PAC, FA Y PUSC Acuerdan garantías procesales laborales para el Siglo XXI - TicoVisión
Fracciones Legislativas presentan nuevo proyecto que establece las condiciones para garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales durante las huelgas. La iniciativa incorpora las mejoras...
PAC, FA Y PUSC Acuerdan garantías
procesales laborales para el Siglo XXI
San José, 9 de septiembre de 2014.- El Partido Acción Ciudadana (PAC), el Frente Amplio (FA) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) suscribieron un proyecto de ley (Expediente N° XXX) que da vida a la Ley de Reforma Procesal Laboral (decreto Legislativo N° 9076).
La nueva iniciativa especifica el concepto de servicios públicos esenciales, el cual incluye a todos aquellos cuya paralización arriesgue la vida, la salud y la seguridad pública. El texto destaca, por ejemplo, el trabajo de los cuerpos policiales, los trabajadores que sean indispensables para mantener los suministros de agua y electricidad, servicios telefónicos, comunicación de atención de emergencias, control de tráfico aéreo, atención en clínicas u hospitales y transporte de pacientes por diversas vías.
De igual manera, serán servicios públicos esenciales aquellos estratégicos como el transporte, la carga y descarga en muelles y atracaderos, cuando se trate de bienes de los cuales dependa, directamente, la vida o la salud de las personas.
La nueva iniciativa especifica el concepto de servicios públicos esenciales, el cual incluye a todos aquellos cuya paralización arriesgue la vida, la salud y la seguridad pública. El texto destaca, por ejemplo, el trabajo de los cuerpos policiales, los trabajadores que sean indispensables para mantener los suministros de agua y electricidad, servicios telefónicos, comunicación de atención de emergencias, control de tráfico aéreo, atención en clínicas u hospitales y transporte de pacientes por diversas vías.
De igual manera, serán servicios públicos esenciales aquellos estratégicos como el transporte, la carga y descarga en muelles y atracaderos, cuando se trate de bienes de los cuales dependa, directamente, la vida o la salud de las personas.
Para declarar una huelga en servicios públicos esenciales y estratégicos, la nueva Reforma exige, entre otras disposiciones, que se garantice la continuidad de dichos servicios mediante la presentación de un “plan de servicios mínimos”, el cual de no ser de aceptación de las partes del conflicto podrá ser llevado por la parte patronal ante un juez de la República, quien determinará si el plan cumple con la garantía de la continuidad de los servicios públicos esenciales entre otros requisitos de ley.
Al entrar en vigencia la nueva ley, se modifican los procedimientos en los litigios laborales, destacando entre otros, el paso del sistema escrito a la oralidad, la reducción de plazos en los juicios, las cuales son algunas de las mejoras que se introducen al sistema de administración de justicia laboral, lo que redundará en mayor justicia y seguridad jurídica para todos los trabajadores de Costa Rica.
Fundamental resulta entre los avances para una mayor justicia social en nuestro país la incorporación del acceso al beneficio a una justicia gratuita para quienes no tengan recursos económicos eliminándose así un obstáculo real a la defensa de los derechos laborales, entre los que tiene especial cobijo los derechos de los menores y de las madres.
El jefe de fracción del FA, Gerardo Vargas Varela, señaló que los acuerdos permiten la viabilidad de la Reforma Procesal Laboral contenida en el Decreto Legislativo 9076, así como la intención de que este proyecto de reforma se tramite en los próximos meses con prioridad.
“Este acuerdo rescata el derecho a huelga en Costa Rica, una deuda pendiente desde hace muchos años. Al mismo tiempo, reasegura un procedimiento para que no se vean afectados los servicios esenciales, que tampoco estuvieron en peligro en la versión original, pero aquí lo reafirmamos. Es un gran avance para recuperar el Estado Social, pues garantiza el acceso a una justicia pronta y cumplida para las personas trabajadoras. Una vez más, demostramos que es posible llegar a acuerdos y legislar en favor de los derechos y el bienestar de las grandes mayorías. De esta forma, Costa Rica puede retomar la senda del desarrollo económico con justicia social”, explicó Vargas Varela.
El jefe de fracción del PUSC, Rafael Ortiz Fábrega, señaló que la aprobación de este proyecto es la reforma más importante en materia laboral desde el año 1943.
