¿Nos moriremos de sed?: Canal en Nicaragua - TicoVisión
Un proyecto de tal envergadura, como es la construcción de un canal interoceánico, requiere de muchos estudios previos de investigación, factibilidad, impactos ecológicos y medioambientales, repercusiones socioeconómicas...
Por Silvio Avilez Gallo *
Nicaragua, al igual que el resto del mundo, está experimentando los efectos del cambio climático, como resultado de la conducta irracional de los seres humanos, que se empeñan en destruir las reservas forestales, las fuentes de agua potable y contaminar la atmósfera. En consecuencia, la temperatura del globo terráqueo y de los océanos ha venido en constante ascenso, lo que ha provocado el progresivo y acelerado deshielo de los casquetes polares, la alteración de la vida terrestre y la extinción de algunas especies marinas.
Todo esto se traduce en el avance alarmante de la frontera agrícola, la disminución de los recursos hídricos y la desertificación de grandes extensiones de territorio, con la consiguiente reducción de las zonas cultivables, los hatos ganaderos, la producción de alimentos y la aparición de nuevas plagas. El panorama no es nada alentador.
Según un reciente informe de las Naciones Unidas, divulgado por medios noticiosos, para el año 2030 habrá sequía y se experimentará una aguda escasez de agua potable en el mundo, de la que sólo se salvarán 9 países, entre ellos Nicaragua. Vale decir, que no obstante el despiadado despale de nuestros bosques y la acelerada contaminación de nuestros océanos, lagos, lagunas y ríos, Nicaragua figura entre los poquísimos países privilegiados.
Todo esto se traduce en el avance alarmante de la frontera agrícola, la disminución de los recursos hídricos y la desertificación de grandes extensiones de territorio, con la consiguiente reducción de las zonas cultivables, los hatos ganaderos, la producción de alimentos y la aparición de nuevas plagas. El panorama no es nada alentador.
Según un reciente informe de las Naciones Unidas, divulgado por medios noticiosos, para el año 2030 habrá sequía y se experimentará una aguda escasez de agua potable en el mundo, de la que sólo se salvarán 9 países, entre ellos Nicaragua. Vale decir, que no obstante el despiadado despale de nuestros bosques y la acelerada contaminación de nuestros océanos, lagos, lagunas y ríos, Nicaragua figura entre los poquísimos países privilegiados.
¿Debemos sentirnos felices de pertenecer a este exclusivo club? Por supuesto, pero más bien deberíamos preocuparnos por garantizar —aunque sea un poco tarde— nuestra supervivencia futura mediante la aplicación de políticas ecológicas y medioambientales coherentes.
Pero la realidad es totalmente distinta. El poder ejecutivo y la Asamblea Nacional no sólo han hecho caso omiso de esta advertencia, sino que violentando abiertamente la Constitución, la legislación, la soberanía, los procedimientos legales y los intereses legítimos de la ciudadanía, han comprometido, mediante la aprobación de la oprobiosa ley 840, el futuro de Nicaragua y de los nicaragüenses.
Un proyecto de tal envergadura, como es la construcción de un canal interoceánico, requiere de muchos estudios previos de investigación, factibilidad, impactos ecológicos y medioambientales, repercusiones socioeconómicas y de otra índole. Hasta el momento, nadie conoce de tales informes. Además, una vez concluidos los estudios, el proyecto, de acuerdo a la legislación vigente, debería haber sido sometido a licitación pública y adjudicada al mejor postor, es decir, a quien hubiera presentado la mejor oferta, garantizara su ejecución y no comprometiera la soberanía nacional ni los recursos e intereses de la población.
En el caso que nos ocupa, no se cumplió con ninguno de estos requisitos. La Asamblea Nacional, que se supone es la emanación de la voluntad popular, aprobó en un santiamén la ley 840, la que debió haber sido sometida, antes de su sanción legislativa, a amplias consultas con los diversos estamentos de la opinión pública, utilizando de preferencia algunos de los mecanismos previstos en la legislación nacional, es decir un plebiscito o un referendo. Todo se hizo con el mayor sigilo y en una carrera contra reloj.
