Redacción.- El magistrado de la Sala Primera Oscar González Camacho, pidió a los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios realizar varios cambios al proyecto 17677 Ley para el cumplimiento del estándar de transparencia fiscal, para asegurar su efectividad.

El especialista en materia tributaria solicitó a los legisladores se aclaren en el proyecto si la información que se va requerir en casos de investigación es de toda la administración tributaria o sólo la que maneja el Ministerio de Hacienda.

Según preciso en la redacción que tiene en este momento el proyecto no se define a quienes se les solicitará información cuando se realice una investigación sobre materia tributaria.

La iniciativa busca ajustar el secreto bancario para que esté acorde con los estándares internacionales de manera que los entes financieros puedan proporcionar información bancaria sin que exista necesariamente la orden de un juez, facilitando investigaciones para ubicar recursos de dudosa procedencia.

Con la aprobación del proyecto se pretende eliminar las debilidades que hay en la legislación costarricense para detectar capitales que podrían estar asociados a actividades ilícitas.

El Magistrado puso en duda la efectividad de incorporar la figura de un juez competente en el proceso pues aseguró podría resultar innecesaria, porque la  Constitución Política le da esa facultad a la administración tributaria y a la Contraloría General de la República.

“Yo no estoy seguro que la creación de esta figura vaya a agilizar la tramitación de la información que se requiere, porque sería poco eficiente y dinámico el proceso” destacó el especialista.

El problema es que la redacción actual del proyecto establece la posibilidad de la apelación en caso de que se dé una negación, lo cual alarga el proceso y se establece un mini procedimiento explicó.

En  caso de que se decida mantener la creación de la figura, González Camacho pidió a los legisladores precisar cual juez deberá resolver, para evitar conflictos de competencia.

Además recomendó que la competencia del juez sea fiscalizar por el fondo el requerimiento efectuado, evitando que sea tramitador o definidor del conflicto de fondo.