Que Europa y la historia nos sirvan de lección: Costa Rica - TicoVisión
¿Para qué sirve la actual crisis europea? Una respuesta es que hace inevitable la privatización de las actividades públicas, con grandes ganancias para los privados, como demuestran los casos de España, Grecia...
Por Salvatore Coppola Finegan *
¿Para qué sirve la actual crisis europea? Una respuesta es que hace inevitable la privatización de las actividades públicas, con grandes ganancias para los privados, como demuestran los casos de España, Grecia, Portugal e inclusive el Reino Unido.
Europa está envuelta en un espiral sin salida, resultado de fórmulas políticas contraproducentes, mientras que la crisis hace su lento inexorable trabajo. Las familias, cuando pueden, ahorran y contraen el consumo. Las empresas no invierten. Los bancos buscan como limitar los daños y reducen el crédito. Una crisis de deuda externa (principalmente privada) fue vendida como una crisis de deuda pública y la inversión pública fue bloqueada en perfecta sincronización con un tratado político continental que impuso crudamente la “regla de oro” presupuestaria sin distinguir si se trataban de gasto público para la inversión (Desarrollo Social y Económico) o de gasto público corriente.
Era bien sabido que una política de represión de gasto público, en presencia de un exceso de deuda privada y tazas de interés ya bajas (en sus mínimos históricos), solamente podía tener efectos letales. El colapso de la demanda interna ha llegado inclusive a las economías más sólidas de la zona euro, que también han entrado en escenarios de recesión. Asumiendo la imposibilidad de una locura colectiva de toda la clase dirigente europea, surge la pregunta: ¿Cui prodest?
Europa está envuelta en un espiral sin salida, resultado de fórmulas políticas contraproducentes, mientras que la crisis hace su lento inexorable trabajo. Las familias, cuando pueden, ahorran y contraen el consumo. Las empresas no invierten. Los bancos buscan como limitar los daños y reducen el crédito. Una crisis de deuda externa (principalmente privada) fue vendida como una crisis de deuda pública y la inversión pública fue bloqueada en perfecta sincronización con un tratado político continental que impuso crudamente la “regla de oro” presupuestaria sin distinguir si se trataban de gasto público para la inversión (Desarrollo Social y Económico) o de gasto público corriente.
Era bien sabido que una política de represión de gasto público, en presencia de un exceso de deuda privada y tazas de interés ya bajas (en sus mínimos históricos), solamente podía tener efectos letales. El colapso de la demanda interna ha llegado inclusive a las economías más sólidas de la zona euro, que también han entrado en escenarios de recesión. Asumiendo la imposibilidad de una locura colectiva de toda la clase dirigente europea, surge la pregunta: ¿Cui prodest?
No es casualidad que las fórmulas para salir de la crisis se concentraron en un punto: la enajenación de bienes públicos para reducir la deuda. Por supuesto, la sensación de encontrarse en un callejón sin salida para las finanzas públicas, con la opción obligatoria de privatizar – incluyendo el modelo de contrato de concesión privada con condiciones favorables a los empresarios, cuyo fin es nada más ni menos que la privatización por puerta trasera – entidades, bienes y servicios públicos, es la escena clásica de una película ya vieja en muchas partes del mundo, inclusive y paradójicamente en la misma comunidad europea.
No se llegó por accidente, de lo contrario, fue uno de los objetivos no tan ocultos de la larga estrategia de desgaste del sector público, la llamada “starve the beast”. La bestia siendo el Estado, enemigo ideológico que debemos de hacer morir de hambre, restándole continuamente los recursos necesarios para su funcionamiento. La calidad de los servicios que presta al ciudadano disminuye, el ciudadano lo nota y empieza a preguntarse si de verdad vale la pena mantener con sus impuestos un servicio público cada vez más de menor calidad. Llegan los salvadores de la patria, quienes compran, o reciben en concesión, la entidad o servicio público a un precio conveniente o bajo condiciones favorables y extraen enormes ganancias. Cuando va bien, el nuevo dueño del servicio lo entrega de una manera más selectiva y a mayor costo para el ciudadano. Cuando va mal, escinde la mejor parte de la peor, socializa los costos entre la colectividad, aprovecha de los activos de valor y luego huye.