Obviando todos los requisitos legales, el proyecto fue adjudicado al desconocido Grupo HKND, representado por el igualmente desconocido inversionista chino Wang Jing, en condiciones leoninas para Nicaragua: costo de US$ 50 mil millones, un plazo de 50 años, renovable indefinidamente por igual período a voluntad del inversionista, sin avales de ningún tipo. El país debió comprometer, como garantía de cumplimiento, las reservas del Banco Central de Nicaragua y renunciar a todo reclamo al inversionista, quien podrá disponer de todas las tierras por donde pase la ruta elegida, sin que los perjudicados tengan derecho a reclamo o indemnización. El “generoso” Wang Jing se comprometió a entregar al gobierno nicaragüense la suma de US$10 millones anualmente, comenzando diez años después de finalizada la obra…
Si el Tratado Chamorro-Bryan de 1914 nos valió el vilipendiado cognomento de “vendepatria” ¿cómo nos tildará la comunidad internacional ante este nuevo acto de entreguismo?
Estamos renunciando a nuestra soberanía, a nuestros recursos, a nuestra supervivencia y a la de nuestros descendientes por un plato de lentejas. Estamos comprometiendo nuestro Lago Cocibolca, principal recurso hídrico de Mesoamérica, y con ello nos estamos condenando a morir de sed a corto plazo.
El juicio de la historia jamás nos absolverá por este crimen de lesa humanidad.
* El autor es diplomático, fue embajador de Nicaragua en chile.
Pero la realidad es totalmente distinta. El poder ejecutivo y la Asamblea Nacional no sólo han hecho caso omiso de esta advertencia, sino que violentando abiertamente la Constitución, la legislación, la soberanía, los procedimientos legales y los intereses legítimos de la ciudadanía, han comprometido, mediante la aprobación de la oprobiosa ley 840, el futuro de Nicaragua y de los nicaragüenses.
Un proyecto de tal envergadura, como es la construcción de un canal interoceánico, requiere de muchos estudios previos de investigación, factibilidad, impactos ecológicos y medioambientales, repercusiones socioeconómicas y de otra índole. Hasta el momento, nadie conoce de tales informes. Además, una vez concluidos los estudios, el proyecto, de acuerdo a la legislación vigente, debería haber sido sometido a licitación pública y adjudicada al mejor postor, es decir, a quien hubiera presentado la mejor oferta, garantizara su ejecución y no comprometiera la soberanía nacional ni los recursos e intereses de la población.
En el caso que nos ocupa, no se cumplió con ninguno de estos requisitos. La Asamblea Nacional, que se supone es la emanación de la voluntad popular, aprobó en un santiamén la ley 840, la que debió haber sido sometida, antes de su sanción legislativa, a amplias consultas con los diversos estamentos de la opinión pública, utilizando de preferencia algunos de los mecanismos previstos en la legislación nacional, es decir un plebiscito o un referendo. Todo se hizo con el mayor sigilo y en una carrera contra reloj.
Obviando todos los requisitos legales, el proyecto fue adjudicado al desconocido Grupo HKND, representado por el igualmente desconocido inversionista chino Wang Jing, en condiciones leoninas para Nicaragua: costo de US$ 50 mil millones, un plazo de 50 años, renovable indefinidamente por igual período a voluntad del inversionista, sin avales de ningún tipo. El país debió comprometer, como garantía de cumplimiento, las reservas del Banco Central de Nicaragua y renunciar a todo reclamo al inversionista, quien podrá disponer de todas las tierras por donde pase la ruta elegida, sin que los perjudicados tengan derecho a reclamo o indemnización. El “generoso” Wang Jing se comprometió a entregar al gobierno nicaragüense la suma de US$10 millones anualmente, comenzando diez años después de finalizada la obra…
Si el Tratado Chamorro-Bryan de 1914 nos valió el vilipendiado cognomento de “vendepatria” ¿cómo nos tildará la comunidad internacional ante este nuevo acto de entreguismo?
Estamos renunciando a nuestra soberanía, a nuestros recursos, a nuestra supervivencia y a la de nuestros descendientes por un plato de lentejas. Estamos comprometiendo nuestro Lago Cocibolca, principal recurso hídrico de Mesoamérica, y con ello nos estamos condenando a morir de sed a corto plazo.
El juicio de la historia jamás nos absolverá por este crimen de lesa humanidad.
* El autor es diplomático, fue embajador de Nicaragua en chile.
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