El 30 de diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó el proyecto de resolución que fijaba un plazo de tres años para la creación del Estado palestino en el territorio ocupado por Israel.

El documento no recibió el apoyo necesario de nueve de los 15 miembros del Consejo. Entre los que votaron en contra está Estados Unidos, que además goza del derecho de veto en el organismo.

Antecedente del proceso

Cuando Palestina presentó una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para poner fecha de término a la ocupación israelí, muchos se preguntaron sobre su sentido, dado que se sabía que la votación se perdería. Estaba claro que Washington movilizaría a sus diplomáticos en contra de la medida y que, como de costumbre, se extremarían los esfuerzos para garantizar que la impunidad israelí se mantuviese. Pero esta vez, algo ha cambiado.

Se llevó a cabo la votación en Naciones Unidas. Estados Unidos y el conservador gobierno australiano utilizaron todas sus armas para impedir que el Consejo de Seguridad aprobase una resolución que reafirma la posición de toda la comunidad internacional, incluyendo a Washington. A ellos se sumaron las notablemente vergonzosas abstenciones de Gran Bretaña (su embajador argumentó que “no tuvo suficiente tiempo” para leer una resolución que se había empezado a trabajar a fines de septiembre) y de Nigeria, que había comprometido su voto a Palestina pero que a última hora cambió. Con independencia de los ocho votos a favor, el Consejo de Seguridad negaba justicia a Palestina rechazando una resolución que llamaba a la puesta en marcha con un calendario claro (con la fecha tope de noviembre de 2017) de resoluciones que se han venido aprobando desde 1967. Para la historia quedará que esa resolución no contradecía en una coma la posición oficial de Estados Unidos, de la Unión Europea o de ningún otro miembro de la comunidad internacional.

Este el punto de partida utilizado por el presidente Mahmud Abbas un día después, el 31 de diciembre, para enviar un mensaje claro: "Las cosas han cambiado. Si no quieren asumir su responsabilidad, nosotros asumiremos la nuestra". Acto seguido firmaba las cartas para que el Estado de Palestina se uniese a 18 tratados internacionales, incluido el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Es lo que el secretario de Estado estadounidense John Kerry ha llamado la “bomba atómica” palestina.

Para todos los que conocen la situación sobre el terreno, saben que el presidente Abbas hizo todo lo posible por dilatar al máximo este paso. Pero también es cierto, como me consta de reuniones donde participé, que el presidente fue muy claro desde el pasado septiembre: "Este es el momento de la verdad. Si la resolución no se aprueba, entonces vamos a ir a la CPI". Nadie puede hacerse ahora el sorprendido. Y es que, si a alguien hay que darle las gracias por que este paso se haya dado, es a Estados Unidos, Australia, Canadá y a todos quienes desplegaron sus esfuerzos diplomáticos para garantizar la impunidad israelí.

Se presenta un panorama completamente distinto para Palestina. Se espera que en marzo ya sea un miembro pleno de la CPI, y no son pocos los que tienen preparados casos por los cuales tendrán que responder oficiales israelíes. Si bien la reacción norteamericana, canadiense e israelí ha sido como si Palestina hubiese decidido unirse a Al Qaeda, lo cierto es que acudimos a un tribunal donde los oficiales y dirigentes israelíes tendrán todas las garantías de poder defenderse frente a los cargos que se les podrían imputar. Mi recomendación para quienes quieran asumir la defensa es que se lean los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma, donde se definen los crímenes de lesa humanidad y de guerra. El velo de impunidad israelí se empieza a descubrir.

No obstante, es probable que nos enfrentemos a un escenario de posibles sanciones por parte de Estados Unidos y de Israel. La ocupación israelí y las colonias continúan expandiéndose día a día, mientras el cerco sobre Gaza se mantiene. Washington critica la medida de Palestina sin siquiera señalar que ha fracasado miserablemente a la hora de proteger al pueblo palestino. Es más, mientras las bombas caían sobre Gaza, las armas norteamericanas continuaban llegando a Tel Aviv. La declaración de que este paso dado por Palestina es "provocador" refleja en cuerpo y alma a quien la afirma: en este mundo pedir justicia es un derecho de todas las personas, salvo de la población palestina.

Por su parte, en Israel este nuevo escenario ha de cambiar la forma de pensar de muchos de sus defensores. Eslóganes clásicos como el de que “Israel es la única democracia de Oriente Medio” se verán amenazados por la actitud que tenga Tel Aviv frente a la CPI. Israel deberá empezar a acostumbrarse a ser tratado como un igual, no como un sujeto por encima de la ley. Cuando el primer ministro de la potencia ocupante conoció la firma del Tratado de Roma por parte del presidente del país ocupado, dijo lo siguiente: “Nuestro ejército es el más moral del mundo”. Muy bien por el que lo crea así. Pero esta vez, esa afirmación diseñada por la propaganda sionista (Hasbara) probablemente tendrá que demostrarse ante un tribunal imparcial. Uno de esos a los que la “única democracia” no está muy acostumbrada.

¿Qué pasará con quienes legítimamente aspiran a ver a Israel como un país ejemplo para el resto del mundo cuando entiendan de que lo que allí se hace por razones de "seguridad" en el resto del mundo es considerado un crimen de guerra? ¿Qué sucederá cuando entiendan que los crímenes no son "hechos aislados", sino practicas sistemáticas de violación de derechos humanos? ¿Qué pasará con los colonos de Gilo o Giv’at Ze’ev, a quienes su gobierno les dijo que vivían en "vecindarios de Jerusalén", cuando empiecen a presentarse casos ante la CPI en contra del crimen de guerra que significa la colonización de un territorio ocupado?

Hoy la comunidad internacional -y particularmente Europa- tiene una prueba de fuego. ¿Ha de asumir su responsabilidad? Hasta el momento quienes han actuado en favor de la impunidad israelí entregan argumentos a los que equivocadamente promueven la vía armada para liberar a Palestina. Los responsables han de decir al pueblo palestino que un horizonte político se ha abierto: uno donde antes de cometer un crimen se sabe que se paga un precio por ello. Algo a lo que Israel, por primera vez en sus 66 años de historia, tendrá que acostumbrarse, a pesar de todas las fórmulas que en conjunto con sus socios busque para evitar la acción de la justicia.

Muy bien por Palestina y muy bien por todos los que creen en la paz y la justicia. Hoy podremos mirar de frente a los beduinos de Jabal el Baba, a quienes Israel pretende expulsar, a las familias de Cremisan que Israel quiere separar de sus tierras, a las familias de Jerusalén Este que se enfrentan a la lucha diaria contra su desplazamiento forzado y, en suma, a todos los que no han podido encontrar justicia bajo el marco de impunidad que cínicamente la comunidad internacional ha diseñado para Israel. No es que Palestina vaya a ser liberada en la CPI, pero sí que se trata de un paso de gigante hacia el fin de la impunidad israelí, el principal obstáculo para lograr la paz.

El día después de la firma del Tratado de Roma fui detenido por un oficial israelí en la carretera de salida de Ramallah. En el interrogatorio de rigor me preguntó si llevaba armas. Sonreí, como siempre que me hacen esa pregunta, y le respondí: “No, no las necesito. Nosotros vamos a los tribunales”. Gran manera de empezar el 2015.