Un ejemplo concreto es el caso de privatización del ferrocarril británico. El sistema actual recibe cerca de £4.000.000.000 (≈ $6.500.000.000USD) en subsidios estatales, alrededor de cuatro veces más el gasto público que invertía en términos reales el gobierno británico por medio de la difunta empresa estatal British Rail: debido principalmente al problema de fragmentación del servicio a raíz de la privatización. Irónicamente, reducir el nivel de gasto público en los ferrocarriles fue el objetivo principal de la desnacionalización. Ejemplos como este, a lo largo y ancho del continente, añadido al escepticismo y creciente malestar de la población ensombrecen el camino hacia la recuperación económica en todos los países cuyos gobiernos han venido aplicando medidas de austeridad.
La experiencia de las “reformas” del Europa Central y Oriental inmediatamente después de la caída del comunismo nos enseña que las privatizaciones realizadas por necesidad de dinero en efectivo se traducen en una venta rápida para el beneficio de unos pocos individuos, que los primeros servicios en ser privatizados son los que mejor funcionan – las joyas de la abuela – y que todo esto contribuye a un notable aumento de desigualdad.
En nuestro continente latinoamericano existen experiencias similares en las cuales bienes y servicios públicos se cedieron bajo condiciones favorables al comprador. No es casualidad que Carlos Slim Helú, entre los dos hombres más ricos del mundo[ii], deba su riqueza a las privatizaciones salvajes de los años ‘80 a ‘90 en México, desde la minería a las telecomunicaciones. En Chile, Argentina y Perú bien conocemos los casos similares de los “holdings” y empresarios con nexos cercanos a los respectivos jefes de estado. En nuestro país la población ha frenado con bastante éxito, las intenciones privatizadores de industrias y recursos estratégicos de presidentes y gobiernos que han creído que dicha fórmula es la mejor para financiar la deuda externa. En Costa Rica ha habido campañas presidenciales con diferentes resultados para entregar el Instituto Nacional de Seguros, la Fábrica Nacional de Licores, la carretera nacional Ruta 27, Puerto Caldera, aeropuertos, ferrocarriles, el Instituto Costarricense de Electricidad y hasta una de las más importantes reservas ecológicas de nuestro hemisferio: los Parques Nacionales de todos los costarricenses. En este momento nos enfrentamos a otra campaña presidencial que transciende dos gobiernos distintos, la concesión del puerto de Moín en la provincia de Limón que de paso representa la concesión más cara de la historia del país[iii].
Volviendo al viejo continente: en el 2012 Portugal privatizó los aeropuertos, la aerolínea nacional, la televisión (ex) pública, las loterías del estado y los astilleros. En España las privatizaciones “exprés” tienen en la mira a los puertos, los aeropuertos, la más moderna red de trenes de alta velocidad de toda Europa, la salud, los recursos hídricos, las loterías del estado y algunos centros de interés turístico. La troika europea instó al gobierno griego acelerar el proceso de privatización de bienes y servicios proporcionados por el Estado, como condición para seguir recibiendo ayudas (dinero en efectivo) de la comunidad europea. En Italia el banquero de Goldman Sachs Mario Monti, tecnócrata nombrado[iv] sin proceso de elección popular como primer ministro tras la dimisión forzada de Silvio Berlusconi ante la asfixia de la economía nacional propiciada por los mercados financieros internacionales; decretó durante du administración la insostenibilidad financiera del sistema de salud, explicando la necesidad de “nuevos modelos de financiamiento”[v]y que “el crecimiento solo se puede construir en finanzas públicas sanas” invitando a “continuar las operaciones de la valorización del patrimonio público”. El actual gobierno de centro-izquierda del primer ministro Matteo Renzi, tampoco elegido mediante voto popular, enfrenta titulares de “demasiado Estado” inclusive en la agenda dejada por Monti.
La teoría económica y la experiencia del pasado nos enseñan que la privatización de empresas públicas si por un lado reduce el déficit en el muy corto plazo, por el otro lado existe un riesgo notablemente elevado de que el déficit aumente en mediano y largo plazo. No es simplemente cuestión de que la gestión privada sea más eficiente de la administración pública, la ganancia en eficiencia debe también absorber el lucro que el empresario privado necesariamente busca. Si el vendedor, en este caso el Estado, está urgido o se encuentra bajo presión para deshacerse del bien o servicio, el comprador – en este caso empresario(s) privado(s) – cuenta con una clarísima ventaja en las negociaciones, que le permite lograr condiciones más favorables. Si las condiciones de la privatización son más favorables para el privado, las mismas serán simétricamente más desfavorables para el público: los ciudadanos.