“Durante mucho tiempo, el Código de Trabajo no ha sufrido reformas de trascendencia. Mediante este acuerdo demostramos que mediante el diálogo y la concertación es posible avanzar en los grandes temas nacionales. La evolución de la economía y el desarrollo del país en los últimos 70 años hacen necesario crear nuevas garantías laborales, ajustadas a las realidades de la sociedad del Siglo XXI, para beneficio de todos los trabajadores costarricenses. Las iniciativas legislativas que promueva el PUSC siempre estarán orientadas a la consecución del bien común, promoviendo el crecimiento económico en un entorno de solidaridad y justicia social”, señaló el Jefe de los socialcristianos, Rafael Ortiz Fábrega.
La jefa de fracción del PAC, Emilia Molina Cruz, realizó un llamado a generar consensos nacionales sobre esta Reforma que dará seguridad jurídica y laboral a los trabajadores y a los usuarios de los servicios.
“Nuestra legislación tiene grandes atrasos en materia de procedimientos laborales. Por eso, no podíamos perder el esfuerzo de 10 años de diálogo entre patronos, trabajadores, Corte Suprema de Justicia, OIT y Gobierno El avance económico y social de nuestro país depende de esta clase de acuerdos históricos. En el PAC, esperamos que en los próximos años, este sea un ejemplo que sirva de guía para todos los sectores sociales y agrupaciones políticas de nuestro país”, indicó Molina Cruz.
Al entrar en vigencia la nueva ley, se modifican los procedimientos en los litigios laborales, destacando entre otros, el paso del sistema escrito a la oralidad, la reducción de plazos en los juicios, las cuales son algunas de las mejoras que se introducen al sistema de administración de justicia laboral, lo que redundará en mayor justicia y seguridad jurídica para todos los trabajadores de Costa Rica.
Fundamental resulta entre los avances para una mayor justicia social en nuestro país la incorporación del acceso al beneficio a una justicia gratuita para quienes no tengan recursos económicos eliminándose así un obstáculo real a la defensa de los derechos laborales, entre los que tiene especial cobijo los derechos de los menores y de las madres.
El jefe de fracción del FA, Gerardo Vargas Varela, señaló que los acuerdos permiten la viabilidad de la Reforma Procesal Laboral contenida en el Decreto Legislativo 9076, así como la intención de que este proyecto de reforma se tramite en los próximos meses con prioridad.
“Este acuerdo rescata el derecho a huelga en Costa Rica, una deuda pendiente desde hace muchos años. Al mismo tiempo, reasegura un procedimiento para que no se vean afectados los servicios esenciales, que tampoco estuvieron en peligro en la versión original, pero aquí lo reafirmamos. Es un gran avance para recuperar el Estado Social, pues garantiza el acceso a una justicia pronta y cumplida para las personas trabajadoras. Una vez más, demostramos que es posible llegar a acuerdos y legislar en favor de los derechos y el bienestar de las grandes mayorías. De esta forma, Costa Rica puede retomar la senda del desarrollo económico con justicia social”, explicó Vargas Varela.
El jefe de fracción del PUSC, Rafael Ortiz Fábrega, señaló que la aprobación de este proyecto es la reforma más importante en materia laboral desde el año 1943.
“Durante mucho tiempo, el Código de Trabajo no ha sufrido reformas de trascendencia. Mediante este acuerdo demostramos que mediante el diálogo y la concertación es posible avanzar en los grandes temas nacionales. La evolución de la economía y el desarrollo del país en los últimos 70 años hacen necesario crear nuevas garantías laborales, ajustadas a las realidades de la sociedad del Siglo XXI, para beneficio de todos los trabajadores costarricenses. Las iniciativas legislativas que promueva el PUSC siempre estarán orientadas a la consecución del bien común, promoviendo el crecimiento económico en un entorno de solidaridad y justicia social”, señaló el Jefe de los socialcristianos, Rafael Ortiz Fábrega.
La jefa de fracción del PAC, Emilia Molina Cruz, realizó un llamado a generar consensos nacionales sobre esta Reforma que dará seguridad jurídica y laboral a los trabajadores y a los usuarios de los servicios.
“Nuestra legislación tiene grandes atrasos en materia de procedimientos laborales. Por eso, no podíamos perder el esfuerzo de 10 años de diálogo entre patronos, trabajadores, Corte Suprema de Justicia, OIT y Gobierno El avance económico y social de nuestro país depende de esta clase de acuerdos históricos. En el PAC, esperamos que en los próximos años, este sea un ejemplo que sirva de guía para todos los sectores sociales y agrupaciones políticas de nuestro país”, indicó Molina Cruz.
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