que se refiere al “Reglamento para el Establecimiento de las Áreas Marinas de Pesca Responsable.”, con el objeto de proceder también a su reforma acorde con las exigencias actuales en la creación y funcionalidad de las AMPR, participando a todos los sectores públicos y privados involucrados.
No obstante, la implementación de las AMPR en nuestros litorales están aún en su fase inicial, pese a que fueron reconocidas formalmente por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) desde el año 2008, como una categoría de organización comunitaria, que agrupa a pescadoras y pescadores artesanales.
Conoce la Defensoría que existen en el país varias asociaciones de pescadores que han solicitado su creación y muestran gran interés y expectativa en relación a esta alternativa, pero la tramitología ante INCOPESCA, su dispersión y lentitud en resolver, y las modificaciones de que son objeto sus Planes de Ordenamiento Pesquero, les desestimula.
Eliminar trabas
Considera la Defensoría de los Habitantes que para el desarrollo de este modelo es necesaria la dotación de un adecuado y moderno marco legal, eliminar las trabas burocráticas, reforzar el trabajo de investigación, y continuar con las acciones de información y capacitación sobre el tema.
Además la creación de un fondo económico que coadyuve en su consolidación y la creación de un área específica en el Incopesca que atienda esta situación.
Para la Defensoría, la seguridad alimentaria nacional no puede prescindir de una explotación racional y sostenible de nuestros recursos marinos, los cuales al día de hoy se encuentran amenazados por falta de una gestión pública de frente al mar, que sea eficiente y oportuna en sus intervenciones, donde tengamos claridad de nuestra biomasa marina, de la realidad de las poblaciones de la distintas especies marinas de orden comercial. Hoy más que nunca, frente al embate del cambio climático y otras variables que afectan la salud de nuestros mares como lo es también la sobre-
Además la creación de un fondo económico que coadyuve en su consolidación y la creación de un área específica en el Incopesca que atienda esta situación.
Para la Defensoría, la seguridad alimentaria nacional no puede prescindir de una explotación racional y sostenible de nuestros recursos marinos, los cuales al día de hoy se encuentran amenazados por falta de una gestión pública de frente al mar, que sea eficiente y oportuna en sus intervenciones, donde tengamos claridad de nuestra biomasa marina, de la realidad de las poblaciones de la distintas especies marinas de orden comercial. Hoy más que nunca, frente al embate del cambio climático y otras variables que afectan la salud de nuestros mares como lo es también la sobre-
explotación, las acciones públicas dirigidas a combatir estos flagelos se vuelve estratégico si se quiere explotar racionalmente y de manera sostenible los recursos marinos.
“La necesaria visión ecosistémica y participativa de las comunidades costeras es fundamental para lograr los objetivos de protección del medio ambiente marino en equilibrio con el desarrollo socio-económico de estas vulnerables comunidades, las cuales por su naturaleza de economía de subsistencia, demandan todo el apoyo estatal que sea necesario como complemento a sus exigencias de superación económica”, dijo la Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum.
Acciones urgentes
Para la Defensoría, es de suma importancia que el Ministerio de Agricultura y Ganadería informe acerca del seguimiento que ha venido dando a la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, que incluye el Programa de Áreas Marinas de Pesca Responsable.
De igual forma, que adecúe el Decreto Ejecutivo N° 35502-MAG (del 1° de octubre del 2009), que crea el “Reglamento para el Establecimiento de las Áreas Marinas para la Pesca Responsable y Declaratoria de Interés Público Nacional de las Áreas Marinas de Pesca Responsable” a las exigencias actuales en la creación y funcionalidad de las AMPR, participando a todos los sectores públicos y privados involucrados.
De la misma manera, resulta fundamental que INCOPESCA haga una revisión integral del Acuerdo de la Junta Directiva (N° A.J.D.I.P/138-2008 del 4 de abril del 2008) que se refiere al “Reglamento para el Establecimiento de las Áreas Marinas de Pesca Responsable.”, con el objeto de proceder también a su reforma acorde con las exigencias actuales en la creación y funcionalidad de las AMPR, participando a todos los sectores públicos y privados involucrados.
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