Estudios recientes han demostrado como los ciudadanos de países que han experimentado privatizaciones rápidas y masivas en los años ’80 y ’90 estén profundamente disgustados con los resultados. Curiosamente (o no), entre más rápida la desnacionalización, mayor proporción de servicios públicos entregados (agua y luz en particular) y más alto el nivel de desigualdad creado en el país: más críticas las opiniones ex–post. Ha faltado hacer distinción entre efectos de un tiro y efectos dinámicos, de política económica. Seguir creyendo que recuperar eficiencia a nivel microeconómico se traducirá siempre, infaliblemente en una ganancia en eficiencia sistemática deriva de una concepción neoclásica de la función económica en que el impacto macro es la suma de los impactos micro: una concepción ya obsoleta, inclusive entre premios nobel de la economía. En siguientes artículos espero desarrollar más a fondo este aspecto y otros más.
Es indispensable que en Costa Rica se discuta el tema de la privatización abierto y críticamente, por el bien del Estado solidario que ha logrado educar y cuidar integralmente a su pueblo, manteniendo este valiosísimo oasis de paz que hoy disfrutamos todos los costarricenses.
* Salvatore Coppola Finegan: Historiador y Lingüista M.A.(Hons) - Foro de Guanacaste - www.salvatorecoppolafinegan.blogspot.com
No se llegó por accidente, de lo contrario, fue uno de los objetivos no tan ocultos de la larga estrategia de desgaste del sector público, la llamada “starve the beast”. La bestia siendo el Estado, enemigo ideológico que debemos de hacer morir de hambre, restándole continuamente los recursos necesarios para su funcionamiento. La calidad de los servicios que presta al ciudadano disminuye, el ciudadano lo nota y empieza a preguntarse si de verdad vale la pena mantener con sus impuestos un servicio público cada vez más de menor calidad. Llegan los salvadores de la patria, quienes compran, o reciben en concesión, la entidad o servicio público a un precio conveniente o bajo condiciones favorables y extraen enormes ganancias. Cuando va bien, el nuevo dueño del servicio lo entrega de una manera más selectiva y a mayor costo para el ciudadano. Cuando va mal, escinde la mejor parte de la peor, socializa los costos entre la colectividad, aprovecha de los activos de valor y luego huye.
Un ejemplo concreto es el caso de privatización del ferrocarril británico. El sistema actual recibe cerca de £4.000.000.000 (≈ $6.500.000.000USD) en subsidios estatales, alrededor de cuatro veces más el gasto público que invertía en términos reales el gobierno británico por medio de la difunta empresa estatal British Rail: debido principalmente al problema de fragmentación del servicio a raíz de la privatización. Irónicamente, reducir el nivel de gasto público en los ferrocarriles fue el objetivo principal de la desnacionalización. Ejemplos como este, a lo largo y ancho del continente, añadido al escepticismo y creciente malestar de la población ensombrecen el camino hacia la recuperación económica en todos los países cuyos gobiernos han venido aplicando medidas de austeridad.
La experiencia de las “reformas” del Europa Central y Oriental inmediatamente después de la caída del comunismo nos enseña que las privatizaciones realizadas por necesidad de dinero en efectivo se traducen en una venta rápida para el beneficio de unos pocos individuos, que los primeros servicios en ser privatizados son los que mejor funcionan – las joyas de la abuela – y que todo esto contribuye a un notable aumento de desigualdad.
