Redacción.- Acercándonos a los 100 días de ésta Administración, es necesario expresar la gran preocupación que muchos costarricenses tenemos, no por el rumbo sino por el “no rumbo” que caracterizan esta primera centena de días y que tradicionalmente se ha usado para hacer una primera evaluación a un gobierno.

Creo no equivocarme al decir que la principal característica que hoy notamos es un completo divorcio entre los dos principales poderes de la República, el Ejecutivo y el Legislativo a pesar de que con el nombrado pacto LiLi, tienen mayoría en la Asamblea para aprobar lo que quieran. Y es que ese divorcio del que hablo se refleja claramente en que no hay una línea clara y convergente de acción entre casa presidencial y la fracción oficial, prácticamente en ningún asunto desde el inicio.

No dudamos de que nuestra presidenta haya tenido (y aún las tenga) muy buenas intensiones con éste país, como creo que las tienen todos los que llegan a aspirar a estos puestos, pero de la intensión a la acción hay un enorme trecho y es ahí justamente donde se siente un enorme vacío.

Una democracia supone ser un sistema de gobierno donde los gobernantes son depositarios del verdadero poder y que reside en el pueblo, es decir que una vez en el poder no debe hacer oídos sordos a la voluntad de las mayorías, puesto que ese acto se podría calificar de traición a quienes le confirieron el honor de nombrarles presidente y vice-presidentes de la República.

Hay dos temas de gran trascendencia y dónde la mayoría del pueblo ha marcado su clara posición de rechazo : “la minería a cielo abierto” y “la presencia de militares”, temas en los que la posición del gobierno son contrarias a la voluntad de las mayorías y que pueden cambiar drásticamente lo que ésta Nación ha sido hasta ahora, analizándolo desde muchos ángulos.

Hay muchos temas, el agua, la reparación de la carretera Bernardo Soto, la carretera a Caldera, el déficit fiscal, el presupuesto a las universidades etc., pero uno que nos ha dejado atónitos y que debe ser condenado por todos, fue el menosprecio y la brutalidad con el que se desalojó a un grupo de “ciudadanos indígenas” que se apostaron en un edificio público a pedir algo por lo que han esperado más de 500 años y que en los últimos 17 les han ofrecido.

Se debe tener claro que son nuestros indígenas los verdaderos costarricenses, los dueños de ésta tierra y que a ellos lejos de discriminarlos, deberíamos todos de tenerlos en la mayor de las estimas y consideraciones, y no tendrían ellos que rogar por nada puesto que por legitimidad debieran desde hace mucho tener garantizados todos sus derechos en éste país. Muy por encima de casi cualquier otro tema, quienes nacimos y/o vivimos en ésta patria, debemos alzar la voz para repudiar ese acto ejecutado por la policía ( fuerzas especiales paramilitares ) pero ordenado por nuestros gobernantes.