En nuestro continente latinoamericano existen experiencias similares en las cuales bienes y servicios públicos se cedieron bajo condiciones favorables al comprador. No es casualidad que Carlos Slim Helú, entre los dos hombres más ricos del mundo[ii], deba su riqueza a las privatizaciones salvajes de los años ‘80 a ‘90 en México, desde la minería a las telecomunicaciones. En Chile, Argentina y Perú bien conocemos los casos similares de los “holdings” y empresarios con nexos cercanos a los respectivos jefes de estado. En nuestro país la población ha frenado con bastante éxito, las intenciones privatizadores de industrias y recursos estratégicos de presidentes y gobiernos que han creído que dicha fórmula es la mejor para financiar la deuda externa. En Costa Rica ha habido campañas presidenciales con diferentes resultados para entregar el Instituto Nacional de Seguros, la Fábrica Nacional de Licores, la carretera nacional Ruta 27, Puerto Caldera, aeropuertos, ferrocarriles, el Instituto Costarricense de Electricidad y hasta una de las más importantes reservas ecológicas de nuestro hemisferio: los Parques Nacionales de todos los costarricenses. En este momento nos enfrentamos a otra campaña presidencial que transciende dos gobiernos distintos, la concesión del puerto de Moín en la provincia de Limón que de paso representa la concesión más cara de la historia del país[iii].
Volviendo al viejo continente: en el 2012 Portugal privatizó los aeropuertos, la aerolínea nacional, la televisión (ex) pública, las loterías del estado y los astilleros. En España las privatizaciones “exprés” tienen en la mira a los puertos, los aeropuertos, la más moderna red de trenes de alta velocidad de toda Europa, la salud, los recursos hídricos, las loterías del estado y algunos centros de interés turístico. La troika europea instó al gobierno griego acelerar el proceso de privatización de bienes y servicios proporcionados por el Estado, como condición para seguir recibiendo ayudas (dinero en efectivo) de la comunidad europea. En Italia el banquero de Goldman Sachs Mario Monti, tecnócrata nombrado[iv] sin proceso de elección popular como primer ministro tras la dimisión forzada de Silvio Berlusconi ante la asfixia de la economía nacional propiciada por los mercados financieros internacionales; decretó durante du administración la insostenibilidad financiera del sistema de salud, explicando la necesidad de “nuevos modelos de financiamiento”[v]y que “el crecimiento solo se puede construir en finanzas públicas sanas” invitando a “continuar las operaciones de la valorización del patrimonio público”. El actual gobierno de centro-izquierda del primer ministro Matteo Renzi, tampoco elegido mediante voto popular, enfrenta titulares de “demasiado Estado” inclusive en la agenda dejada por Monti.
La teoría económica y la experiencia del pasado nos enseñan que la privatización de empresas públicas si por un lado reduce el déficit en el muy corto plazo, por el otro lado existe un riesgo notablemente elevado de que el déficit aumente en mediano y largo plazo. No es simplemente cuestión de que la gestión privada sea más eficiente de la administración pública, la ganancia en eficiencia debe también absorber el lucro que el empresario privado necesariamente busca. Si el vendedor, en este caso el Estado, está urgido o se encuentra bajo presión para deshacerse del bien o servicio, el comprador – en este caso empresario(s) privado(s) – cuenta con una clarísima ventaja en las negociaciones, que le permite lograr condiciones más favorables. Si las condiciones de la privatización son más favorables para el privado, las mismas serán simétricamente más desfavorables para el público: los ciudadanos.
Estudios recientes han demostrado como los ciudadanos de países que han experimentado privatizaciones rápidas y masivas en los años ’80 y ’90 estén profundamente disgustados con los resultados. Curiosamente (o no), entre más rápida la desnacionalización, mayor proporción de servicios públicos entregados (agua y luz en particular) y más alto el nivel de desigualdad creado en el país: más críticas las opiniones ex–post. Ha faltado hacer distinción entre efectos de un tiro y efectos dinámicos, de política económica. Seguir creyendo que recuperar eficiencia a nivel microeconómico se traducirá siempre, infaliblemente en una ganancia en eficiencia sistemática deriva de una concepción neoclásica de la función económica en que el impacto macro es la suma de los impactos micro: una concepción ya obsoleta, inclusive entre premios nobel de la economía. En siguientes artículos espero desarrollar más a fondo este aspecto y otros más.
Es indispensable que en Costa Rica se discuta el tema de la privatización abierto y críticamente, por el bien del Estado solidario que ha logrado educar y cuidar integralmente a su pueblo, manteniendo este valiosísimo oasis de paz que hoy disfrutamos todos los costarricenses.
* Salvatore Coppola Finegan: Historiador y Lingüista M.A.(Hons) - Foro de Guanacaste - www.salvatorecoppolafinegan.blogspot.com
Los Comentarios son responsabilidad de los que lo publican, por lo tanto no nos haremos responsables de su contenido.